En Argentina, desde 1921 hasta fines del año
2020,
el Código Penal penalizaba la práctica del aborto voluntario en su artículo 85,
a la vez que establecía causales para acceder a interrupciones legales del
embarazo. A pesar de este régimen penal mixto, la realidad en Argentina se
asimilaba a la de contextos legales totalmente prohibitivos y el acceso a
través de los servicios de salud era complicado, desigual geográfica y
prácticamente inaccesible (Zurbriggen y Anzorena,
2013; Santarelli y Anzorena, 2020; Vacarezza, 2020).
El Fallo F.A.L. de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación (CSJN) en 2012 y la creación de Guías Técnicas y
Protocolos de atención de personas con derecho a la Interrupción Legal del
Embarazo (ILE) permitieron avanzar en el reconocimiento de estas prácticas al
interior de los servicios públicos de salud. Sin embargo, sus repercusiones no
fueron igual en todo el territorio argentino, y cada provincia presentó sus
particularidades. En la provincia de San Luis, el 2018 fue clave para
incorporar y extender la atención de las ILE en los servicios de salud pública.
En este artículo nos proponemos explorar el
quehacer de profesionales en Psicología en situaciones de ILE por causal
“peligro para la salud” en instituciones públicas de salud de la ciudad de San
Luis, previo a la sanción de la Ley Nacional 27.610/20 que regula el acceso a
la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (IVE/ILE). Mediante este
escrito se invita a reconocer y reflexionar sobre aquellos aspectos que
favorecieron la construcción del rol profesional como garantes de derechos. De
esta manera, se aporta un relevamiento cualitativo vivencial que permite pensar
las condiciones actuales de aplicación de la IVE/ILE y los procesos de
formación de profesionales en Psicología.
A continuación, se presentan antecedentes
bibliográficos seleccionados sobre las intervenciones de profesionales de salud
y Psicología en situaciones de ILE y los principales obstáculos a ser superados
por profesionales a la hora de intervenir. Luego, conceptualizamos el abordaje
de la ILE a partir de la noción de salud integral y desde la perspectiva de
género, para continuar con la presentación de grandes hitos del contexto
normativo nacional y provincial que posibilitaron la intervención en ILE, al ir
estableciendo las responsabilidades de los equipos de salud. Finalmente, se
presentan aspectos metodológicos, los resultados obtenidos y las conclusiones.
MARCO TEÓRICO Y/O ANTECEDENTES Y
CONTEXTUALIZACIÓN
La Intervención Psicológica en ILE: una
Práctica Obstaculizada
La participación de profesionales de la
Psicología en la atención de ILE por causal salud es relativamente reciente y
se ha visto muy obstaculizada, tal como lo indica la revisión bibliográfica
sobre estudios e investigaciones vinculadas al tema publicados hasta 2020.
De Lellis et al.
(2018) abordan las concepciones de las y los profesionales de los servicios de
salud en un municipio del Gran Buenos Aires acerca del acceso de la población a
la ILE. El principal obstáculo que relevaron fue el accionar de los/as
mismos/as profesionales y su desinformación en relación a lo que implica la
causal “peligro para la salud”. De este modo, algunos/as siguen afirmando que
los abortos solo eran legales en el caso de una violación, desconociendo la
normativa que regulaba la ILE en Argentina. Otra limitación se presenta a
través de la objeción de conciencia que restringe el accionar de colegas que
están a favor de garantizar la ILE, al cerrar el circuito de derivaciones. Lo
mismo ocurre con el personal administrativo, al no dar información sobre
lugares y profesionales que la garantizan. Asimismo, se presentan dificultades
con la medicación, ya
que no se contaba, en la mayoría de los casos, con misoprostol en los servicios
de salud o los/las profesionales no se animaban a pedirlo. Por último,
señalaban la ausencia de capacitación sobre ILE y su consideración como un tema
tabú (Reck Barbara et al., 2018).
La investigación de Lenta et al. (2018)
analiza los nudos críticos señalados por psicólogas/os del subsistema público
de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Gran Buenos Aires, los cuales son
divididos en: obstáculos económicos, institucionales y disciplinares. Además,
señalan las barreras biologicistas y patriarcales que dificultan el encuentro
con las necesidades de las mujeres que requieren la ILE, así como las tensiones
con otros campos disciplinares que demandan a profesionales psi la
patologización de las mujeres.
Finalmente, otro gran obstáculo que ha operado
sobre las posibilidades de la intervención psi en situaciones de ILE, pero que
excede este tema ampliamente, ha sido el modo restringido de interpretar la
causal salud. Respecto a este tema, existen diversos ensayos críticos, entre
los que se destacan Bernabó et al. (2017) que
recopila escritos sobre la causal salud en sentido integral y multidimensional,
y el libro publicado por la Cátedra Libre por el Derecho al Aborto Legal,
Seguro y Gratuito de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos
Aires (2020) titulado “El Derecho al Aborto en la Formación “psi”. Tensiones,
demandas y desafíos”. Estos trabajos permiten apreciar cómo la interpretación
amplia de la causal “peligro para la salud” influye en los alcances de la ILE
cuando se considera la afectación física, mental y/o social como parte de la
salud integral. Asimismo, avanzan en dar respuestas a la necesidad de
incorporar contenidos sobre el derecho a decidir sobre el propio cuerpo dentro
la formación de grado de Psicología y carreras afines.
Los antecedentes seleccionados muestran que
las investigaciones centradas en los modos de intervenir en ILE y los
obstáculos se encuentran situadas en CABA y provincia de Buenos Aires. Lo que
da cuenta de la necesidad de generar investigaciones que recuperen las
especificidades regionales y de otras provincias. La provincia de San Luis
cuenta con particularidades sociales, políticas e institucionales que nos
interesa comprender entramadamente con las
posibilidades de construcción del abordaje profesional.
