Los procesos informales de invasión de terrenos y autoconstrucción de vi-
viendas, han generado grandes sectores de la ciudad que extienden de manera
irregular la trama urbana sin importar el desbalance entre la satisfacción de las
necesidades básicas y la falta de saneamiento. Es indiscutible el rol que tiene el
Estado y los gobiernos de turno, quienes tuvieron que decidir entre reubicarlos
o generar instituciones y leyes para legitimar la apropiación de estos sectores
de la ciudad. El artículo analiza los cambios de posturas del estado peruano
en tres gobiernos consecutivos: Manuel Odría, Manuel Prado y Fernando Be-
launde. Esta revisión muestra cómo se ha pasado de un escenario de dualidad
en los modos de urbanizar, la aparición de distintos escenarios geográcos que
comenzaron a poblarse y al establecimiento de leyes que recompensaron la au-
toconstrucción.
Palabras clave: autoconstrucción; problema de la vivienda; vivienda del es-
tado.
The informal processes of land invasion and self-construction of housing
have generated large sectors of the city that irregularly extend the urban grid
regardless of the imbalance between the satisfaction of basic needs and the
lack of sanitation. It is undisputed the role of the State and the governments
PAIDEIA XXI
Vol. 6, Nº 7, Lima, enero 2018, pp. 219-241
Resumen
Abstract
PAPEL DEL ESTADO FRENTE A LA
AUTOCONSTRUCCIÓN EN EL PERÚ, 1950-1968
ROLE OF TH STATE FACING SELF-CONSTRUCTION
IN PERU 1950-1968
Acevedo Alejandra / Schreier Christopher/ Seinfeld Cynthia
Acevedo Alejandra / Schreier Christopher / Seinfeld Cynthia
220
PAIDEIA XXI
Introducción
Desde los años 50 se estableció
una relación más estrecha entre los
gobiernos de turno y la autocons-
trucción. Como podremos apreciar,
se convirtió en la posibilidad de vi-
vienda para la población migrante,
con resultados directamente relacio-
nados a las gestiones gubernamen-
tales comprendidas en el período de
estudio. En este contexto, podemos
apreciar la relación entre las barria-
das y programas diversos, con la au-
toconstrucción como medio promo-
vido por algunas autoridades para
lograr una vivienda barata con cre-
cimiento paulatino, de acuerdo a las
posibilidades de la población y sus-
tentada en los hábitos cooperativos
de los migrantes andinos.
Sin embargo, los hechos reejan
que los gobiernos tomaron acciones
diversas, no solo con el n de posi-
bilitar viviendas, sino que optaron
por prácticas que de una u otra ma-
nera les permitiría respaldo y legiti-
midad política. Frente a esta situa-
ción, cabe reexionar sobre el papel
que desempeñó el Estado frente a la
autoconstrucción, ya que se ha po-
dido observar, por un lado, diversos
programas, como Lotes y Servicios o
las UPIS, entre otros, desarrollados
para resolver de manera organizada
el problema de la vivienda a través de
módulos básicos con posibilidad de
crecimiento, pero también barriadas,
gestadas a través de la autocons-
trucción con carencias importantes
y resultados decitarios, dejando
a la iniciativa familiar el desarrollo
de sus viviendas en procesos lentos
y costosos y con ausencia de apoyo
técnico por parte del Estado.
La evolución de la ciudad, a par-
tir de los años 50, muestra que estos
procesos no han sido una solución
necesariamente aceptable. Cabe pre-
guntarse: Si se dieron condiciones y
leyes de avanzada relacionadas con
diversos programas, con las barria-
das y la autoconstrucción, entonces
¿cuán ecientemente fueron imple-
mentadas? A través de este estudio,
queremos establecer la relación de
los diferentes gobiernos con los pro-
cesos de autoconstrucción, pues ser-
virá de reexión para el abordaje de
temas tan sensibles como la genera-
ción del hábitat y el rol que deben
desempeñar los actores diversos.
in power, who had to decide between relocating them or generating institutions
and laws to legitimize the appropriation of these sectors of the city. The article
analyzes the changes of positions of the Peruvian state in three consecutive
governments: Manuel Odría, Manuel Prado and Fernando Belaunde. This review
shows how we have gone from a scenario of duality in the modes of urbanization,
the appearance of different geographical scenarios that began to be populated
and the enactment of laws that rewarded self-construction.
Key words: self-construction; housing problem; state housing.
Papel del Estado frente a la autoconstrucción en el Perú 1950-1968
221
PAIDEIA XXI
1. Gobierno de Manuel Odría
(1948-1956)
1.1. Introducción del período
Desde la década de 1940 el Perú
atravesó un problema central que
desequilibró las relaciones sociales
y de organización del país, pasando
del problema de las diferencias entre
lo urbano y lo rural, al interior de las
ciudades, producto de las migraciones
(Martuccelli, 2000, p.121). Las migra-
ciones trajeron para las ciudades un
incremento del 12% de la población
urbana entre 1940 y 1961 (de 35.4%
a 47.4%), lo cual ha sido considera-
do por José Matos Mar como un “hito
importante, pues a partir de este año
–1940– la tasa de crecimiento se torna
sostenida” (Matos Mar, 2012, p.57).
Esta década de cambios signicó
para la ciudad de Lima el inicio de un
crecimiento exponencial, demográco
y territorial, con la formación de tugu-
rios en el centro de la ciudad, las inva-
siones1 de terrenos y la formación de
las barriadas tradicionales2. En 1940,
la ciudad de Lima tenía 23 distritos
(15 en el casco urbano y 8 en la peri-
feria rural), con una población de 650
000 hab.
Para 1961, ya contaba con 30 dis-
tritos, de los cuales 4 eran balnearios
alejados de la ciudad y 3 se originaron
por subdivisión (Driant, 1991, p.31).
Se da pues el crecimiento de los dis-
tritos de Magdalena, Lince, San Isidro,
La Victoria y Surco, como también la
integración del Callao, los balnearios
de Miraores, Barranco y Chorrillos
que quedaron integrados a la ciudad
(Martuccelli, 2000, p. 121). En este
mismo período surgen las primeras
barriadas3, producto de invasiones
de terrenos privados y que, por su re-
presión, decidieron organizarse e in-
vadir las laderas de los cerros. Es así
como aparecen San Cosme (1946) y El
Agustino (1947) –en relación al Merca-
do Mayorista de La Parada inaugura-
do en 1945–, y San Martín de Porres
(1949), evidenciando el impacto de las
migraciones en Lima, el problema del
agenciamiento de vivienda social y la
formación de barrios populares.
A partir de la segunda mitad de
los años 40 las barriadas cono-
cen dos ubicaciones preferen-
ciales: los cerros que bordean el
centro de la ciudad al noreste y
las márgenes del Rímac al este.
Es claro que en esta elección dos
variables han sido determinan-
tes: el bajo valor de los terrenos
y la proximidad a zonas de acti-
vidad (Driant, 1991, p.48).
A la par con San Cosme –nes de
1945–, el Estado ya había publicado el
Plan de Vivienda del Gobierno Perua-
no producido por la Comisión de la Vi-
vienda del Ministerio de Fomento, en el
que promueve el desarrollo del primer
proyecto de las siete unidades vecina-
les en el terreno adjudicado a la Uni-
dad Vecinal Nº3 (Kahatt, 2015: 234).
Además, por estos años se establecen
la Corporación Nacional de Vivienda,
se promulga la Ley de Propiedad Ho-
rizontal del Suelo (1947), y se aprue-
ba el Plan Piloto de Lima (1948). En
este período también la empresa pri-
Acevedo Alejandra / Schreier Christopher / Seinfeld Cynthia
222
PAIDEIA XXI
vada promueve vivienda popular con
el caso de El Porvenir, una propuesta
de sobre densicación del suelo y que
muchos autores, retomando términos
del PLANDEMET, lo han considerado
como un tugurio por origen (Driant,
1991, p.50). Es pues, una época en
donde se desarrollan de forma para-
lela dos modos de urbanizar: la pro-
puesta por parte del Estado, el cual
produce vivienda social, planicada y
conectada a la ciudad; y otra, que ha
sido desarrollada por los sectores más
pobres de la sociedad, en procesos
aparentemente espontáneos, pero que
guardan un nivel de organización que
les permite hacerse de tierras y auto-
construir sus primeras viviendas.
