El 3 de junio de 2015, en Argentina se llevó a cabo la primera marcha llamada “#Ni Una Menos” para denunciar los casos de femicidios en el país, que desde dicha fecha hasta el 30 de mayo de 2024, registraron unos 2544 casos. El dato final es de un femicidio cada 31 horas en el país (Observatorio de las Violencias de Género | Ahora Que Sí Nos Ven, 2024, p. 10). La acumulación de marchas y demandas sociales de respuestas estatales ante estas cifras, dan en aquella época con la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades a nivel nacional, así como de diversas políticas de abordaje de la violencia por razones de género en diferentes ámbitos nacionales y provinciales.
Como parte de un proceso de ascenso y visibilización del Movimiento Feminista en el país desde el 2015 en adelante, en el 2019 y en Argentina se definen una serie de políticas de inclusión e inversión estatal en materia de género. Entre algunas de las medidas, se sanciona el uso del lenguaje no sexista en documentos de Estado, el cambio registral en el Documento Nacional de Identidad (para incorporar identidades no binarias), el Cupo Laboral Travesti-Trans y la sanción de la Ley N° 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el 2021. Este proceso de ebullición de los feminismos y de institucionalización de parte de sus reclamos en el Estado, se ve interrumpido abruptamente en diciembre del 2023, cuando asume la conducción nacional el partido de extrema derecha “La Libertad Avanza”, cuyo referente es el actual presidente Javier Milei.
Entre las primeras medidas del gobierno libertario, a comienzos de junio de 2024, fue la eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y despido de la mayoría del personal de la línea 144 de atención a víctimas de violencia por razones de género. Además, se procedió al congelamiento del programa “Acompañar”, que otorgaba una asistencia económica a mujeres y personas integrantes de la población LGTBIQ+ en situación de violencia por razones de género, así como se retiró el programa “Registradas”, el cual buscaba reducir la informalidad de las trabajadoras de casas particulares, integrándose al empleo registrado. También, se prohibió el uso del lenguaje inclusivo y cualquier referencia a la “perspectiva de género” en los documentos de la administración pública y se comenzó a hablar desde el gobierno de “ideología de género”[3].
Al analizar los cambios en materia de derechos de género en el Estado argentino desde diciembre de 2023, con la asunción de un nuevo signo político en la gestión nacional, se puede comprender lo frágil que es la relación entre la inversión y el compromiso estatal en las políticas de ampliación de derechos para las mujeres, los cuerpos feminizados y la intervención en violencia por razones de género. Esto revela que dichas políticas, más que una verdadera política de Estado, tienden a depender de la administración de turno y de sus prioridades gubernamentales. Sin embargo, existen determinadas políticas y abordajes sobre la violencia por razones de género que, tanto en Argentina como en el mundo, se han consolidado como modalidades de intervención. Estas con la misma y que articulan dispositivos del poder ejecutivo, legislativo y judicial, y es necesario analizarlas en función de su continuidad y legitimidad a lo largo del tiempo.
En este sentido, el presente artículo se centra en el análisis de artículos, informes y libros que abordan las políticas estatales de intervención con masculinidades y violencia por razones de género a partir de 2015 en diversos países, vinculándolos con los datos obtenidos en una investigación cualitativa llevada a cabo en el Centro Integral de Varones en Situación de Violencia (CIV) de Córdoba. En cuanto a la organización de la presentación de las ideas, en primer lugar, se exponen los principales hallazgos obtenidos a partir de una revisión sistemática de debates feministas, artículos, informes, libros y estudios que han sido producidos en torno a los espacios de intervención estatal de violencia por razones de género con varones en diferentes países. En un segundo momento, se analizan los enfoques epistémicos-teóricos y metodológicos del trabajo con varones que se visibilizan en el CIV, destacando algunos de sus componentes significativos para la intervención, como la demanda, el tiempo asignado a los grupos socio-educativos y los espacios de formación profesional. Finalmente, a partir de la interpretación y articulación de los datos, se triangula la información y, en base a los siguientes interrogantes, se organizan las reflexiones finales: ¿Cómo influyen los diferentes enfoques de trabajo con varones que organizan la intervención de los/as agentes estatales en la transformación de la subjetividad masculina que transita por estos programas?; ¿Es efectivo un abordaje que se direcciona al cambio cognitivo-conductual pero minimiza el contexto de vida de los sujetos?; ¿ En qué medida se cuestionan y se penalizan las prácticas machistas sin abordar el contexto histórico, social, económico, cultural y político que continúa legitimándolas y reproduciéndolas?; ¿Qué efectos genera que no se atienda a la dimensión social e histórica de los fenómenos de la violencia y la desigualdad de género y se apueste al abordaje únicamente punitivo-psicologizante para desarmar aquellas situaciones cuya génesis colonial el mismo Estado provocó?
Es menester señalar la relevancia del estudio de las masculinidades desde los feminismos, ya que se trata de analizar relaciones de género que no son estáticas ni biológicas, sino construcciones sociales condicionadas por los contextos social, económico, histórico y cultural. En el caso de este artículo, se abordaron los estudios feministas sobre la masculinidad hegemónica (Connell, 1995), en tanto modelo aspiracional que se sostiene sobre un cuerpo ficcional de pura potencia, donde el rechazo a lo femenino y el ejercicio de poder sobre los cuerpos feminizados y otras masculinidades es naturalizado. Empero, los estudios feministas interseccionales (Crenshaw, 1989), muestran que la masculinidad no se construye y experimenta de forma homogénea, sino que se intersecciona con dimensiones como la raza, clase, la capacidad, la sexualidad, entre otras. En particular, en este escrito se trabaja con políticas públicas que abordan una población de varones de sectores populares, racializados y marcados como violentos.
En ese sentido, en la última década en Argentina, se han desplegado múltiples iniciativas estatales para abordar el problema de la violencia patriarcal desde la intervención con varones denunciados por violencia de género. En efecto, estas apuestas son organizadas y desarrolladas para diferentes poblaciones, con disimiles recursos, plurales estrategias y enfoques teóricos-metodológicos; aunque se direccionan a los mismos fines: intervenir sobre la violencia por razones de género a través de la interpelación a la masculinidad cisgénero y predominantemente heterosexual.
MARCO TEÓRICO Y/O
ANTECEDENTES
Los debates y
abordajes de la masculinidad desde los feminismos en la academia, tienen una
genealogía extensa pero marginal que se puede situar desde los años 70 en
adelante. Viveros Vigoya (2007) explica que representantes del feminismo
liberal como Betty Friedman y las mujeres reunidas en la Organización Nacional
para las mujeres en los Estados Unidos, comenzaron a debatir la igualdad con
los varones ya a inicios de los 80, cuando se desarrollaron otras líneas
feministas, las cuales planteaban una superioridad moral de las mujeres en
relación con los hombres y que estas se expresaban con una voz que el
androcentrismo desconocía o negaba. Para otras autoras feministas como Mackinnon
(2018), la violencia masculina contra las mujeres que se mostraba en la
pornografía, la prostitución y el matrimonio heterosexual, era caracterizada
como algo inevitable en las relaciones de género; por lo que alcanzar la
equidad de género era posible solamente transformando radicalmente a los
varones y a la masculinidad. En esta perspectiva, los hombres eran sujetos con
predisposición a la violación debido al poder que les confería su superioridad
física.