ILE por Causal Salud: Concepciones de Salud
Integral y Abordajes Desde una Perspectiva de Género
Tanto la ILE como la IVE son derechos humanos
de las mujeres y/o personas con posibilidad de gestar, en consonancia con la
autonomía sobre sus cuerpos, la preservación de la salud y la vida. Se
encuentra enmarcada en el derecho a la autonomía personal, la privacidad, la
vida, la educación y la información; asimismo, en los principios de no
discriminación e igualdad (Ministerio de Salud Argentina, 2019).
Para lograr un abordaje adecuado de la causal
salud un punto clave es sostener posicionamientos acordes a nociones integrales
de salud, las cuales están definidas en los distintos Protocolos para la
atención de ILE que rigen a nivel nacional. Al momento de realizar esta
investigación la versión vigente era la publicada en 2019 por el Ministerio de
Salud de la Nación (Ministerio de Salud Argentina, 2019).
La Organización Mundial de la Salud OMS (2006)
define la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social,
y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (Organización Mundial
de la Salud OMS, 2006, p.1). Esta definición es tomada por el Protocolo, donde
también se indica, para la atención de ILE, que la causal peligro para la salud
determina la legalidad de la interrupción de un embarazo cuando cualquiera de
las dimensiones de la salud está en riesgo, ya sea física, mental y/o social (Ministerio
de Salud Argentina, 2019).
Como profesionales de la salud mental es
oportuno considerar la complejidad e integralidad que supone la noción de salud
integral a la hora de evaluar la causal salud. Su potencia radica en considerar
las distintas dimensiones que integran la vida de las personas y no limitarse
solamente al plano biológico. Además, las mujeres y personas gestantes son las
únicas capaces de definir cuáles son sus parámetros de afectación a su salud
integral para requerir una ILE, así como sus configuraciones emocionales singulares.
Lo que permite, según Ireizo y Maccorin
(2017), que la ILE por causal salud incluya aspectos no tenidos en cuenta la
mayoría de las veces por los/as profesionales de la salud que actúan desde el
modelo médico hegemónico. Sostener una concepción de salud integral habilita
incluir toda situación que afecta el bienestar psicosocial, situando al aborto
como una práctica de salud más en la vida de la mujer o persona con capacidad
de gestar.
Otro aspecto fundamental es el abordaje desde
una perspectiva de género y derechos. Esta permite el análisis profundo de las
relaciones sociales entre hombres y mujeres entendiendo que son asimétricas, y
afectan de manera desigual a mujeres y otras identidades dejándolas en
situaciones de vulnerabilidad y exclusión.
En este sentido, la representación social que se sostiene de la mujer
está ligada a la maternidad como estereotipo de género y como obligatoriedad,
por ende, se debe continuar con un embarazo bajo ese mandato de género (Perrotta, 2015). De este modo, el aborto se presenta como
un punto de inflexión, ya que rompe la ecuación mujer=madre y la idea de la
sexualidad con fin reproductivo (Ireizo y Maccorin, 2017). Por ello, es imprescindible pensar cómo
los estereotipos de género afectan el derecho al acceso a la salud y se
infiltra en las prácticas profesionales, impactando negativamente en las
personas que requieren una ILE (Serrano Gallardo, 2012).
Al mismo tiempo este abordaje permite
visibilizar cuando las/os profesionales logran modificar sus concepciones sobre
el aborto basado en la garantía de derechos de las mujeres y personas gestantes
(Dosso, 2017). Es necesario recalcar que los/as
profesionales que conciben la ILE de esta forma van, al mismo tiempo, creando
modos de organización en red que les permite instituir estas prácticas
profesionales no hegemónicas en los servicios públicos de salud y logran
sostenerse mutuamente.
Tres Hitos Importantes a Nivel Nacional y
Provincial Para el Acceso a las ILE
En los últimos años se fueron entretejiendo
diversas disposiciones gubernamentales respecto a la garantía de este derecho
dentro de los servicios de salud pública en el contexto nacional. Al respecto,
destacamos tres grandes hitos en materia de aborto e ILE.
El primero fue el Fallo F.A.L. emitido por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2012, que, entre otras cosas,
reconoció formalmente el derecho de toda mujer embarazada como resultado de una
violación a acceder a una ILE, sin la necesidad de exigir una autorización
judicial, denuncia policial o prueba de la violación por parte de los servicios
de salud. También, exhortó a los gobiernos provinciales a implementar y
garantizar la aplicación de protocolos hospitalarios para su atención,
siguiendo la Guía Técnica vigente en aquel entonces (CSJN, 2012). Sin embargo,
el impacto de este hito en las provincias sufrió distintos destinos y no fue
homogéneo.
Un segundo hito importante fue la publicación
por parte del Ministerio de la Nación de diversas “Guía Técnica para la
Atención Integral de los Abortos No Punible” desde el año 2007, que
posteriormente fueron convertidas en “Protocolo para la Atención Integral de
las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo” (en adelante el
Protocolo ILE), a partir del 2015. Las responsabilidades profesionales quedaron
perfectamente delimitadas en estos documentos, como también los alcances de las
causales y las buenas prácticas. En este transcurrir, también se registró un
salto cualitativo importante en la denominación de la práctica de los abortos
legales que pasaron a ser mencionadas en su plena legalidad y, por lo tanto, se
reforzó la idea de que eran un derecho a garantizar en el ámbito sanitario (De Lellis et al., 2017). El Protocolo ILE era “de aplicación
obligatoria en todo el territorio argentino” y debía ser aplicado “por todas
las instituciones sanitarias, tanto públicas como privadas” (Ministerios de
Salud Argentina, 2010). El reconocimiento progresivo de las causales y la
ampliación de sus alcances exigió organizar el acceso a los establecimientos,
bienes y servicios de salud (Berra y Galli, 2019), en tanto las ILE comenzaron
a ser parte de las prácticas a garantizar.
