El problema que ocurre con la inclusión social
en los temas de los presupuestos participativos tiene que ver mucho con la
demostración de ciertos aportes de la literatura de la academia las cuales
existen tanto en los países de Argentina, Chile, Perú incluido Uruguay. Tomando
en cuenta el meta análisis desde un enfoque cualitativo, mediante el cual se
logran incorporar ciertos conocimientos, los cuales presentan una referencia en
la inclusión social empleando las siguientes categorías: edad, sexo, y estatus
social, obteniendo las conclusiones básicas que permiten indicar la existencia
de presupuestos participativos que establecen espacios públicos abiertos,
permitiendo una deliberación formal acerca de los problemas causados a raíz de
la desigualdades sociales, los cuales no han podido obtener resultado alguno. Se
puede inferir que los estudios realizados en los países mencionados, demuestran
que los jóvenes y su participación es escasa pese a que el común denominador es
la habilitación en cuanto a la participación desde el inicio de la
adolescencia; así mismo los sectores de bajos recursos, han observado la
herramienta que les da la posibilidad de conseguir aquellos recursos que les
permita de alguna u otra manera atender aquellas necesidades siguiendo el
sentido de una participación, a pesar de ello, algunos trabajos de investigación
hacen énfasis en la dificultad que surge para poder incorporar estos procesos a
los sectores que presentan la situación de exclusión social. Cuando se hace
mención a los temas de participación de las mujeres, se cae en cuenta que
existen pocas investigaciones que abarquen un estudio sobre los presupuestos
participativos de esta visión, empero, puede observarse la tendencia de la
participación de las mujeres en gran escala en los países de Argentina y
Uruguay, para el ejemplo de Argentina se encuentran las evidencias que demuestran
que en la praxis de la democracia representativa comunitaria las mujeres poseen
una desventaja, la cual predomina en los delegados que en su mayoría son
hombres. Es por ello que cuando se plantean desafíos aún mayores, se logra
evidenciar que, en el contexto peruano, las mujeres poseen en la política un
rol en un plano secundario. Surgiendo así presupuestos participativos como
medios o herramientas de índole social generando así una inclusión (Suárez,
2015).
La revista CLAD sobre reforma y democracia de
Caracas, habla acerca del presupuesto participativo y la crisis que presenta la
democracia representativa, precisando que América Latina obtiene una
representación principal teniendo como síntoma lo político y social, lo que
permitiría fundamentar la existencia hacia un cuestionamiento sustantivo sobre
la efectividad de aquellos sistemas democráticos representativos, esta
problemática, la cual se puede nombrar como crisis de las democracias, señala
que aquellos mecanismos así como los espacios de representación que
caracterizan a todas las democracias representativas, poseen un cuestionamiento
elevado debido a la escasez de efectividad al momento de poder acercar
preferencias de todos aquellos ciudadanos. Se observan también otras
motivaciones, tal como lo señala Álamo y Pérez (2019), lo acontecido con la
democracia de América Latina y en algunas otras de Europa, es lo que se conoce
como la crisis ocasionada por variantes en ciudadanos, así como en la política,
lo cual supondría la creación de nuevos desafíos así también como de
oportunidades, los cuales deberán superarse de manera amplia por parte de la
ciudadanía dentro de los sistemas democráticos de representación (Asociación para las Naciones Unidas en España [ANUE], 2021).
Cuando se habla de procesos de presupuestos
participativos dentro de América Latina, normalmente suelen venir a la cabeza
términos como éxito, fracaso o cambio. Para la revista de ciencias políticas de
la Pontificia Universidad Católica de Chile, a través de un artículo realiza
una revisión a todos aquellos intentos que de alguna u otra manera se
encaminaron o quisieron introducir mecanismos de participación dentro de los
procesos de presupuestos en los gobiernos locales, dentro de esta idea se
planteó una hipótesis general, en la cual, tanto el diseño como los resultados
de estos presupuestos participativos dependían de aquellas intenciones que
presentaban los diseñadores como de todas aquellas condiciones de los lugares
en particular, de manera especial se tomaba en cuenta el grado de
descentralización que existía, así como la participación de las instituciones
de los partidos de oposición, mencionados estos supuestos se llevo a cabo un examen comparativo entre Caracas,
Montevideo y Porto Alegre. Asi mismo, se realizó un
estudio un poco más extenso a nivel nacional en Brasil, Bolivia, Guatemala,
Nicaragua y Perú, obteniéndose entre sus conclusiones que las políticas
nacionales relacionadas con el presupuesto participativo no han tenido éxito en
general que promueva una participación ciudadana a nivel local. Además, se
observa la falta de transparencia fiscal y la incapacidad de establecer
gobiernos municipales eficientes (Cabannes, 2021).