Desde la mitad de los
años ochenta, según Viveros Vigoya (2007), el debate se desplazó de la
diferencia de género a las diferencias entre mujeres. Los feminismos negros y
marxistas señalaron las conexiones entre género, raza, clase y relaciones de
poder, entre otras; advirtiendo que los varones, así como las mujeres, no son
iguales entre sí. Patricia Hill Collins, Angela Davis y Bell Hooks han
mencionado que los hombres negros no son emparentables a los blancos y
estereotipos masculinos hegemónicos de la masculinidad. Por tanto, se vuelve
necesario examinar estas intersecciones y conectar las relaciones de género con
las otras estructuras sociales. De todas maneras, las teorías feministas
insisten en que aun en sus diferencias, los varones en sí, como categoría
social, ocupan colectivamente una posición de dominación en relación con el
colectivo de mujeres (Bard Wigdor, 2023; Connell, 2000).
En este breve
recorrido por la genealogía feminista de abordaje de estudios de la
masculinidad, las producciones teóricas de Nuestra América se inscriben en la
lectura interseccional del género, analizando las matrices de opresión y
privilegios que se generan debido al género, la racialidad, la generación, la
discapacidad, la procedencia geográfica, la clase social, entre otras. Se
abordan estudios sobre relaciones de género en contextos rurales, en
comunidades indígenas, en grandes urbes y espacios sociales específicos como
instituciones educativas, contextualizando el momento histórico y el fenómeno
en particular que se examina. Una autora relevante en el campo es Rita Segato
(2014), quien aborda desde una perspectiva descolonial la violencia por medios
sexuales y la masculinidad como dispositivo colonial, en tanto efecto de un
proceso que se arrastra desde el nacimiento de los Estados Nación. Mara Viveros Vigoya es otra autora clave
en el estudio de la masculinidad y su intersección con la raza, la clase y el
contexto latinoamericano, de manera similar a Sayak
Valencia en México, quien aborda la masculinidad vinculada al narcotráfico y al
neoliberalismo. Otro referente en el área, es el mexicano
Roberto Garda, quien produce la teoría acerca de la relación entre masculinidad
y violencia por razones de género, proponiendo un dispositivo de abordaje para
intervenir en el área que ha sido recuperado por asociaciones civiles y áreas
del Estado que pretenden trabajar el tema. En Argentina, la producción sobre
masculinidad se encuentra mayormente asociada a los Estudios de la masculinidad
o referentes varones que desde enfoques feministas han realizado
investigaciones relevantes en el área como Stefano Barbero, Fabri, Jones, entre
otros y otras autoras.
En este breve recorrido, la propuesta que se desarrolla
se enmarca dentro de los estudios feministas de la masculinidad con un enfoque descolonial, entendiendo la masculinidad como una
construcción ficticia, un estereotipo aspiracional al que los varones intentan
aproximarse a través de rutinas, prácticas y discursos cotidianos, los cuales
dan forma y materializan el género, así como las relaciones sociales (Bard Wigdor, 2023). La búsqueda de
aproximarse al estereotipo de masculinidad, que es heterosexual, colonial y
blanqueada, en tanto norma social, genera invisibilidad respecto a la
pluralidad real de existencias masculinas que no puede reconocerse a sí mismas
ni entre sí; aún cuando la mayoría de los varones produzcan copias fallidas
sobre el modelo/norma al que aspiran parecerse. Modelo que es efecto de
estéticas, valores, gustos, deseos, emociones y ejercicios de poder sobre otros,
que ponen en evidencia la genealogía colonial en el modo de ser hombre
occidental (Bard Wigdor, 2023). Así, el modo en que los varones han sido
socializados en el orden patriarcal, capitalista colonial, los constituye en
sujetos cuya práctica se basa en la violencia y en el control, sobre todo de
los cuerpos feminizados y de los territorios (Segato, 2003). De manera que
hacerse hombres, es una configuración cotidiana desde las estructuras socio
históricas que hacen a la familia, al orden productivo y reproductivo; a la
cultura, la socialización y éstas a las representaciones, emociones, la
sexualidad y todo dispositivo de subjetivación por el que se transmite la
legitimidad del poder de control y uso de la violencia contra los cuerpos feminizados
(Bard Wigdor, 2023).
En ese sentido, cuando
los varones no asumen y problematizan sus privilegios, desestiman
responsabilidades en el ámbito doméstico, abusan de la fuerza de trabajo de las
mujeres para cuidar y asistir, ejercen el control y dominio sobre la pareja,
están produciendo una masculinidad patriarcal. Por eso, las violencias de baja
intensidad son el fundamento diario de las desigualdades de género y no solo
aquellas que suelen ser documentadas por espectacularizables como son los
femicidios o las violencias físicas. A causa de las violencias llamadas de baja
intensidad, las mujeres evidencian un deterioro de la autoestima, impotencia,
cansancio, abandono de proyectos personales, entre otros síntomas singulares
que afectan sus condiciones de buen vivir (haciendo referencia a la propuesta
de los movimientos indigenistas y del feminismo comunitario). Estas situaciones
constituyen el fenómeno social de la desigualdad de género que engendra las
violencias, por lo que es difícil que podamos abordarlo de modo individual. De allí
que se piense en los grupos de varones como iniciativas colectivas para la
reflexión crítica sobre la masculinidad, la desigualdad y las violencias por
razones de género (Lugones, 2012; Bonino, 2002; Segato, 2014).
Los feminismos no
biologicistas han abordado la violencia por razones de género como una cuestión
no de varones sino del patriarcado, el sexismo, el racismo y la dominación
masculina (Hooks, 2017). En efecto, asumiendo una perspectiva relacional del
género, los feminismos han realizado importantes y valiosos aportes para el
estudio de las masculinidades. Especialmente resulta relevante para el análisis
de estas políticas, reconocer que en las agendas estatales, la ausencia de
debate y análisis en torno a la hegemonía de lo “masculino” y de lo
"blanco" han fortalecido, aún sin buscarlo, los regímenes de raza,
patriarcado y eurocentrismo (Viveros Vigoya, 2007) heredados de una historia colonial
(Quijano, 2019; Castro-Gómez y Grosfogel, 2007). Por ello, una epistemología
feminista descolonial que aborda la configuración particular de la violencia
por razones de género y la masculinidad tradicional en América Latina, necesita
atender al problema de la dominación patriarcal en su intersección con aspectos
como el racismo y el colonialismo, en tanto múltiples estructuras de opresión
que operan y permean las relaciones sociales en territorios marcados por la
conquista.
Abordar las violencias
que viven las mujeres y cuerpos feminizados desde una perspectiva descolonial,
es atender a las opresiones múltiples producidas en estructuras de dominación
codeterminantes y simultáneas, de acuerdo a lo que Lugones (2012) nombró como
Colonialidad del género y que es herencia colonial que rige las relaciones
sociales desde aquel entonces y configura el Estado mismo. En este marco, desde
los feminismos comunitarios de Bolivia (Guzmán, Paredes, Cabnal) se desarrolla
la categoría de entronque patriarcal, que es el modo en que las relaciones de
poder del patriarcado ancestral se potenciaron con el patriarcado europeo
colonial en el momento de la invasión del territorio ancestral (Cabnal, 2010),
reconfigurando relaciones de género y tornándolas jerárquicas, explotadoras y
opresivas. Así, el aporte de una lectura descolonial de categorías como
patriarcado, posibilitan un esfuerzo analítico y metodológico de conexión de
los contextos históricos de producción de las relaciones de desigualdades
genéricas desde la configuración del Estado Nación mismo, mapeando su
traducción en relaciones hetero-cis-sexistas, racistas, clasistas y
capacitistas contemporáneas, las cuales estructuran las relaciones de género y
entre los propios varones como explica Rita Segato, pero también las formas en
que se ejerce el poder estatal.