Un tercer hito para avanzar en el acceso a las
ILE en los servicios de salud fue la creación en 2014 de la Red de
Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir (en adelante, “la Red de
Profesionales”). Su conformación fue impulsada desde la Campaña Nacional por el
Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y por organizaciones feministas como
Socorristas en Red-feministas que abortamos- que se encargaban de acompañar
abortos voluntarios, principalmente farmacológicos, y de realizar
articulaciones con profesionales de la salud “amigables”.
Cabe destacar que estos grandes hitos con
incidencia en lo normativo y en lo sanitario, así como en el debate social
estuvieron acompañados e impulsados por la fuerza del activismo feminista en
Argentina cuya principal protagonista es la Campaña Nacional por el Derecho al
Aborto Legal, Seguro y Gratuito (en delante “la Campaña”).
La Campaña es un espacio de articulación
federal integrada por feministas, colectivas y organizaciones con diversas
orientaciones políticas y prácticas activistas, provenientes de sectores que
exceden al movimiento de mujeres y feminista. Se lanzó el 28 de mayo de 2005 y
recogió el trabajo de la lucha feminista iniciada en décadas anteriores. Sus
objetivos iniciales fueron la despenalización, legalización y descriminalización
social de los abortos, así como proyectar el tema a la agenda de la salud
pública, la justicia social, la democracia, la laicidad del Estado y la defensa
de los derechos humanos de las humanas para sustraerlo de la clandestinidad y
que sea reconocido como un derecho (Zurbriggen y
Anzorena, 2013). Los debates y acciones promovidos desde esta articulación
también influyeron notablemente en la ampliación de las interpretaciones sobre
la causal salud de las ILE, en la conformación de grupos de profesionales (como
la Red de profesionales) y de activistas que acompañan ILE y abortos en
general, y en la sanción de la actual Ley Nacional N° 27.610 de acceso a la
Interrupción Legal y Voluntaria del embarazo lograda a fines del 2020 tras el
impulso del movimiento conocido como “la Marea Verde”, en honor al color
característico de la Campaña.
Ahora bien, estos hitos nacionales tuvieron
distintas repercusiones en las provincias del territorio argentino. En San
Luis, el Fallo F.A.L. y la adhesión a los Protocolos ILE para su efectiva
implementación en los servicios de salud fueron resistidos hasta entrado el año
2018.
En 2012, tras la emisión del Fallo FAL, desde
el poder legislativo provincial se convocó a unas “Audiencias Públicas sobre
Aborto No Punible” donde se convocó a todas las personas interesadas en
participar con su opinión desde “la ciencia, la teología y las diferentes
interpretaciones legales” para conocer “el punto de vista (…) respecto al
procedimiento a llevar a cabo en los casos enumerados por el artículo 86° del
Código Penal” (Cámara de Diputados, 2012, 30 de agosto). En la Cámara de
Diputados se habían presentado dos anteproyectos que iban a ser tratados luego
de escuchar las opiniones vertidas en las Audiencias. Uno de los anteproyectos
indicaba que debía cumplirse lo dictaminado por la CSJN y el otro sostenía la
defensa del “derecho a la vida” desde la concepción, proponía procesos con
múltiples instancias de judicialización y mostraba una especial preocupación
por la ocurrencia de “casos fabricados” de violación y por salvar “el derecho
de los profesionales médicos a ejercer su objeción de conciencia” (Periodistas en la red, 2012, 16 de abril).
Sin embargo, las Audiencias podrían pensarse
como una maniobra dilatoria ya que luego de 14 jornadas durante dos meses, en
las que participaron 76 personas expositoras, la Cámara de Diputados decidió no
tratar ninguno de los anteproyectos ni otras alternativas, sin formalizar
ninguna postura sobre el cumplimiento del Fallo F.A.L. en la provincia que,
entonces, quedó en una zona de grises.
En
cuanto al Protocolo ILE, San Luis permaneció por más de 10 años sin criterios
claros sobre la atención de ILE en los servicios de salud. Según un informe
realizado en 2015 sobre el estado de situación de los abortos no punibles en
las distintas provincias, hasta ese entonces San Luis junto con otras nueve
provincias no garantizaba ILE (Asociación por los Derechos Civiles, 2015).
En 2018 comienzan a registrarse algunos
cambios importantes. Las repercusiones del primer debate parlamentario sobre la
legalización del aborto fueron fundamentales para la conformación de la Red de
Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir en San Luis, varios años
después de su conformación a nivel nacional y para exigir políticas públicas
claras. Una campaña en redes sociales “#ContásConNosotrxs”
fue el disparador para que profesionales garantistas de derechos o con
intenciones de hacerlo se reconocieran entre sí y comenzaran a reunirse y a
afianzar las articulaciones con más profesionales de la salud, con activistas y
con autoridades gubernamentales con responsabilidades en este tema.
A fines de ese año, el gobernador de San Luis,
Alberto Rodríguez Saá (PJ,
2015 a la actualidad) adhirió por decreto 34/2019 a la Resolución 1/2019 del
Ministerio de Salud de la Nación que aprobaba la segunda edición del Protocolo.