Por su parte, los presupuestos participativos
dentro del continente europeo, así como sus retos y desafíos planteados, los
mismos que se publicaron en la revista CLAD, Caracas, permiten realizar un
análisis de lo que sucedió hace algunos años, en donde se tenía que la
democracia participativa había sufrido un incremento de manera notable dentro
de Europa. Este movimiento incluye a varios países, algunos con diferencias notoriamente
similares, lo que lleva a interpretarlo como una manifestación de la unificación
europea. Mientras tanto, en países de América Latina y algunos de Europa, los
presupuestos participativos se perciben como un cambio vanguardista en los
procesos de democratización local. Este tipo de presupuesto participativo
presenta una existencia casi nula en todo Europa, hecho que se replica en
América Latina. Teniendo en cuenta los niveles sociales, económicos y
políticos, resulta complicado que se pueda generar una dinámica efectiva dentro
de la democracia participativa, este fenómeno es demasiado heterogéneo. Siendo
así, que los países europeos presentan diferencias entre sí, algunas muy
marcadas tanto en términos de cultura política como en las competencias de los
gobiernos locales en temas presupuestales. Algunos países suelen argumentar que
el presupuesto participativo no se ajusta exactamente a las prácticas que tiene
lugar en Francia, Italia, Alemania o España. Hasta el momento no se ha podido
obtener una metodología que pudiera presentarse con el nombre de presupuesto
participativo, ni mucho menos metodologías que puedan considerarse como aquel
conjunto de variantes en el entorno de una base común, como en distintas
experiencias latinoamericanas, donde se puede observar que la metodología
empleada en Porto Alegre ha consistido en importar, adaptar y combinar
distintas ideologías en centenas de ciudades. Se puede mencionar que dentro de
cada país se pueden visualizar varios tipos de metodologías, incluso si se lograra
intercambiar y debatir algunas ideas, un grupo estará a favor mientras que un
unos cuantos estarán en contra. A pesar de ello, los presupuestos
participativos no establecen dentro del viejo continente una metodología
exacta, sino que por el contrario se toma como un tema más político, incluso
generando en algunos casos movimientos que buscan institucionalizar la
participación ciudadana tomando como eje el presupuesto público (Marchena,
2019).
Los presupuestos participativos incluyen la
creación de nuevos mecanismos que innovan la democracia en los gobiernos
locales. En las conclusiones se menciona que los límites, riesgos, desafíos y
potencialidades de estos mecanismos se consideran como experiencias que
fomentan una participación más activa de la población. A pesar de esto, pocas
veces la participación alcanza el 5% de la población general. Superar este
porcentaje plantea desafíos para los gobiernos y movimientos sociales
involucrados en procesos electorales implícitos, quienes reciben críticas de
voces participativas que cuestionan la legitimidad del proceso. Esto refleja
una preocupación constante por la correcta implementación de la participación y
la construcción de criterios que beneficien a aquellos que no participan
activamente, evitando que la participación se convierta en un factor
excluyente.
En algunos casos, cuando la principal o mayor
preocupación que se tiene es la de poder ampliar la participación ciudadana a
través de la aplicación de distintos mecanismos de consulta como por ejemplo el
internet, asambleas populares, gigantografías, propagandas televisivas y
radiales, etc., esto ocasionaría el riesgo de poder reducir todo tipo de
participación a una simple consulta, debido a que si existiese la pérdida de
generación de los espacios y tiempos dentro de una discusión y construcción
colectiva de las propuestas, se tendría la pérdida del carácter deliberativo de
todos aquellos procesos participativos (Villavicencio, 2019).
La participación ciudadana en el proceso
participativo permitiría el enfoque y visibilización
de áreas muy poco abordadas por las autoridades, como lo es la violencia contra
la mujer, pues, se puede delimitar que, si bien existe un presupuesto
encomendado a cada región para la lucha contra la violencia, no se precisa que
talleres o programas se ejecutan con dicho presupuesto o si el mismo fue
implementado para mejorar los programas previamente establecidos. Y, al
realizar un análisis prospectivo respecto al empleo de los recursos, se
delimita que la población no vio un beneficio adecuado respecto a la aplicación
que se brindó, lo cual se evidenció a través de la necesidad de realizar
diversos ajustes dentro del sector jurídico a fin de dinamizar aquellos aspectos
que no habían sido atendidos.
Por ello, el presente artículo encuentra su
justificación en incrementar los conocimiento previamente ya establecidos,
precisando conceptos y características del presupuesto participativo y de la
violencia contra la mujer, asimismo, este estudio a nivel social permite
reflejar que la designación presupuestal invisibiliza la violencia contra la
mujer, no estableciendo programas para combatirla, por ello, a nivel práctico
se establecerá una propuesta para la incorporación de un programa para
erradicar la violencia contra la mujer.
Finalmente, este estudio estableció como
objetivo analizar la importancia del presupuesto
participativo en la violencia contra la mujer.
MARCO TEÓRICO Y/O ANTECEDENTES
1.
Presupuesto Participativo de las Mujeres
1.1.
Definición
El proceso del presupuesto participativo es
aquel mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y sobre
todo transparente que se tiene de los recursos públicos, mediante el cual se
permite fortalecer aquellas relaciones que ejerce el estado con la sociedad
civil. Dentro de este contexto los gobiernos regionales y locales, deberán
promover el pleno desarrollo de los mecanismos, al igual que la creación de
estrategias que permitan la participación en los programas de presupuestos, además
deberán vigilar y fiscalizar la gestión y el correcto uso de los recursos
públicos.
El presupuesto participativo es un instrumento
mediante el cual se plantea y lleva a cabo la toma de decisiones de manera
compartida entre el Estado y la sociedad. Su objetivo es elegir acciones que
puedan implementarse para cumplir con la visión y promover el pleno desarrollo
dentro del marco de los planes de desarrollo concertado (Ministerio de Economía
y Finanzas del Perú, 2018).
Siguiendo con esta definición, el presupuesto
participativo es tomado también como aquel proceso mediante el cual los
ciudadanos de forma individual o a través de organizaciones cívicas, pueden de
manera voluntaria y constante contribuir dentro de la toma de decisiones del
presupuesto público, mediante un conjunto de reuniones que se llevan a cabo
anualmente con las distintas autoridades gubernamentales.
1.2.