METODOLOGÍA
La presente investigación se efectuó desde un enfoque metodológico cualitativo, debido a la relevancia que se le otorgó a la interpretación, comprensión subjetiva y flexibilidad en las estrategias de recolección y construcción de datos. Este enfoque permite abordar complejidades inherentes a los grupos de varones, indagando en sus contextos y en las relaciones de poder en vínculo a otras corporalidades y a la vida cotidiana. En efecto, el carácter interpretativo del abordaje cualitativo nos permite comprender cómo se vinculan las políticas públicas que se analizan en este trabajo con las prácticas y discursos de los profesionales y otros actores, desde donde construyen, negocian y reinterpretan su experiencias en contextos específicos; así como interpretar los efectos probables de los dispositivo en análisis.
A partir de técnicas como la revisión sistemática de bibliografía (RS) sobre políticas públicas de abordaje estatal de la violencia por razones de género en diferentes contextos geopolíticos; entrevistas semiestructuradas con profesionales del CIV en Córdoba; observaciones no participantes de los grupos socio-reflexivos que se generan en dicha institución cordobesa y la confección de un cuaderno de campo por la autora; se reunió una serie de informaciones y posterior construcción de datos que se analizan en la sección de resultados.
En ese sentido; en primer lugar, en este trabajo se procedió en la revisión sistemática de artículos (RS) que analizan dispositivos estatales de trabajo con varones desde los años 80 en adelante, década donde se reconoce la necesidad del estudio de la masculinidad y espacios de trabajo con varones (Vivero Vigoya, 2007). Posteriormente, a partir del 2015, se produce por un estallido general de demandas feministas y respuestas estatales a los problemas que las organizan, siendo la violencia por razones de género y los femicidios el principal tema identificado.
Metodológicamente, la revisión sistemática (RS) proporciona un marco de trabajo riguroso y sistemático para llevar a cabo revisiones bibliográficas, las cuales son una fase obligada de toda nueva investigación académica (Booth et al., 2016). La exploración fue principalmente virtual (desde el 2015 en adelante), a través de palabras claves como Estado, dispositivos de trabajo con varones, violencia por razones de género y políticas públicas, para identificar contribuciones epistémicas e investigaciones empíricas vinculadas al tema de interés. Los sitios de búsqueda fueron las principales bases de datos de textos académicos como JSTOR (Journal Storage); Social Science Research Network (SSRN), PsycINFO, Social Sciences Citation Index (SSC); Scopus; Google Scholar; SAGE Journals; ProQuest; EBSCOhost y Academia.edu. También se visitaron bibliotecas locales. A los fines de realizar un recorte para el análisis y presentación de resultados preliminares, se trabajó con un total de 15 artículos científicos y 5 capítulos de libros explorados.
Esta búsqueda bibliográfica permitió reconocer que no existe una basta producción evaluativa de estas políticas de trabajo con masculinidades y que por tanto, es un tema de vacancia. A excepción de investigadores de EEUU donde se localizan los principales textos académicos sobre el área, se obtuvo poca información de otros contextos y realidades, en parte porque este tipo de abordaje es novedoso y porque existe escaso tiempo de acumulación experiencial en el Estado. Por eso, vincular o relacionar los escasos análisis encontrados en RS con las formas de intervenir en la violencia por razones de género desde el caso de estudio, fue central para los resultados que aquí se comparten.
Técnicas de
recolección de datos
En concreto, la investigación consistió en observaciones no participantes en los grupos socio-reflexivos con varones que se desarrollaban en la institución semanalmente durante la duración total de los mismos, y entrevistas semi-estructuradas y en profundidad con el equipo de profesionales del CIV. Se tomaron 7 entrevistas semiestructuradas a profesionales del CIV, observaciones no participantes de 4 grupos socio-reflexivos (de 12 encuentros cada uno) durante todo el funcionamiento de los mismos; en diferentes horarios, días (lunes, miércoles, jueves y viernes) con duplas coordinadoras que variaba, y se aplicaron 10 observaciones no participantes en las primeras entrevistas de los varones que asisten por primera vez al CIV. También, se efectuó una revisión bibliográfica y documental de los antecedentes de la institución que consistió en fichas de registro de las primeras entrevistas (del año 2016 al 2022) e informes institucionales disponibles (año 2020 y 2021).
La entrevista semiestructurada según Guber (2001), es una técnica de recolección de datos cualitativos en la que el investigador/a se orienta por una guía de preguntas confeccionadas con anterioridad, pero siempre con flexibilidad para reformular, agregar o sacar preguntas según cómo discurra la conversación con la persona entrevistada. Así, a diferencia de una entrevista estructurada, este tipo de técnica nos permite puntualizar, profundizar o dar lugar a temas emergentes y explorar áreas de interés de la persona entrevistada o que nos surgen en el proceso mismo de la conversación. En el CIV, se realizaron 7 entrevistas a profesionales actualmente activos en el CIV y a dos ex trabajadores, una entrevista a la funcionaria a cargo en el momento que se ingresó a la institución (una psicóloga) y otra al funcionario que se encuentra actualmente en la coordinación (un psicoanalista). Todxs son psicólogxs, psiquiatras y trabajadores sociales de la institución y el tema de conversación fue acerca de diferentes dimensiones como el enfoque teórico-metodológico con el que trabajaban en el CIV, apreciaciones sobre la política, los sujetos con los que trabajan; dinámica laboral, condiciones de trabajo, formación y proyecciones en el espacio.
Asimismo, la otra técnica utilizada, la observación no participante, implica registrar de modo detallado una situación, prácticas, relaciones y discursos entre sujetos de manera sistemática y en un contexto determinado. Es una técnica de recolección de datos cualitativa donde se aspira a no intervenir activamente en las actividades o interacciones de los sujetos comprendidos en la pesquisa. Por eso, se sostiene un distanciamiento consciente y deliberado, de modo de achicar al máximo la influencia de quien investiga en los sujetos de su investigación. Guber (2001), analiza el modo en que una visión descriptiva y detallada de las situaciones que importan documentar es imposible de lograr desde la búsqueda de la neutralidad; por lo tanto, es preciso asumir que lograr una posición de distancia es complejo porque todo proceso de observación implica una interpretación subjetiva del investigador/a y una presencia que necesariamente genera afectaciones en los sujetos. En el caso del CIV, la presencia de las investigadores fue advertida, debatida con los grupos a los que asistía y consensuada con todos. De todas maneras, en el transcurso del tiempo, su presencia en los grupos se fue naturalizando y de ese modo, se logró una participación no activa en la observación semanal de sus reuniones.
El CIV: un dispositivo estatal de abordaje de la violencia de género con varones
En este trabajo se tomó una experiencia local en la que las autoras participaron como investigadoras en el marco de un proyecto denominado: “Políticas públicas y género en Córdoba: análisis y recomendaciones para el fortalecimiento de la salud integral, el rol de los medios de comunicación y el abordaje de la masculinidad hegemónica” (2021-2024)[4], donde la participación estuvo vinculada al eje de masculinidades. Desde un enfoque feminista descolonial e interdisciplinar, se examinó uno de los programas de atención de la violencia de género del ex-Ministerio de la Mujer de Córdoba (MMC) ahora secretaria, denominado “Centro Integral de Varones en situación de Violencia” (CIV en adelante).