Esta adhesión impulsó a que más profesionales garantizaran ILE y solicitaran a
la Red recursos sobre cómo hacerlo. También implicó que, a partir de 2019, y de
manera muy progresiva, se comenzará a interpretar de manera amplia la causal
salud, acorde al Protocolo ILE, y los servicios públicos de salud se mostraran
más receptivos ante estas demandas.
METODOLOGÍA
La
metodología utilizada fue de tipo cualitativa centrada en la comprensión de las
perspectivas, puntos de vista, interpretaciones y significados de quienes
participan de los fenómenos, en su ambiente natural y en relación con su contexto
(Vieytes, 2004; Hernández Sampieri et al., 2014). El estudio es de tipo
exploratorio descriptivo, dado que el accionar de profesionales en Psicología
en situaciones de ILE en San Luis era relativamente reciente al momento de
realizar el estudio y ha sido un tema escasamente explorado en su especificidad
en este contexto. Además, posee un carácter retrospectivo ya que pretende
conocer la trayectoria laboral de las participantes en relación con la
temática.
Se
realizaron 5 entrevistas semiestructuradas durante el segundo semestre del
2020, cuyos ejes considerados como base
para su conformación fueron: interpretación de la profesional psicóloga sobre
causales y derechos, cómo es su participación en situaciones de ILE, qué
posibilidades de intervención se les presentan, y cómo ha sido esa
participación en función de los cambios jurídicos que se han sucedido en
relación al derecho a la ILE, cuando aún no se sancionaba la Ley Nacional N°
27.610/2020.
Las
entrevistas tuvieron una duración de entre 40 y 50 minutos. Se realizaron
mediante una plataforma virtual en contexto de pandemia por COVID 19, a
excepción de una, por elección de la entrevistada. Cabe consignar que la
información de las entrevistas ha sido recolectada en su medio homogéneo, en
tanto está organizado por un conjunto de profesionales de la misma disciplina
que realizan su quehacer en instituciones de salud de carácter público y
comparten las mismas condiciones contextuales (Muníz
Terra, 2012). En cuanto a las consideraciones éticas, se realizó el
consentimiento informado oral previo al inicio de cada entrevista y se obtuvo
permiso para grabar. En la transcripción del material se omitió cualquier
referencia concreta que pudiera violar el anonimato y la confidencialidad
acordada.
El
muestreo fue intencional en bola de nieve y se compuso por profesionales en
Psicología que se desempeñaban en el ámbito de la salud pública de la ciudad de
San Luis y que hubieran participado en, al menos, una experiencia de
intervención en ILE desde su rol profesional. Las sujetas no fueron elegidas al
azar, sino intencionalmente y siguiendo los objetivos de la investigación
(Vieytes, 2004). Para ampliar otros datos sobre las trayectorias laborales como
materiales que aportan más información sobre las entrevistadas, consignamos que
se trata de psicólogas egresadas de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL),
quienes ejercen su labor profesional actualmente dentro del sistema de salud
público de la provincia de San Luis, con una antigüedad de 5 a 17 años dentro
del mismo. Son psicólogas de distintos centros de atención primaria de la
salud, distribuidos en distintos puntos de zonas urbanas. La mayoría de ellas
refiere que el inicio de su profesión se dio en el ámbito privado y luego
ingresan al sistema público de salud. En cuanto a sus creencias religiosas
algunas de ellas comentan haber recibido educación católica, pero al momento de
las entrevistas refirieron no profesar ninguna religión.
Se
realizó una codificación inductiva del corpus empírico en función de los
objetivos planteados y los intereses de la investigación, atendiendo a la
construcción de categorías emergentes del análisis en progreso (Vieytes, 2004).
Primero se codificaron los datos en bruto y luego se compararon y agruparon por
categorías en función de sus vinculaciones, avanzando así en una descripción
más completa y minuciosa de los datos (Hernández Sampieri, 2014).
Este
trabajo, se centró en la categoría “posibilitantes”,
que refiere a la percepción y reconocimiento de las profesionales de los
factores que favorecieron la construcción de un rol profesional que garantizara
el derecho a la ILE, en tanto práctica históricamente obstaculizada, cuando así
fue solicitado en el servicio público donde se desempeñaban.
RESULTADOS
A
efectos de proceder al análisis de la información se constituyeron cuatro
grandes dimensiones: formación personal y trayectoria activista; adhesión
provincial al Protocolo ILE; organización y trabajo en red; y especificidades
del abordaje psicológico propiamente dicho, que surgen de las codificaciones realizadas con el material integrado de los
relatos de las entrevistadas.
FORMACIÓN
PERSONAL Y TRAYECTORIA ACTIVISTA: “la primera formación viene de lo que tiene
que ver con la militancia”
El
primer factor que posibilitó la intervención en ILE desde un posicionamiento
respetuoso de derechos está vinculado al tipo de información y formación con
respecto a la ILE y a los embarazos no deseados/abortos voluntarios desde
miradas de género feministas con la que contaban las psicólogas. Sin embargo,
reconocieron que esta formación no fue construida en el ámbito
académico-institucional, sino que debieron emprender búsquedas personales para
obtenerla. Lo que se advierte, es la ausencia de información y formación
específica sobre temas referidos a aborto y a ILE en la formación de grado en
Psicología.
Yo
me recibí en el 2015 y en ese momento ni como materia optativa, la verdad que
no. (E5)
Históricamente,
la temática del aborto, tanto legal por causales como voluntario, ha sido una
de las grandes ausentes en la formación de profesionales vinculados a la salud
en Argentina, incluida la Psicología, a pesar de que se trata de una consulta
de salud, una demanda clave del campo de la salud pública y un tema que atañe a
los derechos humanos de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar y
de abortar (De Lellis et al., 2017; Berra, 2016; Cátedra
Libre por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de la Facultad de
Psicología de la Universidad de Buenos Aires, 2020).