Si por “espontáneo” entendemos
lo que no es planicado, esta-
mos ignorando también el largo
proceso de toma de decisiones
que llevan a cabo los vecinos
de los asentamientos populares
antes de dar un paso en bene-
cio de su barrio (…) por todo
ello, lo único de espontáneo del
surgimiento y desarrollo de mu-
chas barriadas es el momento
en que los pobres deciden for-
mar su asentamiento (…) simi-
lar a la del momento en que los
ricos deciden hacer una urba-
nización. En verdad, tanto los
ricos como los pobres deciden
la urbanización de una determi-
nada porción de la ciudad en el
momento en que lo necesitan y
se sienten con el tiempo y los re-
cursos necesarios para hacerlo
(Riofrío, 1991, ps.29-30).
1.2. Autoconstrucción: Estado, ins-
tituciones y leyes
Al inicio de la década de 1950, las
barriadas al interior de la ciudad ya
ocupan ambas márgenes del río Rí-
mac, dando forma a Fray Martin de
Porres, Pedregal, Zarumilla, Cantaga-
llo, Mirones, Reynoso, Carmen de la
Legua (Matos Mar, 1978, p.15). Para
1954, la población urbana de Lima
se estimaba en 1 300 000 hab., de
los cuales el 8.7% vivían en barriadas
(Driant, 1991, p.50).
Esto signicó que en 14 años la
población urbana de la ciudad se du-
plicaba y un crecimiento signicativo
se encontraba en las barriadas. De
esta manera, el período de gobierno de
Odría se encuentra inscrito dentro de
la periodicación que Driant denomi-
na “la auencia migratoria y el auge
de las barriadas”. Lima por estos años
soportó una nueva forma de creci-
miento urbano, muy distinto a las ló-
gicas de las barriadas tradicionales y
que desarrollaba nuevas sinergias con
el Estado en su organización y plani-
cación, muestra de una actitud dema-
gógica e interés por evitar errores del
pasado.
Esta nueva etapa se inicia simbóli-
camente en diciembre de 1954 con la
invasión, pacíca y sin represión poli-
cial, de 5,000 personas del arenal del
desierto de San Juan, dándole exis-
tencia a Ciudad de Dios. Este nuevo
destino al sur de Lima se encontraba
fuera del perímetro urbanizado y le-
jos de cualquier actividad económica.
Ciudad de Dios abre un nuevo eje de
Papel del Estado frente a la autoconstrucción en el Perú 1950-1968
223
PAIDEIA XXI
crecimiento y es el primer paso para la
urbanización de los arenales (Driant,
1991, p.50). Durante tres años y me-
dio los invasores de Ciudad de Dios
levantaron sus viviendas mediante
la autoconstrucción4 y organización
barrial. A los pocos meses de la inva-
sión aparecía un asentamiento donde
destacaban las esteras, otorgando un
impacto visual en contraste con el are-
nal. “Aunque sus moradores hubieran
podido utilizar adobe o ladrillo no lo
hicieron por la inseguridad de la ocu-
pación y porque les parecía preferible
mantener tal situación para impre-
sionar favorablemente la atención del
Gobierno” (Matos Mar, 2012, p.128).
En efecto, el gobierno de Odría, a tra-
vés de la Corporación Nacional de la
Vivienda, que se encontraba bajo la
dirección de Manuel Valega, Santiago
Agurto y Javier Cayo, con el respaldo
del Fondo Nacional de Bienestar So-
cial, deciden apoyar a Ciudad de Dios,
siendo en 1958 cuando “el Estado ra-
tica la elección de los pobladores de
Ciudad de Dios, proponiéndoles la
compra, en condiciones ventajosas, de
un programa de núcleos básicos, bajo
la modalidad de alquiler-venta, en un
terreno equipado a algunas decenas de
metros del lugar” (Driant, 1991, p.50).
Esta estrategia política del gobierno de
Odría es la que da inicio al Cono Sur y
presenta la posibilidad de desarrollar
barrios populares de manera asistida.
Es a través de la CNV que se imple-
menta el programa de “Lotes y Servi-
cios5” al constatar que las invasiones
eran una solución viable para generar
nuevas urbanizaciones.
La invasión de los arenales tiene
también un factor positivo con respec-
to al trazado urbano de estos nuevos
barrios y que se vuelve en una cons-
tante en la formación de barriadas
desde este período. A diferencia de las
barriadas tradicionales, que se auto-
construían en fuertes pendientes, de
difícil acceso y con terrenos inesta-
bles, “las barriadas de los años 1955-
1970 se caracterizan casi siempre por
su trazado regular y una cierta jerar-
quización del espacio” (Driant, 1991,
p.54). Este trazado favorable es sin
duda, el aporte de una intervención
estatal en la planicación con visión
de futuro y proyección hacia la densi-
cación de dichas zonas.
A
mediados de la década del cin-
cuenta y como muestra de la preo-
cupación de la época sobre el fenó-
meno de las barriadas, el Gabinete
de Investigaciones del Departamento
de Antropología de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos, li-
derado por José Matos Mar, deciden
realizar en 1956 el primer Censo Ge-
neral de las Barriadas de Lima, Are-
quipa y Chimbote, por encargo de la
Comisión para la Reforma Agraria y
la Vivienda. Fue sin lugar a dudas la
primera revisión del estado actual de
los barrios populares que se habían
formado a través de la autoconstruc-
ción y que llegaban en algunos casos
a consolidar viviendas reconstruidas
con procesos constructivos conven-
cionales, o bien, que habían comen-
zado con intervención del Estado y
crecieron en el tiempo. Los resulta-
dos del censo arrojaron 56 barriadas
Acevedo Alejandra / Schreier Christopher / Seinfeld Cynthia
224
PAIDEIA XXI
organizadas en cuatro áreas de la
ciudad: 21 en ambas márgenes del
río Rímac, 19 en las faldas de los ce-
rros (San Cristóbal y cerros aislados),
11 en zonas urbanas y 5 en bordes
desérticos de la ciudad (Matos Mar,
2012, ps.123-134).
De estos cuatro grupos, las ba-
rriadas ocupadas en las márgenes
del río son l
as más importantes por
extensión y cantidad de habitantes.
Resalta Mirones que “representa in-
dudablemente el más estructurado
y estable. Casi puede decirse que es
una moderna urbanización popular,
pequeña pero bien concebida, cuyo
desarrollo ha sido fruto exclusivo del
esfuerzo solidario de sus pobladores”
(Matos Mar, 1978, p.28). En la mis-
ma margen del río, pero contrastan-
do con Mirones, se ubica 27 de Octu-
bre. Formado con el apoyo de Odría,
aprovecha la mínima pendiente para
tener lotes regulares y los cables de
alta tensión que les provee de elec-
tricidad, permitiendo desde el inicio
un posicionamiento planicado. En
el segundo grupo, los que están ubi-
cados en las faldas de los cerros, re-
salta la dualidad de la intervención
del Estado entre San Cosme y las
barriadas que se formaron en los ce-
rros, desde Arrastre Alto hasta Caja
de Agua. En la primera, una invasión
violenta que dene el patrón inicial
de barriada sin intervención del Es-
tado. En la segunda, su consolida-
ción se vio favorecida por el gobierno
de Odría (Matos Mar, 1978, ps.28-
29). En el tercer grupo, las barriadas
en zonas urbanas, su ubicación se
debe a que estuvieron ubicadas en la
periferia de Lima entre 1928 y 1940,
por lo que se encuentran dispersas y
en zonas de alto valor. El cuarto gru-
po, las barriadas ubicadas en el bor-
de desértico, destaca Ciudad de Dios
“por representar un insólito ensayo
que abre nuevos caminos y perspec-
tivas a la expansión de las barriadas.