El CIV se sitúa en la provincia de Córdoba, cuenta con una serie de políticas públicas destinadas al abordaje de las violencias por razones de género y en especial de atención a varones denunciados por diferentes tipos de violencias, contempladas en la Ley 9283 contra la violencia familiar de Córdoba. Fue esta ley la que impulsó la creación del Ministerio de la Mujer, el cual fue desjerarquizado a Secretaría en el 2024. En el marco de esta Secretaria funciona el actual Polo Integral de la Mujer y allí el Centro Integral de Varones en Situación de Violencia (CIV). Los varones que se atienden en dicho programa, llegan por una demanda de oficio que se genera cuando la policía, jueces, Ministerio Fiscal u otros organismos públicos, inician un procedimiento judicial o administrativo contra un varón. Esto da inicio a una intervención estatal sobre la vida del hombre denunciado, que no requiere de su consentimiento o interés, sino que el Estado lo obliga a que responda por sus presuntos actos de violencia ante las instituciones pertinentes y comience el tratamiento que allí se defina. El costo de negarse puede ser la cárcel, la restricción de visita a sus hijos/as o penas económicas.
El edificio del CIV funciona en pleno centro de la ciudad de Córdoba aunque atiende a población de toda la provincia y su ingreso es custodiado por dos policías. Luego, los usuarios se encuentran con una mesa de entrada donde son recibidos por los administrativos del lugar y deben realizar los trámites pertinentes. Posteriormente se encuentran con el equipo de profesionales de la institución que suma unas 13 personas, la mayoría son psicólogos/as, salvo una trabajadora social y una abogada. El director es psicoanalista y en el año 2024 sumaron una psicóloga como coordinadora de la institución. Para acudir al lugar, los varones son derivados por oficio judicial debido a causas de violencia por razones de género y el equipo técnico debe realizar una evaluación interdisciplinaria, con el objetivo de definir “el tratamiento” que corresponde en cada caso, de manera que se genere un proceso de cambio por parte del sujeto que ejerce violencia. Para lo cual, en el dispositivo se valora si los individuos presentan situaciones de necesaria atención psiquiátrica y/o de consumo de alcohol/sustancias psicoactivas, a los fines de su derivación y tratamiento, o si pueden ser incluidos en grupos socio-educativos que funcionan en la institución. Como objetivo, se plantean evitar la reincidencia de los varones en el ejercicio de las violencias, aunque no cuentan con mecanismos de seguimiento de los varones una vez que “egresan” del dispositivo (Cuaderno de campo de la autora, 2022, diciembre, 14:00 h).
Durante la exploración y recolección de datos en el CIV, la estrategia de trabajo de campo asignó gran relevancia a la voz de los sujetos involucrados durante toda la investigación, lo cual motivó a que se basara en los preceptos que se enmarcan en el “Consentimiento Libre, Previo e Informado” (CLPI). Esto supone la plena decisión de los/as entrevistados/as y observados de participar de la indagación de manera consciente, anónima y con la correcta protección de sus datos. Por ello, y para garantizar la confidencialidad, las personas entrevistadas y observadas fueron notificadas de su derecho a permanecer en anonimato respecto a los datos que aporten y firmaron un consentimiento informado donde se explicita las características, los objetivos del estudio y el tratamiento confidencial y ético de los datos. Como la participación en este proceso es voluntaria, se podía retirar la participación en el proyecto en cualquier momento y sin necesidad de justificar el motivo. Además, en todo el proceso de investigación el anonimato fue respetado y cuidado. También, se protegieron los datos del proyecto en un lugar seguro, así como se informó de modo constante a las personas participantes sobre los compromisos, responsabilidades, tareas y beneficios de dicha participación. Además, de modo escrito se garantizó la transparencia de la información y la disponibilidad de los datos, así como el consenso para futuras publicaciones de los resultados de la investigación.
Finalmente, resulta fundamental poner en relación la RS
que se realizó con el trabajo de campo desarrollado en el dispositivo estatal
del CIV (2022 y 2023), para comprender la dimensión local y situada de un mismo
fenómeno. Se cree que, si bien es una experiencia particular de la provincia de
Córdoba, puede permitir comprender una situación que se replica, aún con sus
diferencias, en diferentes propuestas estatales.
RESULTADOS
Revisión bibliográfica
sobre dispositivos de abordaje con varones que ejercen violencia por razones de
género
A partir de la RS sobre experiencias de trabajo desde dispositivos estatales de atención a varones que ejercieron violencia por razones de género en distintos contextos, son predominantes los siguientes enfoques teóricos-metodológicos que ordenan las intervenciones de los equipos profesionales: enfoque psicopatológico, enfoque cognitivo-conductual, enfoque del aprendizaje social, enfoque psicodinámico y el modelo ecológico multidimensional de Bronfrenbrenner. De Stéfano Barbero (2023), reconoce el predominio del modelo ecológico multidimensional en los dispositivos estatales, ya que se considera que su perspectiva aportaría una mirada integral, relacional y compleja de los diversos factores que subyacen a las situaciones de violencia.
Sea cual sea el enfoque del que se trate, la efectividad de los programas para varones que ejercen violencia por razones de género ha estado en debate desde sus inicios a finales de la década de 1970 en el continente y se han intensificado con el correr del tiempo, debido a su escasa efectividad en la disminución de la violencia por razones de género (Gondolf, 2011). En los Estados principales del continente donde se han implementado programas especializados para varones como EEUU, México, Chile, Costa Rica, Argentina y también en Europa, especialmente España y Escocia, se encontró que los enfoques de trabajo detectados van desde los psicodinámicos para trastornos del apego, técnicas motivacionales que abordan la disposición para el cambio, asesoramiento especializado, hasta terapia de pareja para la violencia mutua o dinámicas adoptadas de Narcóticos Anónimos (especialmente los 12 pasos). Sin embargo, el que predomina en todas las áreas estatales es el enfoque cognitivo-conductual y en menor medida la perspectiva de género, aunque no se haya establecido evidencia práctica de que estos consigan transformar las prácticas de violencias a las que se dirigen (Price y Rosenbaum, 2009).
La perspectiva cognitiva-conductual, dentro de las teorías psicológicas y desde el estudio de la violencia, produjo un cambio importante al abordar no solo el mundo interno del sujeto, sino que los factores externos que incidían en los procesos internos y cómo esto se expresaba ante una situación particular, atendiendo a la conducta observable y medible (Medina et al., 2014). En efecto, para Echeburúa et al. (2010), quienes desarrollaron una teoría psicológica conductista con estrategias cognitivo-conductuales de influencia en el diseño de intervenciones para varones que ejercen violencia, la conducta violenta en el hogar era efecto de un estado emocional intenso: la ira, que interactuaba con actitudes hostiles y un repertorio de conductas escasas con déficit de habilidades de comunicación y de solución de problemas, sumado a factores precipitantes como situaciones de estrés, consumo problemático de alcohol, celos, etc. Se puede dar cuenta a partir del trabajo de campo, que estos mismos factores son los que también se tienen en cuenta en la primera entrevista que realiza el equipo profesional del CIV cuando ingresan por primera vez los usuarios a la institución, así como son estos asuntos partes del contenido teórico de los talleres psico-socio-educativos (Cuaderno de campo de la autora, 2023:15h).