Fases y particularidades del proceso del presupuesto participativo
El proceso de creación del presupuesto
participativo debe realizarse teniendo en cuenta la realidad territorial como
la forma en que se encuentra organizado cada gobierno regional o local. Es
crucial respetar el tipo de procedimiento básico que se tenga para el
desarrollo del proceso, adaptándolo a cada región o gobierno local. Esto se
realiza en función a las particularidades y experiencias previas que deben
tomarse en cuenta al momento de implementar estos presupuestos participativos (Bartocci et al., 2022).
1.2.1.
Fase de Preparación
La fase de preparación implica una
responsabilidad por parte de los gobiernos regionales o locales, según
corresponda, quienes deben coordinar estrechamente con los respectivos consejos
de coordinación. Es fundamental que las acciones de comunicación, sensibilización,
convocatoria, identificación y capacitación de todos los agentes involucrados
en este proceso se lleven a cabo de manera oportuna y con suficiente
anticipación. Se sugiere que esta fase comience en enero del año previo para
asegurar su efectividad y adecuada planificación (Pardo-Beneyto y Abellán-López, 2023).
Antes de iniciar las acciones de comunicación,
sensibilización, convocatoria, identificación y capacitación de todos los
participantes, es indispensable obtener la aprobación de la ordenanza que
reglamenta el proceso del presupuesto participativo para el año fiscal
correspondiente. Esto requiere establecer claramente el cronograma del proceso,
así como la conformación del equipo técnico y los distintos mecanismos de
registro tanto para los agentes participantes como para otros que pueda
considerar el pliego.
1.2.2. Comunicación
En este apartado tanto los gobiernos
regionales como los locales deben desarrollar mecanismos de comunicación para
el proceso actual del presupuesto participativo. Es crucial que la población esté
debidamente informada sobre los avances y resultados obtenidos del proceso. Para
ello, se recomienda utilizar diversos medios de comunicación, incluyendo portales
electrónicos, entre otros (Calisto, 2019).
Es importante
resaltar que en la comunicación se debe informar sobre los proyectos en curso
que continuarán el próximo año, así como también sobre los proyectos de
prevención planificados para futuros ejercicios. Además, se debe comunicar
sobre los compromisos de cofinanciamiento de proyectos a través del FONIPREL,
iniciativas como "Agua para Todos" y "Mi Barrio", así como
los convenios con organismos de cooperación internacional, entre otros aspectos
relevantes.
Es fundamental
proyectar de manera transparente el monto asignado al presupuesto
participativo, evitando generar expectativas que excedan las capacidades
financieras de los gobiernos regionales o locales y así evitar malentendidos o
desilusiones en la comunidad.
1.2.3. Sensibilización
La sensibilización resulta importante, ya que
existe una necesidad por promover la participación responsable y organizada de
la sociedad civil en todas las gestiones destinadas al desarrollo local. Esto implica también pfomentar
el compromiso que deben asumir al momento de decidir sobre los asuntos de la
localidad. Por otra parte, se debe fomentar la creación de organizaciones
estratégicas que permitan tener una mayor calidad para el proceso de
participación (Gherghina et al., 2023).
Así mismo, resulta necesario que la sociedad
civil obtenga un poder dentro del proceso, con la finalidad de que la
participación de estos contribuya hacia un mejor desarrollo regional y local.
1.2.4. Convocatoria
Esta fase al igual que las anteriores es
importante, dado que aquí el gobierno regional o local, debe coordinar junto a
su consejo de coordinación, la convocatoria a la población organizada para que
puedan participar dentro del proceso del presupuesto participativo, para lo
cual debe hacerse uso de todos los medios de comunicación adecuados, tomando en
cuenta el ámbito de su jurisdicción, permitiendo así garantizar la correcta y
eficiente comunicación con todos los agentes participantes, precisando que esta
fase se debe iniciar en el mes de enero (Holdo,
2020).
Esta convocatoria debe promover la integración
hacia un proceso de representación de las distintas entidades del estado y de
la sociedad civil, dentro de las cuales se tiene: las direcciones regionales,
universidades, entidades públicas de desarrollo, las distintas organizaciones
empresariales, los colegios profesionales, las distintas asociaciones
juveniles, organizaciones sociales de base, comunidades y asociaciones de
personas con discapacidad, asociaciones de mujeres, asociaciones de jóvenes, al
igual que otras instituciones de jóvenes en situación de riesgo y
vulnerabilidad, ya sea por razones de pobreza, etnicidad, violencia o género
(Hahn, 2022).
1.3.
Identificación y Registro de Agentes Participantes
Para este apartado, es necesario mencionar que tanto el
gobierno regional como el gobierno local deben contar con un sistema de
registro para todos los agentes que participen en este proceso. Dichos agentes
deberán ser seleccionados para cada tipo de proceso participativo por las distintas
organizaciones a las que pertenecen.
1.4.
Capacitación de Agentes Participantes
Dentro de esta sección, el gobierno regional o local
debe implementar medidas que promuevan la capacitación y la creación de
programas destinados al desarrollo de capacidades para todos los agentes
participantes, con un enfoque especial en los miembros del consejo regional,
así como en los regidores y representantes de la sociedad civil (Ortiz de Orue, 2023).
De esta manera, la Dirección Nacional del Presupuesto
Público debe coordinar con los gobiernos regionales o locales la manera en cómo
se desarrollará y promoverán los programas de capacitación descentralizados,
los cuales estarán dirigidos a fortalecer el proceso del presupuesto
participativo, así como los que se consideren necesarios para el
fortalecimiento de este proceso.
