Entre los años 2000 al 2017, la cantidad de migrantes internacionales fue de 173 a 258 millones representando un incremento del 49% en este periodo. En la región de las Américas desde octubre de 2018, se ha intensificado el flujo migratorio de cerca de tres millones de venezolanos siendo acogidos cerca de 1,7 millones de migrantes (representa cerca del 70% de la migración) en los países de Colombia, Perú y Ecuador.¹

En el Perú a partir del 2016, se incrementó el flujo de venezolanos al país, pasando de tener 6,615 residentes en dicho año a 728,120 a fines de marzo de 2019 siendo la ola migratoria más importante del siglo XXI en el Perú, convirtiéndose así en el segundo país en el mundo en albergar la mayor cantidad de venezolanos inmigrantes después de Colombia. En la actualidad, los venezolanos constituyen la comunidad extranjera más numerosa en el Perú.

Los desplazamientos rápidos y en gran escala de personas han desencadenado una situación humanitaria, un problema financiero, y han puesto a prueba la resiliencia de los sistemas de salud de los países. Es así que los problemas de salud más frecuentes entre los migrantes que acaban de llegar son las lesiones accidentales, quemaduras, hipotermia, accidentes cardiovasculares, complicaciones del embarazo y el parto, diabetes e hipertensión, ocasionado por la interrupción de la atención asociado por falta de acceso a ella o por el colapso de los sistemas de atención sanitaria que ocasiona la interrupción del tratamiento continuo, crucial para las enfermedades trasmisibles y no transmisibles.¹

La movilización migratoria puede conllevar a la presencia de enfermedades con alto riesgo potencial de rápida transmisión en los países en donde migran y que están relacionados con los perfiles epidemiológicos de los países de donde realizan esta migración. Es así, que la malaria, la difteria y sarampión son enfermedades que podrían generar brotes epidémicos en los países receptores de migrantes de Venezuela. En este contexto, el Reglamento Sanitario Internacional(RSI)² cuyo propósito es prevenir la propagación internacional de enfermedades y brindar una respuesta de salud pública, evitando al mismo tiempo las interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio internacionales, recomienda mejorar los capacidades básicas en los puntos de frontera basados en el fortalecimiento de las acciones de vigilancia epidemiológica y control de la enfermedad, en especial las medidas relacionadas con la detección temprana de casos, el diagnóstico oportuno y el inicio inmediato del tratamiento, disminuyendo la transición y evitando la propagación de casos.

Por otro lado, los refugiados que están en status de condición irregular les impiden acceder a un salario apropiado lo cual puede repercutir en una precarización de las condiciones de vida, en el estado de salud y en el acce¬so a los servicios sanitarios³. Los limitados recursos de llegada y los bajos ingresos que pueden obtener, los lleva a concentrarse en zonas marginales que presentan un alto nivel de pobreza y condi¬ciones de vida por debajo del promedio poblacional³. Estas condiciones los expone al incremento de violencia sexual y de género, abuso y trata de personas, drogadicción, maltrato infantil y alcoholismo, que conlleva al riesgo de contraer enfermedades infecciosas como enfermedades de trasmisión sexual, VIH y TBC, así como problemas de salud mental y nutrición.

Finalmente, ante esa situación los países reconocen que la migración es una realidad multidimensional que no puede abordarse de manera aisladas y que requiere una colaboración multisectorial que incluya cambios de paradigmas en la organización y prestación de los sistemas de salud nacionales que implica la prioridad en la movilización de recursos para lograr una protección en la salud de la población. Asimismo, una de las princípiales medidas en los países corresponde a la incorporación institucional de la población migrante, como respuesta a la garantía de los derechos humanos y salud de las personas migrantes internacionales⁴

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Correspondencia: Manuel Loayza Alarico
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