Respecto a la efectividad del enfoque desarrollado, en un informe de Morales Peillard et al. (2013) para la campaña de Lazo Blanco, se estableció que no se encuentran diferencias de efectos entre las intervenciones basadas en el modelo ecológico, los cognitivo-conductuales u otras formas de intervención. Así, se observó que las intervenciones evaluadas tienen un mínimo impacto en la reducción de la reincidencia en la violencia por parte de los varones. Otros análisis rigurosos de estudios que han evaluado programas de intervención a maltratadores fueron el de Layton MacKenzie (2006) y Babcock y Steiner (1999). Ambos estudios analizaron programas estatales con abordajes cognitivo-conductuales e intervenciones con perspectiva de género y sus efectos, a partir de lo cual concluyeron que las que aplicaron lecturas de género fueron aproximadamente tres veces más eficaces en la reducción de la reincidencia. Adicionalmente, un estudio realizado por Feldman y Ridley (1995) concluye que las intervenciones de género sí reducen significativamente los niveles de violencia física, pero que otras formas de maltrato como la psicológica y la emocional, en general, no se ven modificadas por el tratamiento.
En ese sentido, el poco éxito que muestran estos programas de trabajo con varones, pueden deberse a lo que plantean Cavanagh et al. (2001) cuando, a partir de un estudio de diversos dispositivos implementados en diferentes partes de Europa, argumentan que la decisión de los varones de violentar a una pareja, puede que alguna vez sea inconsciente o espontáneo, pero que generalmente es acompañado de un proceso complejo de definición del problema. Por lo tanto, cualquier episodio de violencia sólo contiene el potencial de ser definido como violento si el propio actor lo reconoce como tal y si el contexto cultural y social donde vive también lo identifica de dicho modo.
Tal como explican los enfoques feministas, se vive en una sociedad heteropatriarcal donde los valores, prácticas y organizaciones del trabajo son desde criterios machistas, entonces, difícilmente se puedan sostener conceptos como el de “distorsiones cognitivas” tal como lo plantea enfoque cognitivo conductual del CIV. Más bien, los varones presentan representaciones sobre adaptadas al contexto. Así, las definiciones personales de la violencia por razones de género son efecto de adaptaciones discursivas a las desigualdades estructurales entre los géneros, donde son los varones blancos, heterosexuales y de clase social media-alta quienes detentan más poder en todas las esferas de la vida. Esta macro-política de control social de los cuerpos feminizados a través de la violencia, se refleja también a nivel micro-interaccional en las prácticas de los sujetos. Por eso, para Cavanagh et al. (2001), las violencias por razones de género no son distorsiones, son estrategias intencionales, acciones muchas veces calculadas en base a diversos aspectos que incluyen, no en pocas ocasiones, el conocimiento del hombre sobre la relación y su pareja. Por tanto, los varones utilizan la violencia en las relaciones íntimas como un medio para disciplinar, ejercer poder y control sobre las mujeres, tal como también nos ayuda a comprender Segato (2016) cuando habla de la violencia expresiva[5] en el caso de los femicidios.
De manera que, los enfoques cognitivos-conductuales no pueden abordar exitosamente una problemática que no es de índole individual, conductual o representacional, sino que es mayormente estructural, tal como sostienen los Estudios de género. Situación aún más compleja, cuando los Estudios feministas de la masculinidad hablan de las diversas posiciones de mujeres, corporalidades feminizadas y varones. No todas las personas son iguales de acuerdo a la posición de clase, racialidad, edad, religión y procedencia geográfica o capacidad. Los varones de sectores populares, varones racializados y en un porcentaje altísimo desempleados, que son la población mayoritaria del CIV (Bard Wigdor, 2023), pueden que ejerzan violencia como expresión de la necesidad de elaborar un conflicto no reconocido. Así, Wieviorka (2001) plantea que definir, qué factores se encuentran asociados a la violencia no es una tarea sencilla y este es un tema que no encuentra problematizado en los antecedentes documentados del dispositivo abordado ni en el diálogo con trabajadores que se entrevistaron.
El Centro
Integral de Varones en situación de violencia de la provincia de Córdoba
El CIV trabaja con dos instancias principales de intervención sobre su población: primera entrevista y grupos psico-socio-educativos. La primera entrevista está dirigida a los varones que fueron denunciados por violencia de género y que son derivados por orden judicial (99%), o a varones que llegan de manera voluntaria, lo que representa un porcentaje mínimo (1%). Las entrevistas que se implementan son desarrolladas por una dupla profesional, a través de un cuestionario o ficha (que integra diferentes instrumentos como el SARA, HCR-20, Distorsiones Cognitivas, entre otros) con ítems que se consideran aptos para efectuar una valoración psicosocial individual de las razones por la cual el varón se presenta en la institución. En esa instancia, se recaba información respecto a la denuncia de la víctima, antecedentes con relación a hechos de violencia previos, antecedentes de salud integral, educativos, redes familiares y de amistades, etc. A partir de la cuantificación de los datos que se van sumando, se obtiene un resultado global sobre el potencial riesgo del sujeto en cuestión para con la persona que lo denunció y su entorno; así como se valora la situación socio-psicológica general, especialmente si demuestra motivación para el cambio.
Como efecto de esta primera y única entrevista de ingreso a la institución, el equipo profesional valora si el varón debe ser derivado a terapia individual o psiquiátrica externa, de manera particular a través de obras sociales, prestadores privados o centros de salud. A veces, la dupla profesional solicita también una derivación de los varones a dispositivos de atención de consumo problemático de sustancias psicoactivas y alcohol o en salud mental de hospitales (Bard Wigdor y Aquino, 2024). En efecto, a partir de las observaciones participantes, no participantes y desde el diálogo con profesionales del dispositivo, la decisión de derivar a grupo o a terapia individual se define en relación a que el sujeto pueda “ser agrupable” (evaluación psicológica) y que cuente o no con obra social; es decir, con recursos económicos propios para abonar las prestaciones psicológicas o psiquiátricas necesarias (cuaderno de campo, 2023). A su vez, existe una decisión institucional de no trabajar con los casos vinculados a violencia y abusos sexuales. En caso de que corresponda, los varones deben integrarse a la segunda instancia de intervención que son los grupos psico-socio-educativos que ofrece la institución durante tres meses y que duran una hora y media. A continuación, se analizan los ejes principales de esta instancia: los enfoques epistémicos-teóricos y metodológicos del trabajo con varones y los componentes significativos para la intervención: la demanda, el tiempo destinado a los grupos y los espacios de formación profesional.
Acerca del enfoque epistémico-teórico y metodológico del trabajo del CIV, este adhiere y se enmarca institucionalmente en el modelo ecológico de Bronfrenbrenner según el UNFPA (2024), a partir del que identifica aspectos que darán mayor probabilidad de la presencia de conductas violentas en el varón: a) factores asociados al marco sociocultural, el medio económico y social, b) factores referidos a lo comunitario, instituciones y estructuras sociales formales e informales; c) factores vinculados al marco familiar, relaciones o contexto inmediato donde el abuso tiene lugar y d) factores que actúan en el ámbito individual y características individuales del perpetrador. Dichos factores impactan en tres dimensiones constitutivas del sujeto: 1) En su dimensión cognitiva como son los esquemas de pensamiento, las distorsiones cognitivas, los patrones socioculturales con los cuales explican, significan su mundo y el de los otros 2) La dimensión conductual en torno a sus conductas y al ejercicio concreto de diferentes formas de violencia y la 3) Dimensión emocional que promueve el reconocimiento de sus emociones y de experiencias significativas en sus historias de vida atravesadas por el conflicto y la violencia.