Puede convertirse en el primer grupo
de un centro satélite de la Gran Lima
(…). Su surgimiento consolidó a la
barriada como patrón de estableci-
miento urbano” (Matos Mar, 1978,
p.30).
Es decir, mientras Leticia,
Pu
erto Nuevo y Mendocita re-
presentan en la década del 30
la fase inicial, San Cosme en
1946 logra consolidar el mode-
lo, y en 1955 Ciudad de Dios
le otorga una signicación na-
cional. La década del 50 marca
en denitiva la consolidación de
la barriada como fenómeno de
gran envergadura que afectará
el desarrollo futuro de todas las
ciudades peruanas (Matos Mar,
1978, p. 35).
Todos estos procesos de invasiones
se desarrollaron a la par de la expe-
riencia que EEUU estableció en Puerto
Rico a través del programa de “Auto
ayuda Asistida6” para lotes y servicios
mínimos (Bromley, 2003). A partir de
esta experiencia, Odría separó zonas
del territorio de manera de procurar
invasiones organizadas; sin embargo,
para ese entonces no se contaba con
normas legales que posibilitaran tal
apoyo a las barriadas.
Papel del Estado frente a la autoconstrucción en el Perú 1950-1968
225
PAIDEIA XXI
El fenómeno barrial se expandió ya
no solo en ambas márgenes del río Rí-
mac y en los cerros cercanos al centro,
tal como lo hicieron El Agustino y San
Cosme, sino que también se ubicó en
la “periferia desértica del sur y norte
de Lima” (Ludeña, 2012, p.7), sin las
condiciones mínimas de habitabilidad.
El país atravesó así la agudización del
proceso de desigualdad social, debi-
do que las invasiones de los arenales
implicaba una desconexión vial con la
ciudad, que solo fue resuelta con el
paso de los años.
El proceso de producción de las ba-
rriadas, de vivienda popular generada
por el Estado y los procesos de auto-
construcción, no son necesariamente
independientes. Las barriadas se for-
man en muchos casos a expensas del
Estado, producto de la necesidad de
vivienda y gracias a procesos de au-
toconstrucción, pero que con esto no
disponen de la garantía de un proceso
de densicación adecuado, ni un pla-
neamiento que permita su crecimien-
to ordenado. Hay incluso puntos de
encuentro en donde el Estado genera
vivienda formal o resuelve la tenencia
del lote y deja que los habitantes mo-
diquen las viviendas, pero otorgando
lineamientos que eviten la autocons-
trucción pura.
2. Gobierno de Manuel Prado y
Ugarteche (1956-1962)
2.1. Introducción del Período
Para nes de la década del 50 y en
la déca
da siguiente, la economía del
país pasó por una desaceleración. Se
devaluó la moneda y cayeron los cré-
ditos hipotecarios debido a los altos
costos del suelo urbano (Calderón,
1990, p.31). Lima pasó de 650,000
habitantes en 1940, a 3,500,000
para principios de los 1970 (Matos
Mar, 2012, p.57), lo que conllevó a
un cambio en la estructura socio-ur-
bana, suscitando transformaciones
en la ciudad y la vivienda. Por ello,
se incrementó las invasiones en la
periferia, debido, además, a la inca-
pacidad del Estado para procurar vi-
vienda construida para la población
sobre todo inmigrante.
La visión liberal de Prado se ree-
jó en su postura sobre la inversión
privada que debía de apuntalar el
desarrollo de la vivienda construida
pero con el apoyo técnico del Esta-
do. Sin embargo, tomando en cuenta
los informes de la CRAV de 1958, se
desprendió que estos benecios no
llegarían a esta población. Por ello,
se desarrolló una visión positivista
de la autoconstrucción y el desarro-
llo de leyes y programas, procuran-
do, además, réditos clientelistas.
Estas políticas estuvieron desti-
nadas a la mejora y desarrollo de los
barrios marginales. Sin embargo “...
todos los esfuerzo de forma directa o
indirecta, estuvieron dirigidos a mi-
nimizar el rol secundario del gobier-
no en la construcción de la vivienda”
(Kahatt, 2015, p.179). Así, la solu-
ción radicó en la comunión entre la
inversión privada y la autoconstruc-
ción, mientras el gobierno apo
yaba al
mercado, reglamentándolo.
Acevedo Alejandra / Schreier Christopher / Seinfeld Cynthia
226
PAIDEIA XXI
2.2. Autoconstrucción: Estado, Ins-
tituciones y Leyes.
Dada las circunstancias expuestas,
Pedro Beltrán, ministro de Prado, creó
la CRAV (decreto supremo N 1) con el
n de “proponer solución al problema
de la vivienda y de la tenencia de la
tierra” (Matos Mar, 2012, p.133). Esta
consideró que la autoconstrucción
“fuera la vía para resolver los proble-
mas de vivienda, considerando que las
familias pobres debían ser responsa-
bles de su construcción en una suerte
de trabajo comunitario de acuerdo al
tiempo y recursos propios, es decir,
‘Ayudar a Ayudarse´” (Calderón, 1990,
p.35), considerando el Ayni y la Minka
como base para la colaboración recí-
proca. El gobierno “encontró que la
auto ayuda encajaba con su idea de
que la gente y el mercado encontraran
las soluciones y el Estado las facili-
tara” (CRAV, 1958; Calderón, 2005),
citado en (Calderón, 2014, ps.20-21).
Beltrán propuso así un programa de
ayuda mutua, consistente en coordi-
nar el trabajo de grupos de quince a
veinte familias para construir sus ca-
sas, contado con la ayuda del Estado
para guiar esfuerzos (Collier, 1978,
p.88).
Para 1958, la CRAV emitió un in-
forme en el que dio cuenta de la ne-
cesidad de “construir más de 700,000
nuevas viviendas (a nivel nacional) y
reparar más de un millón…algo poco
probable en las condiciones económi-
cas del país…” (Kahatt, 2015, p.176).
El arquitecto Córdova presentó su in-
forme: “La vivienda en el Perú”, dando
cuenta que el problema de vivienda ra-
dicaba en la pobreza de su población.
Lo expresó así:
Contrariamente a lo que se
sostiene, el problema de la vi-
vienda, con ser uno de los más
graves en el país, no es, sin em-
bargo, el problema número uno:
las malas condiciones de la ha-
bitación… así como las pésimas
condiciones de alimentación,
no son sino consecuencia de su
bajo nivel económico… y por lo
tanto, de su verdadero problema
número uno: la pobreza (Calde-
rón, 1990, p.21).
Es por ello que decidió “sugerir que
la autoconstrucción y los programas
de saneamientos y mejoras de los ba-
rrios marginales serían la mejor solu-
ción al problema de la vivienda” (Ka-
hatt, 2015, p.178). La CRAV determi-
nó que:
…la práctica de construir su
propia vivienda y los arraigados
hábitos cooperativos de gran
parte de la población pueden ser
debidamente orientados para
fomentar una voluntad decidi-
da para proveerse a sí misma de
vivienda,… puede mejorar apre-
ciablemente bajo un programa
de asistencia técnica (CRAV,
1958, p.60).
En paralelo, Matos Mar, en su estu-
dio de las barriadas de Lima en 1957,
propició un cambio en la percepción
que se tenía de ellas, sobre todo des-
de su papel social. Tras los estudios
presentados por la CRAV, se consignó
la necesidad de trabajar con el esfuer-
Papel del Estado frente a la autoconstrucción en el Perú 1950-1968
227
PAIDEIA XXI
zo propio, el desarrollo de servicios en
programas diversos y el apoyo técnico
y titulación (Calderón, 1990). Mien-
tras tanto, a partir de 1957, Turner
desde su visión positivista respaldó
las barriadas y la autoconstrucción,
inuyendo en la posición de la CRAV
y la CNV. Los fundamentos de su pro-
puesta se basaron en la libertad para
construir en un esfuerzo colectivo
(Calderón, 1990, p.39).