En
anteriores recorridos por planes de estudio de las diferentes carreras de
estudio de las nueve Facultades que constituyen la Universidad Nacional de San
Luis, hemos observado que los motivos de este silenciamiento se presentan en
varios sentidos. Por un lado, porque en varias de las formaciones académicas se
encuentran presentes aún valores religiosos, conservadores, hegemónicos,
biologicistas y paternalistas, que se filtran en los contenidos de los planes
de estudio. Por otro lado, como una consecuencia política de los procesos de
estigmatización sobre los abortos como experiencias subjetivas y sociales (Santarelli y Vuanello, 2023). Uno
de los campos de acción del estigma sobre el aborto ha sido el nivel
institucional-organizacional, es decir que, las instituciones de salud lo
excluyeron de sus servicios y los currículos universitarios lo quitaron de su
formación profesional, sosteniendo circularmente dicha estigmatización (Kumar
et al., 2009; Ramos, 2016).
Sostener
el estigma y esta exclusión, opacó la posibilidad de pensar al aborto como una
consulta de salud y promovió que quedara asociado únicamente al ámbito penal.
De modo que esta marginalidad también se reprodujo, al interior de las currículas de grado de las diversas carreras vinculadas a
la salud, incluida la Psicología. Frente a lo que las entrevistadas perciben
como un vacío en su formación de grado emprendieron búsquedas personales que
les permitieron enriquecer su rol profesional desde miradas de género
feministas.
En este sentido, reconocieron en sus trayectos
activistas y/o profesionales la importancia de la participación en diversas
agrupaciones feministas locales, algunas vinculadas a la defensa de los
derechos de las mujeres y al abordaje de las violencias de género en general;
otras ligadas al derecho al aborto como Socorristas en Red o la Red de
profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir.
[participó
en] la Casa Refugio, Mujeres en Búsqueda, en el poder judicial, en la
cooperativa como psicóloga con perspectiva de género (…) En escuelas también
como tutora, ahí estaba con las tutorías con lo que hoy es Educación Sexual Integral. (E1)
Yo
creo que la primera formación viene de lo que tiene que ver con la militancia,
el socorrismo, lo contrahegemónico. (E2)
También
reconocieron que dentro del ámbito laboral encontraron espacios de formación
que fueron impulsados por colegas feministas que se desempeñaban en servicios
públicos al igual que ellas, aún antes de la conformación de la Red de
Profesionales en San Luis.
(…)
el programa donde hay una médica feminista, de ellas sí ha habido un montón de
formaciones en lo que tiene que ver con salud sexual reproductiva y no
reproductiva, todos los años prácticamente han hecho alguna formación. (E2)
De
este modo, expresaron que su formación en materia de género y de garantía de
derechos provino de espacios feministas que fueron buscando y generando para
nutrirse de experiencias e información significativa acorde a sus concepciones
de derechos. Esto enriqueció su quehacer profesional al momento de intervenir
en ILE, una vez que las mujeres y otras personas con capacidad de gestar
comenzaron a solicitarlo, en la medida que la ILE empezó a ser accesible
institucionalmente al interior de los servicios de salud, lo cual abordamos en
el siguiente punto.
ADHESIÓN
PROVINCIAL AL PROTOCOLO ILE: “Empezar a instalar el tema, empezar a
visibilizarlo”. “Antes no existían los consultorios en ILE”
Que
las autoridades provinciales decidieran adherir a lineamientos claros sobre
cómo cumplir con las disposiciones normativas nacionales fue otro elemento
clave que facilitó la intervención de las profesionales y la extensión del
trabajo de garantía de las ILE.
En
San Luis, el fallo F.A.L. (CSJN, 2020) fue considerado por un referente
político de la provincia, quien expresó su acuerdo con cumplir con el mismo,
aunque de manera informal. Así lo manifestó una de las psicólogas con mayor
antigüedad en los servicios de salud pública (diecisiete años). Sin embargo, en
aquel entonces, el cumplimiento de las ILE eran situaciones consideradas
extraordinarias y extremas, y su interpretación develaba posturas objetoras y
lecturas gravemente erróneas acerca del consentimiento de una relación sexual.
El
primer ILE que se hace acá es una nena de 13 años… cuando la abren para
operarla se dan cuenta que tenía un embarazo, la cierran y llaman a los papás,
que la nena estaba embarazada y en la Maternidad [Hospital de Salud perinatal y
obstétrica] llaman a la psicóloga, que es objetora, la asistente social:
objetora. Era una ‘relación consentida’ de la nena con un señor de 30 y pico de
años, consentida digo porque no la forcejeó, pero el trabajo fue desde otro
lugar. La cuestión que esa pareja de papás cae acá, y habla con la jefa del
Programa de Salud Sexual y Reproductiva y el servicio era objetor o la jefa del
servicio de Maternidad era objetora, entonces la encargada del Programa de
Salud Sexual y Reproductiva gestiona, habla con la ministra, toda una cuestión
administrativa y de gestión que se termina haciendo el aborto y que fue el
primero de ILE. (E4)
Se
reconoce en dicho relato una mirada crítica respecto del abordaje enmarcado en
personas objetoras de conciencia, que entienden que la falta de signos de
violencia, hacen prever el consentimiento de la niña a pesar de su corta edad
con relación al hombre participante en la relación. Y denuncia el recorrido que
le cabe a sus progenitores para posibilitar la práctica, debiendo instar hasta
la máxima autoridad en materia de salud para que se produjera. Al respecto, cabe la posibilidad de
preguntarse si esta situación no constituyó un atentado a la integridad sexual
de la adolescente pudiendo definir una conducta antijurídica, que lejos parece
haber estado presente en las profesionales intervinientes que subsumieron su
postura al reconocimiento de un supuesto consentimiento según lo manifestado
por la entrevistada... Y hasta podría pensarse en una doble vulneración de
derechos de la niña, que no fue escuchada en su propia narrativa al respecto.