Estas capacitaciones deben ser constantes y
permanentes, ser dirigidas hacia las necesidades y las características que
posee a cada población dependiendo de jurisdicción. Deben ser realizadas a
través de las modalidades como talleres o reuniones en las que las distintas
autoridades y la población puedan permanecer informadas sobre las distintas
tareas que involucra el proceso de participación (Paredes y Cárdenas, 2021).
1.5.
Fase de Concertación
En esta fase se lleva a cabo la reunión de los
funcionarios del estado y la sociedad civil para ponerse de acuerdo en el
desarrollo de una labor en conjunto que permita establecer un diagnóstico,
identificación, priorización de los resultados y de los proyectos que traigan
consigo las inversiones. Esto con el fin de contribuir hacia el cumplimiento de
objetivos y obtener resultados que sean favorables para la población, en
esencia para aquellos sectores que posean mayores necesidades de servicios en
cuanto a los servicios básicos.
1.6.
Desarrollo de Talleres de Trabajo
Las reuniones de trabajo se convocan cuando el
presidente regional o el alcalde lo consideran necesario. En estas reuniones,
se desarrollan diversas acciones para priorizar el cumplimiento de resultados,
gestionar proyectos de inversión y atender los compromisos del estado con la
sociedad civil. Es fundamental que tanto el presidente regional como los
alcaldes provinciales o distritales aseguren que estos talleres se convoquen
con la debida anticipación (Rocha de Azevedo et al., 2022).
Es importante precisar que cada uno de estos talleres
debe realizarse mediante una o más reuniones de trabajo, las cuales deben
ajustarse a la cantidad necesaria según las particularidades de cada lugar y
las características de las organizaciones dentro de cada ámbito regional,
provincial o distrital. De este modo, se podrán considerar factores como la
diversidad lingüística de las poblaciones, asegurando así una mayor inclusión y
la comprensión del mensaje por parte de todos los ciudadanos, incluyendo aquellos
que hablan idiomas o dialectos diferentes al castellano. Los talleres de
trabajo mencionados deben estar concluidos antes, o a más tardar, en el mes de
junio.
Por otra parte, el equipo técnico se encarga de ofrecer
apoyo para la realización de los talleres de trabajo. Este equipo debe preparar
y organizar la información necesaria con el fin de consolidar resultados
positivos y evaluar posteriormente todas las propuestas de inversión
resultantes del proceso, para que puedan ser consideradas dentro de los
presupuestos institucionales.
En esta misma línea, es importante llevar a cabo
acciones previas, como actualizaciones de diagnósticos situacionales cuando sea
necesario. Estas acciones deben estar a cargo del equipo técnico, quienes deben
enfocarse en mejorar las diversas condiciones de vida de la población. Los
resultados se reflejarán en los programas presupuestales estratégicos, así como
en aquellos considerados críticos dentro de la jurisdicción.
Para avanzar en el punto anterior, es
fundamental seleccionar un conjunto de proyectos viables que estén alineados
con la consecución de resultados prioritarios. Estos proyectos deben tener un
impacto a nivel regional, provincial o distrital, según corresponda. Su
definición debe estar respaldada por el Decreto Supremo 097-2009-EF y sus
respectivas modificaciones.
En
continuidad con el punto anterior, se detallan los proyectos prioritarios
identificados durante el proceso participativo del año pasado, haciendo
distinción entre aquellos seleccionados para la inclusión en el presupuesto
institucional y aquellos que no lo fueron, especificando los motivos de esta
exclusión. Se enfatiza también en la ejecución del programa de todos los
proyectos y sus respectivas inversiones, especialmente aquellos aprobados en el
presupuesto institucional, así como la lista de proyectos de inversión
ejecutados el año anterior. Es crucial revisar el porcentaje de recursos
de inversión asignados por el gobierno regional o, alternativamente, por el
gobierno local para los procesos participativos. Se buscará asegurar una mayor
disponibilidad de recursos mediante cofinanciamiento.
Se debe elaborar el informe correspondiente sobre los
compromisos asumidos por la sociedad civil y otras entidades del Estado en los
procesos participativos anteriores, evaluando el nivel de cumplimiento de cada
uno de ellos. Además, se abordará la situación de los puntos críticos que
afectan la atención al ciudadano en la provisión de bienes y servicios
públicos. Esto incluye la identificación del déficit en infraestructura,
recursos humanos, equipamientos y materiales necesarios para asegurar una prestación
correcta y adecuada.
1.7. Taller de Identificación y Priorización
de Resultados.
Paso 1:
Presentación del Plan de Desarrollo Concertado – PDC
En esta etapa
se está formulando la visión y los objetivos estratégicos que están delineados
en el Plan de Desarrollo Concertado (PDC), así como el progreso correspondiente
en su ejecución y el logro de los resultados establecidos. En caso de que el
equipo técnico lo recomiende o los participantes lo consideren necesario, se
podrán ajustar los objetivos estratégicos para integrarlos dentro del enfoque
de presupuesto por resultados.
La visión
incluida en el Plan de Desarrollo Concertado será única para todas las
instituciones, tanto públicas como privadas, dentro del ámbito territorial.
Esta visión estará orientada hacia el cumplimiento de iniciativas e inversiones
en diversos ámbitos económicos, sociales e institucionales, así como para la
formulación de políticas públicas a nivel regional o local.