Entre 1956 y 1960 se desarrollaron
76 barriadas, un promedio de 19 por
año. Del total, 53 de ellas se ubicaron
en terrenos eriazos del Estado a tra-
vés de invasiones y ocupación gradual
(Calderón, 2005, p.94), esto debido a
las iniciativas legislativas promovidas
por la Comisión que permitieron tomar
estas tierras del Estado para mediar
con la especulación de tierras urbanas
que, para 1957, se estimaban en 15$
versus 0.35$ de las agrícolas (Calde-
rón, 2005, p.114). Para 1958, Lima
se expandió sobre todo hacia el Nor-
te, siendo una de las más importantes
barriadas “La Libertad”, en el sector
de Comas, en un terreno de 200 hec-
táreas. Esta surgió de la reubicación
autoritaria por parte del Estado de un
grupo de pobladores que habían inva-
dido un terreno, en un proceso tedioso
tras la resolución suprema 74 del Mi-
nisterio de Salud y Bienestar Social,
creando una urbanización popular
para ello. Un grupo de pobladores se
juntó para formar la Asociación Urba-
nizadora con el apoyo de la ocina de
Asistencia Técnica del Fondo Nacional
de Salud y Bienestar Social. Se re-
dactaron estatutos, señalando que la
Asociación se conformaría por familias
sin vivienda propia que ocuparían te-
rrenos del Estado (Matos Mar, 2012,
p.149).
Una vez logrado el reconocimien-
to legal, la asociación buscó el traza-
do y la adjudicación de lotes, proceso
que se dilató por meses, mientras la
autoconstrucción de sus viviendas se
desarrolló lentamente, al contar con
algunos préstamos de la CNV pero con
poca llegada debido al grado de pobre-
za. Además, la mitad de la población
decidió retirarse de la barriada, dado
su lejanía con las zonas de trabajo. Po-
demos apreciar así, que se incentivó a
la población a ocupar terrenos del Es-
tado para el desarrollo de la barriada
y se brindó relativo apoyo monetario
a una población de muy bajos recur-
sos, que utilizó su tiempo de descanso
para la autoconstrucción en procesos
dilatados. Para Sánchez León y Calde-
rón: este tipo de “soluciones” trajeron
consigo un conjunto de problemas:
Multiplica las condiciones de
inhabitabilidad e inestabilidad.
(…) El aspecto más importante
de la autoconstrucción sin em-
bargo, se encuentra en la ma-
nera en que la fuerza de trabajo
urbana se reproduce en el país,
ya que el poblador es al mismo
tiempo quien produce y consu-
me la vivienda. El poblador lleva
a cabo la construcción en base
a la inversión de un tiempo de
trabajo personal, resultante de
la extensión de su jornada de
trabajo más allá de la necesaria
para la obtención de los medios
Acevedo Alejandra / Schreier Christopher / Seinfeld Cynthia
228
PAIDEIA XXI
de subsistencia. Utiliza mate-
riales de construcción desvalo-
rizados que el valorizará con su
trabajo o pequeñas cantidad de
materiales producidos comer-
cialmente que adquiere gracias
a una parte de sus ingreso de
subsistencia. (Sánchez León &
Calderón, 1990, p.82).
También se formaron al norte otras
barriadas, como Independencia, Clo-
rinda Málaga de Prado, El Progreso, de
Carabayllo, y Tahuantinsuyo, mientras
que al Sur, se formó Juan Carlos Ma-
riátegui, siendo el inicio de la exten-
sión explosiva de los límites de la ciu-
dad, que para 1960 alcanzaba ya 157
barriadas. En estudios posteriores, se
hizo evidente que las construcciones de
las viviendas en las barriadas habían
avanzado poco debido a los ingresos re-
ducidos de los habitantes para hacerse
de los materiales de construcción y la
dicultad para ingresar al crédito for-
mal. Por ello, en muchos casos, el esta-
do de estas se mantuvo como provisio-
nal. La autoconstrucción se desarrolló
así, entre la población de menores in-
gresos y de origen sobre todo serrano.
(Calderón, 2005, p.217-218).
Mientras tanto, los “Lotes y Ser-
vicios”, y la “Vivienda elemental7”,
fueron propuestas por la CNV como
programas de vivienda mínima con
proyección de crecimiento por etapas,
considerando la necesidad de auto-
construcción y organización comuni-
taria. Los Lotes y Servicios “propor-
cionaron a su población la posibilidad
y oportunidad de disfrutar de una vi-
vienda higiénica para elevar su nivel
de vida y darle acceso a la propiedad”
(CRAV, 1958, ps.162-163). A través de
este programa se procuró una división
organizada de los lotes, con servicios
mínimos de desagüe, agua y electrici-
dad, y consideró la autoconstrucción
como principal activo de la población.
Mientras tanto, la “Vivienda Ele-
mental” se constituyó en el antecesor
de la teoría de lotización y servicios
“Estas se planearon como unidades de
un piso con espacios mínimos de ha-
bitación en lotes de entre 100-150 m2,
que pudieran ser completados por sus
usuarios progresivamente con el apo-
yo técnico del Estado” (Kahatt. 2015,
p.428). Esta experiencia respondió a
la entrega de núcleos básicos, pero
no siempre con la proyección para ser
ampliados por la población debido a la
falta de asistencia técnica del Estado y
a los recursos de los pobladores.
Estos programas, conjuntamente
con la necesidad de previsión de ser-
vicios fueron la base de la Ley 13517
de Barrios Marginales (1961), que na-
ció por la recomendación de la CRAV,
constituyéndose en la primera de su
naturaleza en Latinoamérica. y se
convirtió en:
… la sistematización más cla-
ra de las bases del urbanismo
de emergencia que dominó las
ciudades del Perú por varias
décadas. Basada en el trabajo
comunitario y en la autocons-
trucción, esta ley se convirtió en
la herramienta de planeamiento
urbano que mejor sistematizó
las necesidades de la ciudad…
(Kahatt, 2015, p.436).
Papel del Estado frente a la autoconstrucción en el Perú 1950-1968
229
PAIDEIA XXI
Declaró la necesidad de remodelar,
legislar y sanear los barrios margina-
les ya existentes. Prohibió la creación
de nuevas barriadas posteriores a la
ley, desarrollando las Urbanizaciones
Populares de Interés Social (UPIS) en
terrenos del Estado más baratos, ubi-
cados en la periferia. Se trazaron calles
y se separó lotes para servicios comu-
nitarios, dotando a la población de un
módulo de vivienda que crecería con
la auto-ayuda, respetando los pará-
metros urbanos bajo apoyo de la CNV.
Para cumplir con este programa, así
como con el pago de las expropiacio-
nes, se aumentó el capital de la CNV a
través de la emisión de Bonos de Mejo-
ramiento Urbano para respaldar el 25
% del presupuesto de las obras (Matos
Mar, 2012, p.153). Así, el artículo tres
denió que:
Los pobladores debían solici-
tar los lotes a través de la CNV,
mudarse a ellos y proceder a
agrandar sus casas como lo ha-
rían en cualquier barriada… los
pobladores pagarían el terreno
y los servicios en largos plazos
y recibirían sus títulos deniti-
vos solamente cuando hubieran
terminado sus pagos (Collier,
1978, p. 96).
El artículo 4, reconoció por primera
vez a la barriada como apropiación del
suelo al margen de las disposiciones
legales y carencia de servicios. El artí-
culo 6 exhortó al Estado a apoyar a los
pobladores con materiales y asisten-
cia a través del autodesarrollo de los
barrios. Fue así que se apoyó la au-
toconstrucción y el deseo de terminar
con nuevas barriadas (Driant, 1991,
p.116).
La CNV solo pudo desarrollar las
cuatro primeras UPIS: Pamplona Baja,
en San Juan de Miraores, Condevilla,
Valdivieso y El Agustino. Sin embrago,
al fallar el Estado con su compromiso,
se desarrollaron nuevas invasiones.