A
la luz de los avances legislativos actuales, frente a esta situación de
violación, el equipo de salud debe:
Brindar
en forma prioritaria, la atención sanitaria y la contención requerida, que debe
incluir la información completa y en lenguaje accesible de su derecho a ILE,
así como su realización inmediata, sin judicialización (MSAL, 2019, p.18).
La
entrevistada indica el procedimiento que incluye una práctica acorde al respeto
de derechos. No obstante, y en relación con ello cabe citar que recién a partir
de finales del 2018, las entrevistadas registran que el cambio en la normativa
influyó en las posibilidades de sus intervenciones, tal como consta en el
relato siguiente:
Yo
creo que los cambios si se han dado en poder empezar a instalar el tema, en
empezar a visibilizarlo, me parece que fue con lo que sucedió hace dos años
atrás con la ley que llegó al Senado, me parece que eso instaló un disparador
del tema que hizo que se pudiera empezar a hablar un montón con los compañeros
y las compañeras del equipo. (E2)
En
ese año, el entonces gobernador, adhirió por decreto 34/2019 a la Resolución
1/2019 del Ministerio de Salud de la Nación que aprobaba la segunda edición del
Protocolo de atención integral de las ILE. En el marco del primer debate
legislativo y público de gran alcance sobre la legalización del aborto se pudo
alcanzar el reconocimiento formal de la normativa existente desde hacía muchos
años. Lo que en palabras de una de las profesionales entrevistadas significó
cambios en su visibilización:
De
tal manera, exponer públicamente una praxis oculta y clandestinizada
representó, en el espacio profesional, la necesidad de poner palabras y armar
narrativas sobre la ILE como un derecho a respetar, poniendo en debate las
creencias y moralidades personales. A partir de ahí muchos/as profesionales
empezaron a contar sin miedo y libremente el trabajo que hacían en cuanto a las
ILE, y comenzaron a generar otros espacios de atención.
Antes
no existían los consultorios en ILE, recién ahora se están empezando a gestar.
Hay algunos, y al menos sabemos que existen y que podemos derivar, entonces eso
[la adhesión al Protocolo] permitió que se hayan construido los consultorios en
ILE y eso ya es un super paso. (E5)
Ahora
bien, esta adecuación a una normativa no fue un proceso lineal y homogéneo, ya
que engloba tanto dispositivos como personas que no avalan la práctica, pero
que deben adecuarse al mandato jurídico y político. Tal como lo relata una de
las psicólogas, quien manifestó que en el Centro de Atención Primaria de la
Salud [CAPS] donde trabajaba, todas/os las/os profesionales eran objetores/as
de conciencia y por ello se veía limitada la conformación del consultorio para
atención de ILE, hasta que la provincia adhirió al Protocolo de atención.
Hasta
la misma directora que es por así decirte ‘provida’, está haciendo la bajada de
línea de que es necesario porque ya se lo están exigiendo en los CAPS la
formación de espacios y de consultorios ILE o IVE ahora (E5).
De
este modo, se pone de manifiesto que la incorporación de la ILE en los
servicios públicos estuvo condicionada por la voluntad política y su efectivo y
local reconocimiento legal y gradual. Todo lo cual estuvo enmarcado en la
movilización masiva a nivel social del movimiento feminista y de mujeres por la
legalización del aborto en Argentina en 2018.
LA
RED DE PROFESIONALES DE LA SALUD POR EL DERECHO A DECIDIR EN SAN LUIS: “empezamos
a hacer red”:
Otro
factor posibilitante para comenzar y sostener las
intervenciones en ILE por causal salud fue el apoyo entre colegas de la misma
institución o de otros servicios públicos de salud.
Al
principio me acompañaban los compañeros de la Red, un médico y una médica de
distintos CAPS, y yo hacía los acompañamientos y ellos me iban asesorando en
algunas cosas (E1).
Los/as
profesionales se fueron encontrando gradualmente para construir estrategias de
acompañamiento mutuo, hasta lograr conformar la Red de Profesionales en San
Luis en 2018.
Esta
Red había sido conformada a nivel nacional en 2014 con el impulso de la Campaña
Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y por otros grupos
feministas con el afán de articular y generar alianzas con profesionales de la
salud del sector público, principalmente. Incluye profesionales en Ginecología,
Obstetricia, Enfermería, Trabajo Social, Medicina General y Psicología y cuenta
con un número importante de médicas/os generalistas con formación en salud
comunitaria enmarcada en los Programas de Atención Primaria de la Salud. Su
objetivo principal es garantizar el acceso a la ILE de mujeres, niñas y
personas gestantes, por medio del aborto medicamentoso, en las instituciones de
la salud en todo el territorio nacional (Drovetta,
2018).
En
San Luis, la Red se conformó a fines del año 2018, en paralelo y como
consecuencia también del primer debate legislativo y de los efectos de
despenalización social que provocó el efecto de la “Marea Verde”. Organizarse
en Red no fue un trabajo sencillo ni inmediato, pero tuvo muchos beneficios
para quienes estaban garantizando ILE, como así también para quienes, tras la
adhesión al Protocolo, asumieron dicha responsabilidad.