Para lograr los objetivos del Plan de Desarrollo
Concertado, es importante la participación activa de diversos actores, cada uno
con su propia misión definida. Los proyectos deben ser priorizados según el
proceso participativo y alinearse con los objetivos establecidos en el plan de
desarrollo concertado, formulándolos dentro de un enfoque orientado a
resultados. Además, en este taller, el presidente del gobierno regional o el
alcalde deberá informar el porcentaje del presupuesto asignado y su destino
específico para el presupuesto participativo.
Paso 2:
Identificación y Priorización de Resultados
Este apartado tiene como objetivo, identificar
los resultados establecidos a través de términos de mejoras para el bienestar
de los ciudadanos, permitiendo una correcta asignación de los recursos públicos
para lograr las metas de todos ellos. El equipo técnico deberá presentar a los
agentes de este proyecto el diagnóstico del ámbito territorial para dar inicio,
además de informar cuál es el objeto que se utilizará al momento de identificar
y priorizar los resultados.
En este
contexto, el resultado se refiere a cambios en las características, cualidades
o situaciones que afectan de alguna manera al grupo objetivo, ya sea población,
institución, comunidades u otros grupos. Este resultado está vinculado a la
búsqueda de soluciones para problemas prioritarios que enfrenta la población.
Es importante destacar que el problema no debe definirse únicamente como la
falta de una solución o la ausencia de un bien o servicio, sino que debe
mantenerse abierta la posibilidad de considerar diversas alternativas para su
resolución.
En este punto,
los agentes que colaboran con el equipo técnico deben establecer criterios y
asignar puntajes a cada uno de ellos, priorizando así los resultados que se
abordarán. Estos resultados priorizados guiarán tanto la evaluación técnica
realizada por el equipo técnico como la definición de la priorización de
proyectos. De esta fase se obtiene un informe detallado con todos los
resultados identificados y priorizados.
2. Violencia contra las mujeres en el Perú
2.1. Definición
Según Quispe et al. (2018), la palabra
violencia viene del latín vis, que quiere decir fuerza y hace referencia a la
superioridad física con la que se trata otra persona, es la limitación que
sufre un sujeto por otro. La violencia hacia la mujer es un conflicto de género
que ejecuta el hombre teniendo ambos una relación íntima que posiblemente
explique la violencia cometida.
La ONU, citado por Yugueros (2014) enfatiza
que la violencia hacia la mujer es toda acción basada en la adherencia al sexo
femenino, que genere como resultado un perjuicio o sufrimiento físico, sexual o
psicológico para la mujer, así como las amenazas; es por ello que hoy en día,
lo que se busca de manera exhaustiva es la protección de la mujer, por lo que
el ministerio de la mujer está en la obligación de actuar de oficio en los
casos que se amerite, de la mano con el decreto N.º 1323 promulgado en enero del
2017, donde la pena mínima es de 25 años de prisión, pedido que realiza la
ministra de la mujer Ana María Romero Lozada.
De ese mismo modo la ONU en noviembre del 2016,
da una definición de violencia en contra de la mujer: es toda acción que deriva
en un daño físico o psicológico en contra de la mujer, por la tanto es tarea
indispensable del estado buscar sensibilizar a la población frente a temas que
deriven de la violencia como es en el caso del feminicidio. Acotando los
aportes de la ex directora de Manuela Ramos, Gina Yáñez, pidió a las
autoridades crear un registro de todos los agresores.
Todo en conjunto conforma una línea que
siempre que se siga podrá disminuir la violencia hacia la mujer y erradicar ese
tormento que no permite que tengan confianza sobre ellas mismas. Según las
Normas legales, publicado en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, la presente Ley N.º 30364, busca eliminar
cualquier forma de violencia que pueda ocurrir en entornos públicos o privados
contra las mujeres. Esto se logra mediante políticas públicas integrales que
incluyen prevención y protección hacia las mujeres, así como la reparación del
daño causado. Además, se asegura la ejecución de sanciones contra los agresores
para garantizar la seguridad de las afectadas.
Pasiche (2019), afirma que los crímenes cometidos en contra
de la mujer son una forma de violación de los derechos humanos y aquellas
libertades fundamentales que se nos confiere por el hecho de ser seres humanos,
además limita el goce y disfrute de los derechos que la acompañan. En la
convención se afirma que el crimen contra la mujer constituye una violación de
los derechos humanos y las libertades fundamentales, además limita total o
parcialmente los derechos que las acompañan.
2.2. Tipos de violencia
2.2.1. Violencia
física
Sancho (2019) indica que la violencia física
viene a ser toda actividad u omisión que como producto presenta daños (golpes,
quemaduras, fracturas, lesiones en la cabeza, envenenamiento, etc.), esta
acción u omisión se realiza de manera voluntaria, por lo que, no es algo
accidental, esto se da porque existen situaciones en las cuales se da un abuso
crónico, además aquel acto se reconoce por el uso de la fuerza física como por
ejemplo algún empujón, patada, lesión, etc. Este tipo de violencias puede
desencadenar un problema mucho más grande como es el caso de los suicidios u
homicidio debido a los daños que causa
En esa misma
línea, se puede afirmar que la violencia física o corporal es una acción
dirigida hacia un individuo que resulta en un perjuicio intencional. Esta forma
de violencia implica el uso de fuerza física directa, ya sea con objetos o
mediante la propia fuerza corporal, para infligir daños como lesiones, heridas,
golpes, hematomas o incluso mutilaciones, etc.