De acuerdo al trabajo de campo que se desarrolló en esta investigación, se advierte que el modelo ecológico que afirma la institución es interceptado por otras miradas que son características del enfoque psicopatológico-clínico y el cognitivo-conductual. La perspectiva psicopatológica de la institución determina un diagnóstico de la violencia en términos médicos-clínicos, evidente en las maneras en que se nombra y significa el proceso que realizan los varones y que se puede ejemplificar cuando se habla en la Ley provincial de violencia familiar de “establecer tratamientos especiales de rehabilitación y reinserción tanto para el agresor como para la víctima” (Ley 9283, Cap. V), cuando mencionan en su informe institucional (1° Informe) (Ministerio de la Mujer, 2020) que “habrá individuos que reciban el alta antes que otros” (p. 28) y se refieren al objetivo del programa cómo “detener la violencia y la reincidencia” (p. 23). Estas frases se repiten con frecuencia en los informes y también en los instrumentos de “medición de riesgos” que aplican a los usuarios para la valoración profesional en la primera entrevista de ingreso al dispositivo que se realiza a los varones (Bard Wigdor y Aquino, 2024).
Además, la institución aborda a sus usuarios con un enfoque cognitivo-conductual que, como sostienen Garay y Keegan (2016), se basa en un modelo psicopatológico que no supone un conjunto de técnicas para resolver síntomas aislados, sino que implica un sistema de psicoterapia basado en una concepción determinada de los trastornos psicológicos. Desde esta perspectiva se afirma que existe una psicopatología de origen cognitivo, por lo cual los procesos mentales adquieren un lugar significativo en el inicio y sostenimiento de lo que llaman trastornos o distorsiones y el supuesto de que las personas experimentan malestar por el modo en que perciben la realidad y no por la realidad en sí misma. En el caso del CIV, se habla de “distorsiones cognitivas” en los usuarios que ejercen violencia por razones de género, de hecho existe todo un apartado de la primera entrevista donde se mapean estas distorsiones, que no son más que creencias machistas acerca de las relaciones con sus parejas, los roles de género y la propia masculinidad que sostiene el orden heteropatriarcal en el que se vive.
Asimismo, estos abordajes cognitivo-conductuales, hacen escasa referencia a las relaciones estructurales de género más allá de lo vincular, como variable relevante que induce las prácticas de violencia que ejercen los hombres sobre los cuerpos feminizados. Lemos Hoyos et al. (2007) explican que se centran en las relaciones de pareja y especialmente en los episodios emocionales y en cómo controlar la ira o la baja autoestima de los usuarios, dándoles el mismo peso a las distorsiones cognitivas sobre el papel de las mujeres como a las ideas sexistas naturalizadas en general. Además, entre los contenidos que organizan los talleres que se dictan en el dispositivo, formalmente se ha mapeado: 1- concepto de la violencia, el ciclo de la violencia y reconocimiento de las emociones en cada etapa; 2- identificación y expresión de las emociones, pensamientos distorsionados sobre los roles de género; 3- control de las conductas de maltrato y de ira, relajación; 4- violencia de género, violencia en sus trayectorias de vida, estilos parentales; 5- habilidades de comunicación desde la empatía, negociación y solución de los conflictos.
Sin embargo, en las observaciones grupales, se ha advertido que se le otorga tiempo al eje 1- respecto a la comprensión del ciclo de la violencia sin centrarse en la identificación de las propias experiencias singulares, y en el 3- de los contenidos teóricos sobre el control de la ira, la ansiedad y el reconocimiento de las emociones en el cuerpo cuando se sienten enojados; mientras los motivos de estas prácticas machistas y violentas, las emociones asociadas al vínculo y las desigualdades de género, son abandonadas como tema transversal a los encuentros:
“No saben controlar sus emociones, se estresan con las situaciones económicas entonces ¿qué pasa?, les dice el coordinador del grupo a los 24 varones presentes, se desregulan las emociones y se enojan… claro -dice un varón-, venimos acá a aprender a manejar el enojo y la inseguridad que es nuestro problema en verdad” (nota de campo de la autora, miércoles 11 de octubre del 2023:14h).
A continuación, se comparten dos gráficos que acompañaron las intervenciones de grupos psico-socio educativos diferentes y que se realizaron en la pizarra donde suelen anotar o dibujar diferentes informaciones de “las clases” (como le dicen algunos varones) a modo de ejemplificar lo que se está analizando. El primer gráfico se trata de una pirámide explicativa de la forma en cómo se actúa o se comporta en determinadas situaciones y que se relaciona con los sentimientos y pensamientos que emergen ante las situaciones que se vive y las personas con que se relacionan. Los pensamientos y emociones constituyen la base de la manera en que se actúa habitualmente, y el cuerpo reacciona a las emociones que estas ideas y pensamientos generan, las cuales luego se reflejan en las acciones. Reconocer estas ideas y regular por tanto las emociones, permitirían controlar las conductas o acciones violentas.
Gráfico 1
Regulación de las emociones con los grupos de varones
Nota. Realizado por los
coordinadores del CIV en la pizarra, dibujo del cuaderno de campo de la autora
(miércoles 11 de octubre del 2023).
Gráfico 2
El Ciclo de la Violencia
Nota. Realizado por los
coordinadores del CIV. La elección de los iconos que acompaña las fases son
de las autoras.
El segundo gráfico representa el ciclo de la violencia que está compuesto por tres fases que se dan de manera cíclica y sistemática en las situaciones de violencia: 1-acumulación de tensión, 2- explosión violenta, 3- luna de miel. Se les propone a los varones que visualicen y reflexionen, a partir de sus experiencias, qué fue lo que generó esa acumulación de tensión en sus relaciones, y que reconozcan las emociones que sintieron en cada etapa, con el fin de crear un “puente” ante las señales de alerta de cada fase “¿qué corte podemos hacer para evitar llegar a la Fase 2?” (nota de campo de la autora, miércoles 27 de septiembre del 2023:11h).
Al igual que en el caso del primer gráfico, se espera que a partir de reconocer las emociones que les produce aquello que va generando malestar, puedan modificar las maneras de tramitar el conflicto y de esta forma evitar llegar a la segunda fase, por ejemplo se menciona la “falta de comunicación” como uno de los puntos más claves y se promueve “hablar de lo que me pasa a mí y no a la otra persona” (nota de campo de la autora, miércoles 27 de septiembre del 2023) como un modo de construir relaciones “sin acumulación de tensión”. En este punto es menester señalar que no en todos los grupos se habla de este ciclo a partir de las experiencias personales, en dos de los grupos observados por una de las autoras, solo se trabajó de manera teórica. Asimismo, si bien es necesario que en el abordaje de la masculinidad se trabaje con las emociones, negadas por y para los varones, lo problemático es que no se sitúe dichos pensamientos y sentimientos en su contexto de producción social. Abordarlo de manera individual se acota a la gestión de conflictos en relaciones interpersonales y no al fenómeno de las violencias y desigualdades de género. Las investigadoras se preguntan ¿somos acaso las personas máquinas perfectas en control constante? ¿Podemos gestionar emociones y comportamientos individuales en un sentido contrario al discurso social patriarcal?
De modo que el enfoque de los talleres es prioritariamente desde la psicología en general y desde la cognitiva conductual en particular. En una entrevista con una ex-trabajadora de la institución, hablaba del evidente abordaje individual del problema de la violencia por razones de género y de la primacía de profesionales de la psicología en el equipo de trabajo; por ende del debilitamiento o deslegitimación de otras disciplinas como el Trabajo Social, la Sociología o la Antropología, así como de la ausencia de espacios de capacitación desde perspectivas feministas o de género:
"Por qué los varones hacen lo que hacen”, siempre tenía una implicación del orden de lo psicológico y de lo individual. Era muy difícil poder mirar al sujeto en su contexto social. Era muy difícil pensar en las variables culturales que nos atraviesan a todos. Entonces, las discusiones se convertían en… complicadas, digamos, porque no era sólo el individuo el que venía y llegaba al espacio, y que obligatoriamente requería de atención” (Comunicación personal de la autora, diciembre del 2021).