Para 1960, Beltrán creó el Institu-
to Nacional de Casas Populares (INVI)
con el objetivo de ensayar nuevas pro-
puestas. Este apoyó la creación de ciu-
dades Satélites, como la de Ventanilla,
que contó con una suerte de núcleos
básicos y lotes tizados. Fueron proyec-
tados con el n de tratar de extender
los límites de la ciudad en ciudades
autosucientes, dotadas de servicios,
empleo y zonas industriales, a seme-
janza de los New Town británicos.
….Beltrán instituyó un Institu-
to nacional de casas populares
(INVI) para desarrollar la prime-
ra ciud
ad satélite basado bajo el
concepto de “vivienda elemental”,
lo que implicaba la idea de la au-
toconstrucción y la estrategia de
lotes y el servicios”. La Ciudad
Satélite de Ventanilla se diseñó
para 80.000 personas en 20.000
unidades de vivienda… a 25 km
al noroeste del centro de Lima.
(...) El proyecto de construcción
era de casas bajas, lotes de te-
rreno con edicios unifamiliares
con estructuras centrales esen-
ciales que dieron a los compra-
dores la oportunidad de expan-
dirse lateralmente o construir
en altura des
pués de un cierto
período... (Kahatt, 2012, p.66).
Acevedo Alejandra / Schreier Christopher / Seinfeld Cynthia
230
PAIDEIA XXI
Sin embargo, Ventanilla tuvo pro-
blemas “en 1968 se habilitaron 1800
lotes y a nes de los años 70 solo ha-
bían 2451. En 1981 fueron censados
17 mil pobladores” (Córdova, 2007,
p.4) de los 100,000 proyectados; esto,
debido a que no fue implementado el
equipamiento necesario, ni tampoco
las zonas industriales y comerciales
que sustentaran trabajo, pues el pro-
yecto quedó truncado y los préstamos
se cayeron.
3. Gobierno de Fernando Belaunde
(1963-1968)
3.1. Introducción del período
Hacia el inicio del gobierno de Be-
launde, la migración del campo a la
ciudad se acentuó en una gran pro-
porción, creando considerables pro-
blemas en temas como el empleo y el
acceso a la vivienda. En este punto,
Lima estaba conformada por más mi-
grantes que nativos. En las zonas ru-
rales del país empezaron a surgir bro-
tes de violencia, al principio aislados,
pero luego más concertados. Empiezan
a presentarse tomas de tierra por par-
te de un campesinado comandado por
Hugo Blanco y el Frente de Izquierda
Revolucionaria. A pesar de la prohibi-
ción de nuevas barriadas establecida
en la Ley 13517, estas seguían proli-
ferando ante un Estado imposibilitado
de actuar. (Meneses, 1998, p.131).
Por otro lado, en el sector formal
la dinámica económica suscitada por
las Mutuales favorecía la creación de
vivienda para la clase media y alta. Lo
que se había originado con la espe-
ranza de atenuar el décit de vivienda
popular servía más al desarrollo de la
ciudad consolidada, acentuando las
diferencias con los sectores popula-
res. Además, una serie de institucio-
nes privadas, nacionales y extranjeras
buscaban atenuar las necesidades so-
ciales a través de programas de ayuda
y acciones de benecencia. “Entre las
múltiples instituciones cuyo ingreso
fue autorizado por el régimen belaun-
dista, se tuvo a Acción Comunitaria,
el Cuerpo de Paz norteamericano, Cá-
ritas, Fe y Alegría, Asociación Cristia-
na de Jóvenes (YMCA), Care, Salva-
tion Army, etc.” (Sánchez & Calderón,
1990, ps.91-92).
Este es el caso de algunas agen-
cias norteamericanas que recibieron
el apoyo del programa “Alianza para el
progreso”, que buscó dar soporte a po-
blaciones vulnerables para evitar pro-
blemas sociales y así frenar el avance
del comunismo internacional, al que
el gobierno estadounidense temía a
causa del éxito de la Revolución Cu-
bana. El gobierno norteamericano co-
laboró en Latinoamérica con proyectos
de cooperación a través de agencias
como la USAID y la PNUD, entre otras.
Uno de los objetivos de estos progra-
mas fue el mejoramiento de los barrios
marginales y las viviendas populares,
lo cual estuvo apuntado como una de
las principales metas sociales a con-
seguir; por otro lado, esta gestión pre-
tendió lograr un cambio con respecto
al soporte nanciero a proyectos de
factura nal, para centrarse en una
diversidad de proyectos de crecimien-
Papel del Estado frente a la autoconstrucción en el Perú 1950-1968
231
PAIDEIA XXI
to paulatino. (Krause, 1963). Así: “…
se asumió que los gobiernos latinoa-
mericanos ayudarían a la adquisición
de tierras, que el futuro propietario
proporcionaría la mano de obra y que
los EEUU daría asistencia técnica y
ayudaría a nanciar el costo de los
materiales” (Kahatt, 2015, p.425).
3.2 Autoconstrucción: Estado, Ins-
tituciones y Leyes
Políticas y legislación
Si bien en el gobierno de Manuel
Prado existió una política en la que se
relegaba la labor de urbanización y ge-
neración de vivienda al sector privado,
mientras que el estado se dedicaba a
facilitar esta actividad mediante nor-
mativas e incentivos económicos, en el
gobierno de Fernando Belaunde Terry
se dio un importante cambio de direc-
ción en cuanto a la política de vivien-
da. “Políticamente, Belaunde discre-
paba con los planteamientos liberales
de Pedro Beltrán, pues (…) era más
bien partidario de la presencia pública
en la edicación de las viviendas” (Cal-
derón, 2005, p.138).
Este cambio se vio reejado en una
serie de decisiones respecto a la conti-
nuidad de diversas iniciativas relacio-
nadas a la ciudad y la vivienda. El Plan
de Vivienda 1961-1972 fue dejado de
lado, así como la Ley 13517, que otor-
gaba legalidad a invasiones y barria-
das existentes y promovía la creación
de las UPIS, la cual fue implementada
de manera lenta y parcial, cumplien-
do únicamente los compromisos asu-
midos en el gobierno anterior. La ley,
además, prohibía la aparición de nue-
vas barriadas, lo cual fue reforzado
por la Ley 14495 (1963), que señalaba
que “habiéndose incrementado la rea-
lización de invasiones sobre terrenos
de propiedad privada y pública, orga-
nizadas y dirigidas en forma colectiva,
debe reprimirse a quienes la organicen
y dirijan en resguardo de la propiedad
y el orden público” (Calderón, 2005
p.168).
Además de las diferencias políticas
que llevaron a no implementar el Plan
de Vivienda, se sumaron razones eco-
nómicas. Su implementación suponía
un costo que ni el Estado ni los po-
bladores podían solventar, tanto en la
creación de nuevas viviendas, la re-
habilitación de otras y la instalación
de servicios de agua, saneamiento y
alumbrado eléctrico. El presupuesto
que se había asignado a la construc-
ción de vivienda, por ejemplo, estaba
muy por debajo de lo necesario.
La construcción estipulada de
800 mil nuevas viviendas, y la
rehabilitación de otras 340 mil
en barriadas y tugurios, hubie-
ra requerido un desembolso de
797 millones de dólares (Harris,
1963). Para la vivienda popu-
lar se requería poco más de 84
millones de dólares, es decir,
8.4 millones de dólares anua-
les, siendo el monto asignado
a la Corporación de Vivienda,
en 1962, era 10 veces menor.
En cuanto al aporte comunal,
el costo por lote en barriada de
la instalación de los servicios
Acevedo Alejandra / Schreier Christopher / Seinfeld Cynthia
232
PAIDEIA XXI
de agua, saneamiento y alum-
brado eléctrico era de US$ 245.
Pero esta cantidad equivalía al
59% del total de ingresos anua-
les promedio que los pobladores
de esas barriadas recibían (US$
412). Si se estima 159 barriadas
con 413 mil habitantes, ello hu-
biera representado una inver-
sión popular del orden de poco
más de 20 millones de dólares,
pero ni el Estado ni los pobla-
dores contaban con estos recur-
sos. (Calderón, 2005, p.139).