2.1.2. Violencia psicológica
Para
la OMS y PAHO (1998), La violencia psicológica se
refiere a toda acción u omisión destinada a humillar, espiar o controlar el
comportamiento, creencias o decisiones de otros individuos. Se emplean
herramientas como la intimidación, amenazas directas o indirectas, humillación
u otros medios que afecten la salud psicológica de las personas. Este tipo de
violencia tiene un impacto significativo en el desarrollo individual de la
víctima, comenzando con acciones leves como burlas, críticas o insultos, y
puede llegar a causar un bloqueo mental en la persona afectada.
Cuando se habla
de violencia psicológica, se incluyen gestos o acciones destinados a humillar o
dañar la dignidad del individuo agraviado. Es importante destacar que este tipo
de violencia rara vez se manifiesta abiertamente, especialmente cuando ocurre en
el ámbito familiar.
La violencia psicológica también es conocida como
violencia emocional, por lo que, es una forma de maltrato hacia el ser humano,
este tipo de violencia se encuentra inmersa en la categoría llamada violencia
doméstica. La finalidad de ejercer violencia psicológica es la de humillar a la
otra persona causándole inseguridad y que su valor como persona disminuya. No
es igual a la violencia física, ya que ésta se realiza de manera brusca y la
otra de una manera sutil, casi que ni siquiera se puede percibir.
2.2.3. Violencia
sexual
Según la ONU (2019), la
violencia sexual abarca cualquier acción de un individuo que busca establecer
contacto físico o verbal de naturaleza sexual, o que involucra a la persona en
interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, coerción, intimidación,
soborno, manipulación, amenazas u otros medios que coaccionen a la víctima en
su decisión. En el contexto de la vida sexual, el acto de forzar a alguien
sexualmente se denomina violación, donde es crucial que la víctima no haya dado
su consentimiento o no haya tenido la capacidad de hacerlo.
En resumen, la
violencia sexual implica cualquier forma de agresión que afecte la libertad
sexual de una persona, donde la ausencia de consentimiento voluntario es
fundamental para entenderla como tal.
Se puede
afirmar que la violación es una acción en la que se agrede física o
psicológicamente a una persona con el objetivo de mantener contacto sexual,
coaccionando su voluntad y su entidad como individuo. Es importante destacar
que la violación no se limita a ser perpetrada por personas desconocidas para
la víctima; también puede ser llevada a cabo por alguien cercano a ella, como
un miembro de la familia. La proximidad emocional o la confianza entre la
víctima y el agresor pueden facilitar este acto violento.
2.3. Derechos de las mujeres
Derecho a una vida libre de violencia. La Ley
30364 (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2016) en su artículo
9° nos dice que las mujeres y quienes forman parte del círculo familiar, gozan
del derecho a vivir sin actos violentos, a la no discriminación, al buen trato
social, a no encontrarse bajo patrones de subordinación o sumisión, etc.
Derecho a la asistencia y la protección
integral. – Al respecto el artículo 10° de la Ley, señala que aquellos
organismos o instituciones que conforman el Sistema Nacional para la
Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los
Integrantes del Grupo Familiar, a través de un estudio logístico establecen
aquellos recursos que pueden ser humanos con el objetivo de detectar la
violencia, para poder efectuar una buena labor brindando atención a las víctimas,
protegiendo y fomentando el goce de los derechos vulnerados. Los derechos que
se consideran en este artículo son:
Acceso a la información. Aquellas personas que
se caracterizan por ser mujeres e integrantes del grupo familiar que son
víctimas de la violencia, tienen todo el derecho a recibir información y un
buen asesoramiento en cada caso en específico, además tiene acceso a diferentes
servicios que brinda el estado, así como también a organismos u oficinas estatales.
Promoción, prevención y atención de salud.
– Las mujeres y
los integrantes del grupo familiar que sufren actos que atentan contra su
integridad enfrentan consecuencias tanto físicas como mentales. El acceso a
servicios de salud es proporcionado de manera gratuita por el Estado a través
de centros de salud estatales. Estos servicios incluyen diagnóstico,
hospitalización, medicamentos, tratamiento psicológico y otros recursos que
contribuyen a la rehabilitación de la persona afectada.
Atención social. – a las mujeres e integrantes
del grupo familiar que han sufrido de violencia, el gobierno se ve en la
obligación de hacer un llamado para que puedan ser atendidas en programas
sociales, garantizando total confidencialidad durante el proceso, además de
brindar un trato digno siguiendo siempre los reglamentos ya planteados
legalmente.
2.4.
Causas
2.4.1.
El alcoholismo
Se entiende el alcoholismo como el consumo
excesivo de manera voluntaria de alcohol, la persona que pasa por esta
enfermedad no depende físicamente del alcohol, pero presenta un problema serio
que requiere de ayuda, ya que esto puede causar problemas en el hogar, el
trabajo o en el círculo social más cercano, se da la existencia de muchos casos
en los cuales las mujeres que sufren de violencia por sus parejas, se efectúan
cuando el agresor se encuentra bajo los efectos del alcohol.
2.4.2.
Falta de conciencia en los habitantes de una sociedad
Algunas personas creen que la mejor manera de
realizar una labor es imponiéndose, siendo agresivos o utilizando la fuerza y
la violencia. Sin embargo, esta actitud refleja una total ignorancia sobre el
valor del diálogo y el análisis, que son métodos mucho más efectivos y
asertivos para resolver problemas sociales sin recurrir a la violencia.
2.4.3.
La falta de comprensión existente entre las parejas
La discrepancia de ideas entre las parejas, la
falta de comunicación y la violencia intrafamiliar son las principales causas
de la violencia. Un menor de edad que crece en un ambiente donde existen
conflictos violentos entre los padres tiene una alta probabilidad de
desarrollarse como una persona problemática y con carencia de valores, lo que
afectará negativamente su desarrollo interpersonal, como se ha comprobado
científicamente.