De modo que la perspectiva que ordena la intervención de este dispositivo estatal se caracteriza por técnicas y preocupaciones centradas en modificar “las distorsiones cognitivas, regular las emociones y así las conductas” de los sujetos que ejercen violencias. No se promueve una reflexión colectiva sobre que la violencia no es el resultado de casos inexplicables de conductas desviadas o patológicas sino emergentes históricos de desigualdades estructurales que se hacen carne. Prácticas aprendidas, conscientes y orientadas, producto de una organización social estructurada sobre la base de la desigualdad. La violencia se vincula a las relaciones desiguales de poder y es ejercida por quienes se sienten en derecho a intimidar y controlar a otras (Mora, 2024, p. 13).
Triangulación de
los datos construidos
Además de las perspectivas y enfoques analizados en el apartado anterior, otro aspecto importante a tener en cuenta para mirar los dispositivos estatales, está vinculado al componente de la demanda institucional, al tiempo destinado a los grupos psico-socio-educativos; los espacios de formación y la reflexión profesional.
En primer lugar, las demandas que llegan al CIV son derivaciones que realiza el Poder Judicial y que, de acuerdo a lo que se observó en las primeras entrevistas y al diálogo con los/as trabajadores, en varias ocasiones se vinculan a conflictos interpersonales entre parejas, que no necesariamente son violencias por razones de género. Esto evidencia la ausencia de perspectiva de género interseccional en el entramado estructural de los agentes que constituyen el aparato estatal, lo que ocasiona una saturación en la demanda de atención que puede llegar a 40 casos por día, con un equipo de 12 profesionales para su recepción (Comunicación personal con el director del CIV, noviembre del 2023). Además, cada profesional realiza más de tres entrevistas de admisión por día y dos coordinaciones de grupo socio reflexivo diarias por dupla profesional.
Estos niveles de exigencia profesional y concentración de demanda, se debe a que el CIV no cuenta con sedes en el interior de Córdoba. Así, el equipo de agentes del CIV difícilmente disponga de tiempo para espacios de formación y reflexión grupal, tan necesarios para las problemáticas con las que trabajan y las afectaciones que produce la intervención en violencia de género. Los desafíos complejos que enfrentan los/as profesionales que se involucran con los agresores y víctimas de Violencia por razones de género, con su exposición a relatos cruentos y angustiosos, tienen el potencial de afectar significativamente la salud. A su vez, esto puede influir en la calidad del apoyo que brindan a sus usuarios. Ferreira et al. (2023) mapean en trabajadoras que intervienen en un dispositivo similar en Portugal, síntomas como fatiga, agotamiento emocional, frustración y dificultades en la regulación emocional. En las observaciones en el CIV, se encontró cansancio, aburrimiento, enfermedades crónicas; conflictos entre pares, desgano y ausentismo por problemas de salud mental.
En segundo lugar, los talleres socio-reflexivos que ofrece la institución tienen una duración de tres meses para sus usuarios, con un encuentro presencial de 1 hora y media (aproximado) y con asistencia de un promedio de 12 a 23 varones por encuentro, tiempo insuficiente para generar transferencia entre los varones y sus coordinadores; intimidad, escucha y diálogo grupal, aun cuando en una entrevista una persona integrante de las coordinaciones afirma que: “(...)ahora estamos acá haciendo una valoración por otro tema, por otra cosa, trabajar el tema de las motivaciones, trabajar las angustias también que traen ellos… algunos relatos –como vos decías recién- son difíciles de digerir, y decís ¡Dios mío! Pero cuando empezás a trabajar por ahí, también más desde lo psicológico, o más desde lo… más viendo otras cosas” (Comunicación personal de la autora, 2023). Si bien el entrevistado se muestra interesado en las angustias e intereses de los varones, durante las observaciones se advierte que por el alto número de participantes, el escaso tiempo de encuentro y formato de trabajo, es difícil que se genere diálogo y escucha terapéutica.
Al contrario, el tipo de trabajo que realizan consiste en un formato de clase con dinámicas participativas, donde “la reeducación” es la apuesta formal, con una intervención en un nivel multimodal: cognitivo, emocional y comportamental. Además, la modalidad de intervención y el tiempo de duración del proceso grupal no permite lo que se llama un abordaje multinivel, tan demandado en los grupos de trabajo con varones y que consiste en trabajar a nivel individual, grupal, red social, y laboral. En el CIV, solo se trabaja sobre lo grupal institucional. Entonces, ¿Es posible desandar una configuración de mandatos y creencias patriarcales de toda una vida en ese tiempo/espacio dedicado al abordaje grupal? ¿Se puede decir que se llega a generar confianza con cada participante y una valoración profunda de la situación en grupos tan numerosos y con tan pocos encuentros, más aún cuando no existe seguimiento posterior a la finalización del proceso?
Al respecto, Medina et al. (2014) analizan que lo relevante es conocer que las prácticas violentas no se ocasionan de manera aislada, sino que son una combinación de factores de riesgo estáticos y dinámicos, por ello los tiempos de los encuentros grupales deben ajustarse a los requerimientos, necesidades y déficits de cada uno de los usuarios, teniendo presente su red social, contexto sociocultural, necesidades laborales, entre otras. Sin embargo, es habitual que los varones participen con enojo en los grupos, ya que concurren obligados por la justicia, pierden empleos porque les coinciden con el horario de la institución y no en pocas ocasiones presentan consumo problemático de sustancias o de alcohol: “a mí me manda la justicia acá y al San Roque por consumo” (nota de campo de la autora, miércoles 11 de octubre del 2023). La relación entre denuncia por violencia y consumo problemático de sustancias ronda el 50% de los usuarios, según datos presentados en el 1° Informe del CIV, asunto poco problematizado en la institución. De allí que 3 meses de encuentro colectivo de una hora y media no sea un tiempo propicio para generar problematizaciones sobre situaciones tan delicadas, mucho menos para transformar prácticas con las que se lleva funcionando toda su vida, en un contexto socioeconómico de extrema vulneración y donde el Estado no ofrece acompañamiento con recursos económicos concretos.
Por último, la institución no ofrece espacios de formación en género para sus profesionales y a lo largo de la inserción en el CIV, no se pudo obtener información fehaciente, sino más bien opacidades sobre las trayectorias formativas previas de sus agentes. Algunas personas entrevistadas afirman tener formación en género, otres definían que eran decisiones personales, lo cierto es que la mayoría llegaba a la institución por traslados de otros sectores del Estado donde esta formación no había sido un requisito y tampoco una exigencia para incorporarse como parte del equipo del CIV. Ante la consulta sobre la formación de género a une de sus trabajadores, decía: “Y, yo estimo que sí, no sé qué criterios tiene la persona que hace la entrevista, pero sí. Creería que sí, la verdad que eso no sabría contestarte” (Comunicación personal de la autora, 2023). En otras entrevistas se reiteran estas dudas, evidenciando que la formación en enfoque de género para desempeñarse en la institución, es un criterio personal más que un requisito institucional: “(...) para mí acompañar a mujeres siempre se centró en la perspectiva de género y trabajar con varones… también. Hay que agregar la perspectiva de derechos humanos (...) Porque cuando acompañas mujeres, a veces empatizás tanto con las mujeres en la situación que no mirás… que culpabilizás un poco al varón ¿no? Como que tenés prejuicios” (Comunicación personal de la autora, 2023).