El énfasis que puso Belaunde en
el u
rbanismo y la arquitectura como
medios para resolver la situación de
la vivienda, hizo que la intervención
del estado estuviera centrada sobre
todo en la consolidación de la ciu-
dad formal, y en la producción de
vivienda terminada, cuyos costos no
podían ser asumidos por las clases
menos acomodadas. Tal es así que,
por ejemplo, del presupuesto inverti-
do por la Junta Nacional de Vivienda,
alrededor de 2,646 millones de soles,
solo el 9% fue destinado a los secto-
res populares, mientras que el 91%
fue destinado a programas de vivien-
da de clase media. Con una inversión
pública restringida a unos cuantos
Conjuntos Habitacionales, el mer-
cado privado de suelo y la vivienda
continuó liderando la expansión de
la ciudad legal al servicio de la clase
media articulada al sistema mutual.
(Calderón, 2005, ps.138-139).
Para la concreción de los progra-
mas de vivienda, se tuvo el apoyo
de créditos internacionales, como el
caso de los contratos Perú-BID (Ban-
co Interamericano de Desarrollo); sin
embargo, estos “impusieron cláusu-
las en las que exigían ingresos míni-
mos por parte de los adjudicatarios
de las viviendas a través de los cuales
se orientaba la construcción hacia
viviendas para sectores de ingresos
“medios”, que en nuestro país son
minoritarios.” (Riofrío, 1971, p.36).
Por ejemplo, para los adjudicatarios
de las viviendas de Caja de Agua se
estipulaba un ingreso mensual míni-
mo de 100 dólares.
El desentendimiento gubernamen-
tal se pudo apreciar incluso hacia -
nes del gobierno, cuando a las leyes
N° 15094, 15230 y 16584, y luego del
Decreto Supremo N° 066-68-FO del
19 de julio de 1968, transrieron a
las municipalidades distritales la res-
ponsabilidad de otorgar parte de los
títulos de propiedad, sin otorgarles
los recursos nancieros necesarios,
como fue el caso de la Municipalidad
de San Martín de Porres, donde se
otorga gratuitamente todos los terre-
nos de propiedad del Estado dentro
de su jurisdicción. “En los últimos
meses del mandato de Belaunde se
franqueó un paso en lo que sería
una simplicación del proceso de re-
conocimiento legal de los barrios, al
suprimirse el requisito previo de or-
ganización física de la urbanización,
necesario únicamente para la entre-
ga de títulos de propiedad” (Drian
t,
1991, p.84).
Papel del Estado frente a la autoconstrucción en el Perú 1950-1968
233
PAIDEIA XXI
Barriadas y autoconstrucción
Durante el gobierno de Belaunde
se conformaron 70 nuevas barriadas,
pasando de siete en su primer año de
gobierno (1963) a quince en 1968, an-
tes del gobierno militar.
En 1963, a dos meses de iniciado
el gobierno de Belaunde, el 7 de octu-
bre, día de su cumpleaños, se dio una
gran invasión en las faldas del cerro El
Agustino, con apoyo del partido Acción
Popular, que fue violentamente repri-
mida por la policía. (Meneses, 1997).
En el año 1966, además de la im-
plementación de urbanizaciones con
viviendas terminadas, el gobierno pro-
curó crear urbanizaciones populares
como respuesta a las barriadas, erra-
dicar estas últimas para reubicar a
los pobladores en aquellas. Tal es el
caso de la barriada Cantagallo, la cual
se quiso suprimir para trasladar a la
población a Caja de Agua y Chacarilla
de Otero. Sin embargo, hubo muchas
familias que no pudieron solventar la
cuota mensual para acceder a dichas
urbanizaciones.
Por ejemplo, Caja de Agua-Cha-
carilla de Otero, proyectada en
1961, fue ejecutada y ocupada
en 1966 y 1967. Consistió en
2700 núcleos básicos con servi-
cios para lo cual se expropió la
Hacienda Otero y se recurrió a
préstamos del Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID). Esta
UPIS más que albergar a pobla-
ción nueva acogió a los poblado-
res desalojados de la barriada
Cantagallo, cuya ubicación obs-
truía la construcción de la vía
de evitamiento de la ciudad. Sus
habitantes fueron trasladados
masivamente a la UPIS, lleván-
dose incluso las imágenes y las
campanas de su capilla, pero no
todos los beneciados pudieron
cumplir con los requisitos eco-
nómicos exigidos (Poloni, 1987)
unas 103 familias quedaron al
margen y fueron ubicadas en
Collique y Canto Chico hacia
1964, acontecimiento que es
importante pues representa uno
de los pasos del gobierno de Be-
launde por promover solapada-
mente nuevas barriadas.(Calde-
rón, 2005, p. 171).
Otra situación que se dio durante
este periodo fue el hecho de que en
muchos casos, se planicaban urba-
nizaciones populares desarrolladas e
implementadas con los servicios bá-
sicos necesarios, y que sin embargo
fueron entregadas sin éstos servicios.
Como dice Collier:
Otras dos urbanizaciones po-
pulares se formaron al norte de
Lima pero, por falta de fondos,
no se instalaron los servicios;
estas comunidades se parecían
en todo sentido a las barriadas
convencionales en su primera
etapa de desarrollo. En el sur de
Lima, otra área que la JNV pre-
tendía reservar como una zona
para la pequeña industria –que
daría empleo a los pobladores de
las barriadas– terminó siendo
ocupada por nuevas barriadas,
formadas en parte por invasio-
Acevedo Alejandra / Schreier Christopher / Seinfeld Cynthia
234
PAIDEIA XXI
nes y en parte por grupos que la
JNV había trasladado allí para
solucionar los litigios provoca-
dos por la erradicación de los
tugurios del centro de la ciudad.
Tampoco se instalaron servicios
en estas áreas. (Collier, 1978,
ps.100-101).
Tal es el caso de algunas zonas de
Pamplona Alta, donde fueron reubica-
dos pobladores de tugurios de Mirao-
res y Surco, que ocupaban terrenos de
creciente valor comercial (Chacarilla
del Estanque y Monterrico, por ejem-
plo).
Así tenemos el aumento de las ini-
ciativas de vivienda y urbanismos for-
mal en los espacios vacíos cercanos a
zonas urbanas existentes, en zonas
mayoritariamente planas y bien situa-
das con respecto a las vías y a la cre-
ciente conectividad, se daban en me-
dio de un desarrollo inmobiliario que
se iba fortaleciendo e iba aumentando
en costos, dirigido a clases medias y
altas. En consecuencia, las masas po-
pulares que seguían en aumento te-
nían que conformarse con terrenos de
poco valor, con pendientes pronuncia-
das, con suelos de mala calidad y ubi-
cados en zonas cada vez más alejadas
del centro, lo que permitía que se con-
solide el crecimiento de las barriadas
ante un Estado que podía hacer poco
o nada por detenerlas.
La segunda mitad de los años
60 está esencialmente marcada
por el refuerzo continuo de las
barriadas, en los Conos Norte
y Sur, que cubren poco a poco
las explanadas donde se insta-
laron, hasta alcanzar el fondo
de los valles secos para luego
comenzar a conquistar la parte
baja de las pendientes. Poco a
poco, Pamplona Alta, José Car-
los Mariátegui, y Villa María del
Triunfo al sur, Independencia,
Tahuantinsuyo, La Libertad, y
El Carmen al norte, se vuelven
contiguos y se prologan siempre
más lejos del centro. Así nacen
Collique y El Progreso hacia el
norte y Mariano Melgar, Micaela
Bastidas y Nueva Esperanza ha-
cia Sur. Las antiguas divisiones
administrativas perdían su sen-
tido y nuevos distritos nacieron
en el curso de la década: Comas
(1961) e Independencia (1964)
al norte; Villa María del Triunfo
(1961) y San Juan de Miraores
(1965) en el sur. (Driant, 1991,
ps.56-57).