2.4.4.
El Machismo
La Real Academia Española (RAE) define el
término “machismo” como aquella actitud que deja ver la prepotencia de los
hombres sobre las mujeres. Se trata de un conjunto de prácticas efectuadas por
los hombres que derivan en, comportamientos ofensivos contra el género de sexo
contrario. El machismo es un tipo de violencia que no solo abarca la
discriminación a la mujer, sino que además contempla las actitudes en contra de
los hombres homosexuales. También puede hablarse de machismo cuando son
acciones que afectan los denominados metrosexuales o todo sujeto que tenga un
rasgo característico similar al de las mujeres. A lo largo de la historia, el
machismo a nivel social de manera directa o indirecta se efectuaba, como por
ejemplo en el caso de que las mujeres no tendrían el derecho a votar a favor o
en contra de algo importante.
En algunos países, existe y se da todavía la
pena de muerte hacia la mujer en caso de que cometa adulterio, caso contrario
en el hombre, no corresponde la misma pena, así traicione a su pareja. Es una forma de organización social que busca ejercer un poder
dominante entre géneros, siendo los hombres quienes generalmente detentan este
dominio. Aunque las mujeres gozan de sus derechos, todavía existe una carencia
de mecanismos de defensa adecuados para ellas (Colonia
y Marín, 2020).
2.4.5.
Rezagos patriarcales
Se habla de una sociedad patriarcal, cuando en
el transcurso del tiempo se sigue un proceso en el cual, el patriarca es quien
ejerce el poderío sobre otros. En una sociedad patriarcal, se coloca al hombre
en una posición superior a la mujer, donde a menudo se utiliza la violencia
como forma de castigo (Aldana, 2018).
2.4.6.
Falta de comprensión hacia los niños
Es sabido que los niños son seres inocentes por
naturaleza y tienen una gran curiosidad por todo lo que les rodea. Ven la vida
como un gran misterio que están constantemente tratando de entender. En algunos
casos, cuando las madres han experimentado violencia de manera indirecta, las
consecuencias pueden repercutir en los niños. Las madres afectadas pueden
perder la paciencia para guiar a sus hijos, y es así como a veces pueden
maltratarlos debido a la ira y la frustración que sienten, lo que puede iniciar
una cadena de violencia.
2.5.
Regulación Nacional
2.5.1.
Ley 30364
La Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, fue
publicada el 23 de noviembre del año 2015, presentando como objetivo principal
el prevenir, erradicar y sancionar todo lo que englobe al término “violencia”
en agravio de la mujer, ya sea que, la acción puede ocurrir tanto en el ámbito
público como en el privado, y puede estar dirigida contra una mujer debido a su
condición de género o a su relación con miembros de su familia. Esto es
especialmente preocupante cuando las mujeres se encuentran en situación de
vulnerabilidad debido a diversos factores (Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, 2016)
2.5.1.1.
Reglamento de la Ley 30364
Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar aprobado
mediante Decreto Supremo N°009-2016 publicado el 27 de julio de 2016 cuyo
objeto es regular los alcances de la Ley 30364 y facilitar la aplicación de la
referida Ley, detallando su ejecución y operando como instrumento idóneo para
llevar a cabo su contenido de forma eficaz.
METODOLOGÍA
Se
empleó un estudio básico con un enfoque cualitativo, utilizando como técnica
principal el análisis documental. El instrumento utilizado fue la guía de
análisis. Para la obtención de resultados se analizaron diversos artículos
previamente establecidos, de los cuales se extrajo información relevante
necesaria para el estudio.
RESULTADOS
Según la revisión de artículos, se observa que la mayoría de la
población organizada (78%) afirma conocer el concepto de presupuesto
participativo, mientras que el 21.8% restante no está
familiarizado con él. A pesar de este conocimiento generalizado, la
participación efectiva de la población organizada en los distritos es limitada.
Esto se debe en parte a las restricciones relacionadas con los montos asignados
al presupuesto participativo, que solo representan el 25.38% del gasto capital
y no siempre cubren proyectos productivos. Además, existe una problemática significativa relacionada con la
ejecución de los fondos asignados, ya que aproximadamente el 22% de estos no se
llega a ejecutar. Esta situación genera desinterés y desconfianza hacia las
autoridades municipales por parte de la población.
Por
su parte, Calisto (2019) menciona que el presupuesto participativo trae consigo
la generación de inversiones y con ello promueve el desarrollo local. Dejando
como mensaje que los proyectos previstos en gran parte son o poseen una
sobredimensión para las exigencias que necesite el distrito.
El presupuesto
participativo gestiona aproximadamente el 23% de los recursos destinados a la
inversión. Además, se enfrenta a debilidades en la construcción de un clima de
confianza y compromiso necesarios para llevar a cabo las inversiones
prioritarias según la población. Es importante destacar que este proceso puede
debilitarse cuando muchos distritos no logran ejecutar los montos de inversión
planificados inicialmente.
En términos
generales, el proceso participativo está en constante desarrollo y requiere la
participación directa de todas las autoridades municipales para facilitar la
concertación de inversiones y asegurar su consolidación a largo plazo.
En esta
investigación se corrobora lo mencionado por Calderón (2019), donde las
encuestas indican una falta de priorización efectiva en la ejecución de
inversiones y una gestión poco eficiente de los gastos en el presupuesto
participativo. Esto sugiere que la población no percibe este proceso como
transparente ni eficaz en la optimización de los recursos destinados al
beneficio público.