Era
como que no se hablaba del tema y yo creo que después fue la participación en
los congresos, en diferentes capacitaciones que teníamos una intervención muy
sencilla y cortita. Decíamos que nosotros éramos de la Red de Profesionales de
la Salud por el Derecho a Decidir, y empezábamos a pasar hojas para que se
anotara quien estaba más o menos a favor. Eso fue un trabajo fino (…) Esto fue
algo que pasó también en agosto (2020). (E1)
Darse
a conocer como parte de la Red genera un efecto simbólico al interior de las
instituciones de salud porque influencia a otros/as con sus acciones y
manifestaciones. Y en este sentido, se crea un efecto de naturalidad, al tener
la sensación de que hay otros/as como yo, encontrando un espacio colectivo de
profesionales que normaliza su trabajo (Drovetta,
2018). Al mismo tiempo que permite la construcción de una perspectiva de
trabajo en común, de búsqueda compartida de estrategias y de articulaciones, les
posibilita capacitarse y compartir información a partir de la experiencia de
otras/os profesionales que integran la Red (Red de Equipos de Salud Sexual y
Reproductiva del Área Programática del Hospital General de Agudos “Dr. J. M.
Penna”, 2020).
ESPECIFICIDADES
DEL ABORDAJE PSICOLÓGICO DESDE LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y EL RESPETO POR LA
AUTONOMÍA PERSONAL: “nosotras trabajamos con la subjetividad de las personas y
es ahí lo rico que podemos aportar”
Uno
de los elementos promotores de salud que destacaron al reflexionar sobre la
construcción de su rol como psicólogas ha sido el accionar desde la concepción
y el reconocimiento del proceso de autonomía de las mujeres en la toma de
decisiones. Y en ese proceso, habilitar la comprensión de que efectivamente la
ILE que van a realizarse es un derecho que están ejerciendo.
De
tal manera, se deconstruyen ideas de la maternidad como único destino de las
mujeres o que la realización personal está enlazada con el cuidado de un otro y
no de sí misma, para reconocer este suceso como un derecho a la elección en su
trayecto de vida, teniendo en cuenta sus condiciones materiales, simbólicas,
deseantes, económicas y subjetivas que posibiliten esta decisión (Pistani y Ceccato, 2014).
Las
entrevistadas consideran que su participación en habilitar la elección y la
autonomía. Saberse digna de una decisión personal representa para estas mujeres
un espacio de aprendizaje que se extiende más allá de la situación de ILE por
causal salud. Esto es, porque en el vínculo generado se faculta la
planificación de un proyecto de vida en torno a la información adecuada y
posterior elección de un método anticonceptivo, entre otros aspectos.
Trabajábamos
mucho, de que todo el proceso finalizara con la elección del método
anticonceptivo y que hubiera un tiempo para elegir y pensar que método iba a
usar. Que no terminara todo con la medicación, sino que se pudiera trabajar un
paso más y que la elección de ellas también estuviera ahí (E3).
Otro
elemento para tener en cuenta dentro de las posibilidades de intervención es
que el acompañamiento psicológico permite que las mujeres que acceden a la ILE
piensen y organicen las condiciones en las que van a llevar a cabo la
interrupción del embarazo. Las entrevistadas explican cómo intervienen desde un
lugar que colabora en ordenar el escenario para llevar a cabo la interrupción:
Cuando
hablamos con la mujer por ejemplo el tema de quién va a acompañar, lo voy
hablando yo, con quién va a estar la mujer en ese momento, si va a estar
acompañada por la pareja y un poco ver la actitud de la pareja, si no conviene
que esté con otra persona (…) Bueno esto también con quién van a estar los
niños, en qué lugar, entonces bueno ver que toda esta situación sea lo más
amigable posible (E3)
Cómo
tiene que preparar el ambiente, que ese día tenga las cosas que va a comer, que
tenga agua, si puede estar acompañada de una amiga, de una persona de confianza.
Si tiene hijos que vea cómo lo va a ordenar, si los va a dejar con alguien,
cosa de estar tranquila, si está trabajando que pueda pedirse el día, les hemos
dado certificados médicos también (E1)
Se
agrega con esta posibilidad, permitirles asumir el control en su proceso de
interrupción, reforzar la corresponsabilidad en el proceso, ya que, el equipo
de salud debe confiar en que se llevará a cabo el procedimiento adecuadamente
según las instrucciones y sugerencias aportadas. Y con ello se permite que la
mujer ejerza el cuidado por su propio cuerpo y su salud en el ejercicio de su
autonomía (Lamas, 2014).
Desde
otra perspectiva, la intervención en ILE se constituye en una práctica de
prevención y promoción de la salud (Lenta et al., 2018). Y así, se favorece
desde estos servicios de salud pública el derecho a ejercer libremente los
derechos sexuales y (no) reproductivos, como derechos legítimos de cada mujer
(Ferrara, 2018).
Lo
que hay que laburar es lo que pasa por los intersticios, qué te pasa a vos
cuando tenés un método, cómo vos lo podés llevar en tu vida (…) empezamos a hablar más de lo
subjetivo, en cómo vos encaras tu sexualidad sería puntualmente, sería cómo llevás a cabo tu propia sexualidad, si usas un método es
exclusivamente para no quedar embarazada, pero dónde queda lo que es el placer;
ir por otros lugares. (E2)
En
esta última viñeta, se observa que la profesional reconoce que el acceso al
placer sexual es parte integral de la salud, al comprenderla en sus múltiples
dimensiones. Son miradas que habilitan un espacio psicológico que da un lugar
central a la voz de las sujetas. De lo que se trata, es de facultar la escucha
activa, la reflexión y la toma de decisiones de manera informada y lo más
autónoma posible (Pereyra, 2020).