La Junta Nacional de Vivienda, de-
sarrolló acciones de rehabilitación ur-
bana y erradicación de barriadas en
Carabayllo, “Río Rímac”, Caja de Agua
y San Juan; además entre 1963 y
1964 se expidieron títulos provisorios
de propiedad, y se realizaron trabajos
de remodelación. Las acciones de le-
galización se dieron sobre todo en ba-
rriadas internas y antiguas, mientras
que las remodelaciones estuvieron di-
rigidas a las barriadas más alejadas,
como Comas, El Ermitaño, Señor de
los Milagros, Uchumayo y Buenos Ai-
res de Villa” Además, se introdujo con-
ceptos mínimos de Planicación Urba-
na como Trazado de Calles, la reserva
de áreas comunes y de equipamiento
Papel del Estado frente a la autoconstrucción en el Perú 1950-1968
235
PAIDEIA XXI
comunal. (Sánchez & Calderón, 1990,
p.89-91).
Mucho se ha criticado la poca ini-
ciativa del gobierno de Belaunde en la
impulsión del desarrollo de las barria-
das y la autoconstrucción como res-
puesta a las necesidades de vivienda.
A pesar de que para nes de la década
de los años 60 la población en las ba-
rriadas llegaba al 25% del total de la
población de Lima, se entregaron re-
lativamente muy pocos títulos de pro-
piedad; se hicieron un par de Centra-
les Básicas de Cooperación Popular,
las cuales estimulaban la auto-ayuda
y desarrollo comunal en algunas zo-
nas de la ciudad.
Debido a las políticas de vivien-
da de Belaunde, que se alejaban del
modelo de impulsión del desarrollo
de las barriadas y autoconstrucción,
distintos pensadores en el ámbito in-
telectual quisieron generar una pre-
sión para revertir los cambios y con-
tinuar con lo que se tenía avanzado.
Uno de estos pensadores fue John
Turner, quien planteaba que el valor
de la vivienda no se desprende de sus
apariencias físicas sino de la manera
cómo responde a la vida de una per-
sona. Según Turner, debería darse li-
bertad para construir y dejar que los
pobladores participen del diseño de
sus viviendas, así como en la toma de
decisiones respecto del objeto. Todo
esto se da de manera colectiva “Así,
el resultado del esfuerzo colectivo, el
barrio, cimenta las relaciones comuni-
tarias”. En contraposición, en los pro-
gramas públicos de vivienda se deja
de lado esta libertad para construir y
se dicta cómo debe ser la vivienda y,
en consecuencia, la manera en que la
gente debe vivir. Además de ser pro-
ductos malos y costosos, estas vivien-
das llegan a constituir una forma de
opresión, ante la cual, las barriadas
con viviendas autoconstruidas pro-
gresivamente se presentan como una
alternativa libre y auténticamente pro-
pia, según proponía la CRAV. También
Mangin, Alfred y Delgado siguieron los
mismos postulados.
Conclusiones
Entre las décadas de 1940 y 1950
se dieron de manera vertiginosa los
procesos migratorios que determi-
naron la invasión y formación de ba-
rriadas, como maneras para acceder
a la vivienda a través de procesos de
autoconstrucción, con escasa o nula
participación del Estado, y de las que
se ha procurado su densicación en el
tiempo. En el gobierno de Odría se de-
sarrollan de forma paralela dos modos
de urbanizar, la propuesta por parte
del Estado y la empresa privada, los
cuales producen vivienda social, pla-
nicada y conectada a la ciudad (UV3,
El Porvenir) y otra que ha sido desarro-
llada por los sectores más pobres de la
sociedad, en procesos aparentemente
espontáneos, pero que guardan un
nivel de organización que les permi-
te hacerse de tierras y autoconstruir
sus primeras viviendas. Esta dualidad
no supone necesariamente una inten-
ción por parte del Estado en promover
una política de dos caras, aunque es
evidente que en los primeros años de
Acevedo Alejandra / Schreier Christopher / Seinfeld Cynthia
236
PAIDEIA XXI
Odría el Estado demostró indiferencia
al problema de las invasiones y la au-
toconstrucción de barriadas, al permi-
tir su desarrollo y no repelerlas.
En el gobierno de Odría, se desa-
rrollaron en la ciudad de Lima los tres
escenarios que han dado forma a casi
la totalidad de las barriadas de Lima:
la pendiente del cerro, la ribera del río
y el arenal del desierto. Todas estas
poseen distintos niveles de dicultad
en términos constructivos, como tam-
bién distintos niveles de intervención
del Estado en su planicación y pro-
ceso de producción. En primer lugar,
las barriadas ubicadas en las laderas
de los cerros, deben resolver el empla-
zamiento en un terreno inadecuado
para soportar y organizar las nuevas
urbanizaciones, dicultando además
el saneamiento del terreno. Queda cla-
ro que la acción pertinente del Estado
debió ser repeler estas invasiones, evi-
tando a la población la dicultad de su
emplazamiento y la segregación con
respecto a la ciudad. En segundo lu-
gar, la ribera del río Rímac ofrece una
ubicación estratégica en el eje Lima-
Callao, permitiendo una mejor cone-
xión de los habitantes con las zonas
industriales de la ciudad. El inconve-
niente que dichas barriadas supone
para la ciudad está relacionado con
la proximidad a un recurso natural
de valor para Lima. La ubicación de
estas barriadas impide un adecuado
control del Estado sobre la integridad
del río, como también, se encuentran
expuestas al incremento de agua en
época de lluvias. En tercer lugar, los
terrenos sin pendiente de los arenales
del sur de Lima, han sido sin duda la
alternativa para producir barriadas
ordenadas, permitiendo su lotización
de manera regular. Además, al ser un
modelo de emplazamiento posterior a
los dos anteriores, es evidente que el
Estado pudo ensayar nuevas posibili-
dades en su relación de producción y
planicación.
El gobierno de Prado estuvo acom-
pañado por una época de discusión
sobre los problemas urbanos, tomán-
dose decisiones de gran relevancia.
Por ejemplo, la ley 13517 comprome-
tió al Estado por primera vez como
propulsor de las viviendas pero bajo la
perspectiva de la autoayuda. Esta ley
tuvo un impacto importante en los po-
bladores al permitirles el saneamiento
tanto físico como legal de las invasio-
nes. Se dictó leyes, se destacó progra-
mas, instituciones y créditos que per-
mitieron el saneamiento de las barria-
das ya existentes, la regularización de
la tenencia de tierras, pero también,
el desarrollo de urbanizaciones con
servicios y módulos de vivienda míni-
ma y con proyección de crecimiento
paulatino por autoconstrucción, tales
como los programas asistidos de Lo-
tes y Servicios, la Vivienda Elemental,
así como las UPIS. Este esfuerzo fue
importante y pudo signicar la conso-
lidación de un proyecto urbano y de
vivienda mejor consolidado y ordena-
do para la periferia de Lima, con servi-
cios y mejores condiciones de vida. Sin
embargo, diferentes aspectos, como
los económicos y nancieros, y la falta
de voluntad política para destinar re-
cursos, no permitieron el desarrollo de
Papel del Estado frente a la autoconstrucción en el Perú 1950-1968
237
PAIDEIA XXI
estos programas y leyes a cabalidad,
agudizándose la expansión de las ba-
rriadas hacia el norte y sur de la ciu-
dad en momentos que pudo haberse
guiado su crecimiento urbano.
El gobierno de Prado desarrolló una
serie de leyes para apoyar la autocons-
trucción. Se consideró que las vivien-
das serían proyectadas de acuerdo a
las posibilidades de la población mi-
grante, sobre todo andina, tomando en
cuenta estructuras ancestrales como
el Ayni y la Minka, según hábitos coo-
perativos y solidarios. Sin embargo, el
argumento de la auto-ayuda no es del
todo aceptable en ciertas condiciones,
pues la vida en la ciudad y las lógicas
de su economía, dirieron considera-
blemente a las de las zonas andinas
donde los trabajos comunales encon-
traron eco dado el tipo de actividades,
tales como las agrícolas y ganaderas,
cuyos ciclos laborales así lo permitie-
ron. Por otro lado, la población cons-
truyó cuando pudo y en sus horas de
reposo, generándose bajo valor en la
reproducción de su fuerza laboral.