Esto se traduce
en una falta de confianza en la capacidad del presupuesto participativo para
abordar las deficiencias en la ejecución de proyectos de inversión necesarios
según las demandas de la ciudadanía. Como resultado, se observa una pérdida de
credibilidad y una baja participación por parte de la ciudadanía en este
proceso.
En relación con
la Participación Ciudadana en el presupuesto participativo, Wampler
et al. (2021) destacan que la participación activa de los agentes
participantes, junto con el acceso a capacitaciones y la información necesaria,
son factores clave que contribuyen a la efectividad del proceso en términos de
obtener resultados concretos.
Este punto se
asemeja a la tesis de Paredes y Cárdenas (2021), quienes argumentan que las
capacitaciones continuas para los agentes participantes y el comité de
vigilancia son fundamentales. Estas capacitaciones aseguran que dispongan de
las herramientas necesarias para elaborar perfiles de proyectos alineados con
los planes estratégicos municipales. Además, facilitan el monitoreo de la
ejecución de gastos y el progreso de las obras, permitiendo una fiscalización
eficiente de todos los recursos asignados al proceso participativo en las
municipalidades a nivel nacional.
En
cuanto al cumplimiento de los procedimientos del reglamento del presupuesto
participativo, se llega a la conclusión de que estos no se cumplen
adecuadamente. A menudo, no se respetan los acuerdos establecidos durante la
fase de concertación en el taller de formulación de acuerdos y compromisos, a
pesar de que exista un acta firmada por los agentes y responsables del proceso.
Esta
falta de cumplimiento debilita la transparencia y la credibilidad en las
autoridades y funcionarios de las municipalidades. Es crucial que los
compromisos acordados en estos talleres sean respetados y llevados a cabo
fielmente para mantener la integridad del proceso de presupuesto participativo
y asegurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones locales.
Respecto
al cumplimiento de informar, la escasez de la publicitación de los resultados
que forman parte del presupuesto participativo no incentiva a una mayor
participación al momento de la consulta ciudadana para los siguientes años, lo
cual es de esperarse, dado que, al conocer lo limitado que presentan estas
acciones comunicativas por parte de las delegaciones se estaría expresando la
falta de una debida transparencia.
Otro factor que contribuye a la baja participación
ciudadana es la limitada comunicación y difusión de los presupuestos
participativos durante los procesos, así como la rendición de cuentas
insuficiente. Estos elementos crean un ambiente de desconfianza y desinterés
entre la población.
Por
otro lado, es importante mencionar que cuando se promueven procesos sustantivos
de participación ciudadana, se puede observar un comportamiento activo por
parte de las organizaciones sociales de la sociedad civil. Este resultado es
fundamental para promover procesos participativos que complementen la
democracia representativa. En estos casos, los diseños institucionales no son
tan determinantes como la voluntad política de los alcaldes y el rol dinámico
que desempeña la sociedad civil.
Asimismo, al
abordar las dificultades y limitaciones para fortalecer el proceso de
vigilancia y rendición de cuentas, se identifican varios puntos destacados. Las
organizaciones sociales de base demandan al gobierno local un mayor espacio
para el diálogo, así como una capacitación continúa dirigida a los agentes
participantes. Esta capacitación tiene como objetivo sensibilizar a la
población civil sobre la importancia de los procesos de vigilancia social y
rendición de cuentas.
Es crucial
evaluar los procesos para garantizar la inclusión de todos los actores sociales
y políticos. Existe un consenso marcado en cuanto a la desconfianza hacia los
informes de rendición de cuentas, lo que afecta las relaciones armoniosas entre
los habitantes y el municipio. Por lo tanto, es imperativo mejorar la calidad,
precisión y oportunidad de la información proporcionada en estos procesos.
En cuanto a la
ejecución de los gastos, se ha observado que muchos de los proyectos
seleccionados en los talleres de presupuesto participativo no se han ejecutado
en su totalidad. Se ha notado también la transferencia de fondos destinados a
otras obras, lo cual indica una falta de compromiso por parte de las
autoridades. Además, los agentes participantes de la sociedad civil parecen
tener poco o nulo peso al intentar hacer cumplir los acuerdos establecidos en
estos proyectos.
En relación a lo mencionado anteriormente, es importante
destacar que una asignación adecuada dentro del presupuesto participativo
podría tener un impacto significativo en la reducción de la violencia contra
las mujeres. Esto podría lograrse mediante la implementación de charlas,
talleres o campañas diseñadas para capacitar a las mujeres en la adquisición de
habilidades que les permitan obtener un sustento económico independiente.
Actualmente, se observa que ningún porcentaje del presupuesto participativo está
destinado específicamente a iniciativas para reducir la violencia de género. En
su lugar, la mayoría de los recursos se centran principalmente en la
construcción de obras públicas y otras infraestructuras.
CONCLUSIONES
Se determinó que el presupuesto participativo tiene el potencial
de mitigar la violencia contra las mujeres mediante la implementación de
programas y talleres dirigidos específicamente a ellas.
Se determinó que las autoridades destinan el presupuesto
participativo a la ejecución de obras públicas como pistas y veredas, dejando
de lado la mitigación de la violencia contra la mujer, pese a ser un tema de
relevancia social.
Se determinó que la incorporación y participación
activa de las mujeres en la asignación del presupuesto podría facilitar
la destinación de recursos para actividades destinadas a mitigar la violencia
contra ellas.
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