Me
parece que como esa visión más integral, más respetuosa, más consciente de la
individualidad es lo que podemos aportar nosotros, de conocer y tener en cuenta
historias personales, individuales, la elección de los vínculos, las elecciones
que se han hecho anteriormente, las situaciones vinculares que tuvo la persona,
creo que todo eso lo podemos ver y aportar desde la salud. (E3)
En
las situaciones de ILE yo creo que sí, que tenemos como un poco más de
protagonismo porque si bien desde lo médico no podemos actuar, sí el acompañar,
el sostener. Yo cuando empiezo a dar las
consejerías digo soy psicóloga, te dicen ‘bueno vos me vas a entender mejor’,
las personas vos le hablas desde el lugar de lo emocional y se relajan un poco
más en contar, porque el médico da la medicación y listo. (E4)
De
este modo, la intervención de las psicólogas se convierte en un espacio donde
existe la posibilidad de que cada singularidad sea escuchada, y que en esa
escucha se tenga en cuenta los padecimientos que vienen determinados muchas
veces por los roles de género y sus mandatos (Perrotta,
2014), así como se generan espacios para acompañar procesos de resistencia y
superación de dichos padeceres y mandatos.
CONCLUSIONES
El trabajo de los/as profesionales de la salud en instituciones
públicas se ve afectado por una multiplicidad de factores, donde el rumbo y las
formas de implementar las diversas políticas públicas en los diversos
territorios adquiere una primacía fundamental. En esta investigación
cualitativa hemos recuperación aquellos aspectos posibilitantes
que las psicólogas que garantizaban ILE en la provincia de San Luis fueron
reconociendo como fundamentales para ir construyendo su rol como garantes de
este derecho; derecho que hoy se extiende legalmente también a las
interrupciones voluntarias de embarazos por plazos. Estos aspectos posibilitantes reconocidos no agotan la multiplicidad de
factores posibles implicados, pero su reconocimiento nos permite concluir que
la intervención profesional en psicología en servicios públicos en situaciones
de ILE no se da en un vacío ni de manera aislada. La construcción de un rol
profesional respetuoso de los derechos fue posible junto a otros/as,
interdisciplinariamente y en red. A su vez, se vio notablemente enriquecida por
los feminismos, tanto a partir de las trayectorias de activismo y formación de
las profesionales como por las iniciativas feministas grupales tendientes a
generar redes de trabajo y prácticas instituyentes, en un contexto
socio-sanitario y legal que habilitó cada vez más dichas intervenciones.
El entramado de factores posibilitantes
que logramos reconstruir a partir de las entrevistas cualitativas es complejo y
merece seguir profundizándose. Las profesionales entrevistadas refieren haber
garantizado ILE dentro de los servicios de salud pública debido a que la
consideran un derecho y portan en sus prácticas una visión de salud integral.
Dentro de la construcción de sus formas de intervención, los factores posibilitantes reconocidos se vincularon a la formación
feminista y con perspectiva de género en espacios que no respondieron
necesariamente a la formación de grado. También a la construcción de nuevas
formas de organizar el trabajo en red con otros/as profesionales para poder
sostener la atención de una práctica largamente expulsada de los servicios de
salud en sintonía con un proceso de implementación progresiva de regulaciones
legales y sociosanitarias en torno a los abortos permitidos por ley que, entre
otras cuestiones, les brindó seguridad a las/os profesionales garantes de este
derecho. Y finalmente, las profesionales reconocen las especificidades y
potencias propias de la profesión, cuando esta se ejerce desde la promoción de
derechos y está atravesada por la formación con perspectiva de género.
En este sentido, consideramos sumamente importante continuar
incorporando la perspectiva de género en los planes de estudio de la formación
de grado en Psicología para contribuir en la formación de profesionales con
compromiso en la garantía de los derechos humanos de las personas,
especialmente en el contexto regional, de manera que esta formación no quede
librada a la voluntad personal que determina el interés por ciertos temas y
otros no. Al respecto, desde el año 2019 y tras detectar la falta de abordaje
sistemático de la temática de Educación Sexual Integral y Derecho al aborto en
las universidades del país, se conformó la Red de cátedras en Universidades
públicas nacionales sobre educación sexual integral y Derecho al Aborto (RUDA)
que se enmarca en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y
Gratuito. Además, a nivel provincial, en el ámbito de la carrera de Psicología
de la Universidad Nacional de San Luis, y en tanto parte del equipo docente de
la asignatura Psicología Jurídica y los cursos optativos asociados, hemos
incorporado la problemática de ILE y, más recientemente, las implicancias
profesionales vinculadas a la Ley Nacional N° 27610/2020 de acceso a la
Interrupción Voluntaria del Embarazo, en tanto campo de acción de los y las
profesionales de la Psicología.
Recalcamos, también, la necesidad de promover procesos reflexivos
que tiendan a legitimar las decisiones autónomas de las mujeres como sujetas de
derechos; seguir instalando la problemática del aborto como una consulta de
salud y como una posibilidad de acompañar procesos de construcción de autonomía
en sintonía con la Ley Nacional N°27.610/2020. Así como continuar desandando
discursos que patologizan y estigmatizan las prácticas del aborto y las
subjetividades implicadas. La existencia de normativas internacionales como
nacionales deben instituirse en saberes y prácticas que se vayan reconociendo
desde los trayectos formativos iniciales para afianzar un rol profesional que
garantice el respeto a la libertad y autonomía de las personas sobre su salud
sexual y (no) reproductiva.
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