Como se ha podido apreciar, los
procesos de autoconstrucción fueron
largos y lentos, se evidenció carencia
de asistencia técnica sostenida, y falta
de programas de generación de em-
pleo que lograran insertar al migrante
en la vida urbana, dotándolo de re-
cursos. También faltaron políticas de
apoyo económico a través de créditos
efectivos que pudieran llegar a una
población de muy bajos recursos. Si
bien el Estado dio apoyo monetario
para permitir la compra de los terre-
nos, buena parte de la población no
pudo acceder a ella dado su estado de
precariedad económica. Por otro lado,
la autoconstrucción necesitaba de un
apoyo técnico sostenido que pudiese
permitir a la población acceder a los
sistemas constructivos costeños.
La autoconstrucción resultó cos-
tosa, y con resultados no tan felices,
debido al costo de los materiales que
debían ser comprados por la población
empobrecida que venía escapando de
la crisis del agro y con pocas oportu-
nidades de trabajo debido a la falta de
educación, pues poco menos de un
tercio de la población había cursado la
educación primaria y la gran mayoría
era analfabeta. Calderón inclusive co-
menta que muchos de los jóvenes pro-
vincianos venían de familias desinte-
gradas y con poca experiencia urbana
(Calderón J. , 2005, p. 118).
Las viviendas se construían con
materiales provisionales o de dese-
chos, como la calamina, la caña, el
eternit y las esteras, estado inicial del
cual no lograban despegar persistien-
do a través de los años. Ahondando, se
podría reparar que el clima benévolo
imperante, sin lluvias ni inclemencias,
permitió la permanencia de estos ma-
teriales precarios y su persistencia en
el tiempo, provocando condiciones de
vida deplorables en las barriadas que
invadieron Lima en los años 50 y 60.
La política de autoconstrucción y
consolidación de barriadas durante el
gobierno de Belaunde llegó a un serio
estancamiento. Su interés por el pla-
neamiento urbano y la vivienda ter-
minada fue plasmado también en las
tomas de decisión de su gobierno y en
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PAIDEIA XXI
las Instituciones que éste dirigía. Las
iniciativas por solucionar el problema
de la vivienda estuvieron centradas
en proyectos en su mayoría accesi-
bles solo a las clases medias y altas,
relegando a la población migrante.
Sin embargo, la realidad económica,
el incremento incontrolado de las ba-
rriadas y el afán de los pobladores por
acceder a una propiedad individual y
mejorar paulatinamente sus viviendas
a través de la autoconstrucción, hicie-
ron que el gobierno tuviera que asu-
mir posturas más abiertas.
Se afrontó tibiamente el tema, me-
diante la trasmisión de la responsa-
bilidad a terceros: por un lado, con
un programa de benecios asociados
al crédito, el sector privado y el mer-
cado produjo un tipo de vivienda que
excluía a los pobladores de menores
recursos, debido a las condiciones mí-
nimas exigidas. Por otro lado, se de-
legó la potestad de otorgar títulos a
las municipalidades, lo que constituía
cierto desinterés por entender y afron-
tar la vivienda popular. En paralelo, se
dio un aumento sin precedentes en el
número de barriadas, en las que la au-
sencia del Estado fue evidente.
Los fenómenos de las barriadas y la
autoconstrucción son una respuesta a
una realidad nacional muy particular.
Los factores fundamentales que alen-
taron la proliferación de esta manera
de hacer ciudad fueron, por un lado,
la masiva migración del campo a la
ciudad, que exigía respuestas rápidas
y a gran escala, ante lo cual la vivien-
da terminada en forma de conjuntos
habitacionales no se daba abasto. La
autoconstrucción se venía constitu-
yendo con una solución acorde a la
escala del problema.
Por otro lado, está el tema de la
idiosincrasia y la realidad económica
de los migrantes. La mayoría no po-
día afrontar los costos elevados de
la vivienda terminada y fueron en la
práctica excluidos de los benecios e
incentivos del gobierno para acceder a
este tipo de solución. En este sentido,
la autoconstrucción sobre un sistema
de lotes y servicios se acomodaba me-
jor a sus posibilidades económicas; se
favorecía de la organización comunal
de estos pobladores, quienes se apo-
yan en la construcción de sus propias
viviendas, al tiempo que coincide con
el afán de los mismos a poseer una
porción de terreno que pueden llamar
propio y sobre el cual tienen la potes-
tad de decidir, según sus criterios y
sus posibilidades temporales.
Finalmente, es evidente que la pos-
tura frente a la autoconstrucción ha
ido variando con los distintos gobier-
nos que han llegado al poder. Podría-
mos hablar de una evidente debilidad
de las instituciones frente al gobierno
de turno, que produjeron varios cam-
bios de dirección en la posición del
Estado, provocando que no exista una
continuidad. Si bien se creaban leyes
e instituciones, muchas de éstas eran
dejadas de lado en el tiempo y no se
lograba constituir una visión clara en
torno al problema y sus posibilidades
de solución.
Papel del Estado frente a la autoconstrucción en el Perú 1950-1968
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Notas
1 Con el incentivo de lograr la inserción en la ciudad por parte de los pobladores prove-
nientes de comunidades campesinas, grupos enteros de familias se ubicaron en terre-
nos estatales disponibles en las periferias de la ciudad, apropiándose de importantes
extensiones de terreno al margen de la legalidad, logrando que el Estado se vea incapaz
de reprimirla (Meneses Rivas, 1988: 89-90).
2 “Formadas en los años 40 sobre terrenos de muy mala calidad y topografía irregular.
Carecieron de asistencia técnica en su urbanización y edicación de viviendas” (Cal-
derón & Olivera, 1989: 18). A diferencia de las barriadas asistidas o los bolsones, las
barriadas tradicionales se formaron en procesos de autoconstrucción, sin asistencia del
Estado u organismos no gubernamentales.
3 “Patrón de establecimiento urbano con rasgos físicos, sociales, y económicos, estruc-
turados de manera singular. Estos serían que su constitución se realiza por invasión
“espontánea” o concertada de espacios vacíos existentes en la periferia del casco urba-
no, generalmente de propiedad pública y en menor escala privada; que en ella parti-
cipan grupos de familias de bajos ingresos económicos en su mayoría procedentes de
áreas rurales con una cultura “tradicional” que tiendes a organizarse a n de actuar
solidariamente para el logro de un lote y la obtención de servicios básicos y facilidades
comunales; y que entran en contacto con dependencias estatales para ser reconocidos
como propietarios de sus viviendas, dando lugar a un estilo de relación socio-política
que diere al de otras comunidades de base del país.” (Matos M., 1957, p.25).
4 El carácter espontáneo de las barriadas introdujo una modalidad de construcción de la
vivienda a cargo de los propios pobladores. La barriada y la autoconstrucción se con-
vierten en una solución inmediata para el Estado que no involucra costos signicativos
y más bien aprovecha la motivación personal de los pobladores de tener una vivienda
propia.
5 En palabras del Banco Mundial “provisión de terrenos urbanizados, convenientemen-
te situados y dotados de servicios básicos para crear comunidades de bajos ingresos
viables, puede presentar muchas ventajas y colocarse tanto dentro de la disponibilidad
general de recursos, como de la capacidad de pago de los beneciarios” (Banco Mundial,
1979, citado por Rueda, 1983:13; y por Calderón Cokburn, 2014, p.21).”
6 El Estado y algunas entidades privadas intervinieron en la gestión de mejoras en el
proceso. El gobierno de Prado “encontró que la autoayuda encajaba con su idea de que
la gente y el mercado encontraran las soluciones y el Estado las facilitara (CRAV, 1958;
Calderón, 2005, citado en Calderón Cokburn, 2014, ps.20-21).
7 “Estas unidades se planearon como unidades de un piso con espacios mínimos de habi-
tación en lotes de entre 100 - 150 m2, que pudieran ser completados por sus usuarios
progresivamente con el apoyo técnico del Estado” (Kahatt, 2015, p.428), es decir, en la
etapa de desarrollo paulatino estará acompañado por la autoconstrucción.
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