Si bien cuentan con un espacio semanal los días viernes denominado “ateneo” en el que teóricamente debaten sobre algunas situaciones o problematizaciones en torno a la práctica de intervención, se sabe que acaban siendo espacios donde se dirimen conflictos interpersonales o situaciones problemáticas que acontecen durante la semana entre pares (cuaderno de campo). Las herramientas disciplinares para el tratamiento de la violencia por razones de género no encuentran espacio en agendas tan apretadas, lo cual en más de una oportunidad ha sido una demanda de los/as agentes hacia la institución. Decía una entrevistada del CIV: “Hacer convenio con la parte pública también para alojar a todos los que no… a todas las personas que no puedan acceder acá. O … esto de la formación en violencia, me parece elemental, porque somos pocos los profesionales que realmente nos formamos en esto, porque puede ser hasta iatrogénico trabajar con violencia y no saber abordarla” (Comunicación personal de la autora, 2023).
Asimismo, la escasa formación en género se advierte en el dispositivo analizado, cuando se prioriza no confrontar los discursos de los varones cuando éstos afirman que la violencia es cruzada, es decir, de ambas partes, afirmando que la violencia es una culpa compartida en la pareja (Cuaderno de campo de la autora, 2023:15h). Esto aparecía a lo largo de las observaciones que realizaba en los talleres, incluso cuando se trabaja sobre casos concretos de violencia, circulaban comentarios masculinos sin intervención profesional acerca de la corresponsabilidad en la violencia doméstica. Justamente, el enfoque de género rechaza el concepto de violencia cruzada y de culpas compartidas, pues se comprende que acaban en una desresponsabilización del varón (Yela, 2009). Es por ello que los enfoques de género se concentran en el poder y en el control de la pareja masculina sobre el cuerpo feminizado, incluso se habla de violencia defensiva.
Además, la escasa formación en género es advertida en los relatos de sus profesionales cuando efectúan una asimilación entre género y mujeres, y la asimilación de la perspectiva de derechos humanos como lo que permitiría trabajar con varones. En efecto, existe una lectura profesional que excluye los aportes feministas para el trabajo con varones, además de un desconocimiento sobre el cruce histórico entre la protección de los derechos humanos y los estudios feministas o de género: “A mí lo que me pasó fue eso. Tuve que hacer ese cambio, ese recorrido, para la atención, para poder trabajar con varones… tuve que hacer como un pasito ¿no? Esto de que, bueno, desde una perspectiva de derechos humanos, y no sólo desde una perspectiva de género, viéndolo sólo desde el lado de la mujer, sino abordando la situación del vínculo ¿no?” (Comunicación personal de la autora, 2023). Se reproduce una representación dominante que afirma que la violencia por razones de género es causada por la desigualdad estructural entre mujeres y hombres, y que debe combatirse con el fomento a la igualdad de género (López y Peterson, 2011).
Lo que está por fuera de la discusión y el tratamiento
es la intersección o co-constitución del género con
las otras intersecciones como la clase, la raza, la edad, entre otras.
Subordinaciones que tienden a ser invisibilizadas, a tener lugar en “los
márgenes”, en circunstancias complejas. Esta tendencia es extensiva a otros
programas y políticas públicas estatales, donde se insiste con asociar el
concepto de género con el de “mujer o varón”, lo que ha implicado que en
realidad se esté hablando de un grupo específico de mujeres o de varones. Como
explican Alonso y Castellanos (2006), los Estados han incluido la perspectiva
de género para eliminar la violencia y la discriminación de género pero desde
una praxis que considera solo la diferencia entre mujeres y varones, con
lecturas binarias y heteronormativas. Específicamente en el tratamiento de la
violencia han atendido a la relación interpersonal víctima-agresor, olvidando
el contexto social, así como intersecciones raciales, de clase y religión, tal
como acontece en el dispositivo analizado. Finalmente, el dispositivo no
contempla un método de seguimiento o evaluación de la efectividad de sus
intervenciones en la reducción de las prácticas de violencia y representaciones
machistas de sus usuarios. Por tanto, no existen mecanismos de evaluación de
impacto del dispositivo sobre la población con la que trabajan.
CONCLUSIONES
A lo largo del artículo se propuso examinar los enfoques y modalidades del abordaje estatal de las violencias por razones de género triangulando un ejercicio de RS con el abordaje de un caso particular de Córdoba-Argentina. En el análisis, se evidenció la recurrencia del enfoque cognitivo -conductual en el abordaje estatal grupal de trabajo con varones, así como una metodología de intervención que se encuentra desarticulada de los aportes feministas que suelen citarse como parte de los fundamentos teóricos que dan origen a estos dispositivos. Esto ocasiona que a nivel discursivo se conecte la violencia por razones de género con las estructuras desiguales de poder y la configuración histórica-social del sistema patriarcal, pero en la práctica el tratamiento sea patologizante y punitivo.
En ese sentido, la ausencia significativa del enfoque de género para trabajar sobre la masculinidad y la violencia por razones de género en los grupos socio-reflexivos puede deberse al menos a dos motivos: Por un lado, al enfoque cognitivo conductual descrito y que predomina en las instituciones que realizan este tipo de abordajes. Por otro lado, el tratamiento de la violencia de género, según se observó, sigue el mismo enfoque que se aplica a cualquier otro tipo de violencia, desde una perspectiva punitiva y de control estatal. Tal como señala Núñez Rebolledo (2019), se trata del surgimiento de una penalidad neoliberal para abordar las violencias de género que sufren las mujeres. Se han utilizado las normativas y el derecho penal como parte y prácticamente única medida de una estrategia política en la búsqueda de eliminar la violencia sexual y de los femicidios de los que las mujeres somos objeto (Núñez Rebolledo, 2019). La acumulación de impunidad que se vivió en la última década ante las violencias más radicales de género, engendraron reclamos legítimos de los feminismos en contra de las violencias, pero fueron reutilizados por el lenguaje institucional en su vertiente penal, lo cual llevó a oscurecer las causas estructurales y la responsabilidad del Estado en cuanto a su tolerancia, la impunidad y el fomento de las violencias contra las mujeres, permitiendo a éste presentarse como protector. Quizá lo más grave fue propiciar que se dejara de lado el análisis del contexto social, económico y político que sustenta e, incluso, reproduce las violencias machistas (Nuñez Rebolledo, 2019, p. 6).
En consecuencia, existe un complejo anudamiento entre la política punitivista que impulsa el neoliberalismo para el control y disciplinamiento de los sectores empobrecidos y sectores del feminismo estatal que han privilegiado la causa penal como estrategia política, en un contexto donde no disminuyen los crímenes de odio y las corporalidades que ocupan de manera mayoritaria las cárceles y dispositivos estatales de intervención ante la violencia por razones de género son varones pobres y racializados (Bard Wigdor, 2023). Por lo tanto, ¿Qué narrativas están ausentes en este tipo de intervenciones cuando representan una captura principalmente de cuerpos masculinos racializados y empobrecidos? ¿Qué dimensiones del problema se nos fuga cuando utilizamos la misma receta para las múltiples y diferentes experiencias que existen en las relaciones socio-sexo-afectivas atravesadas por las violencias? Son muchas las autoras que vienen insistiendo en la necesidad de mirar la alianza entre ciertos feminismos y las políticas carcelarias (Arduino, 2018; Pitch, 2014; Macaya-Andrés, 2022; Bard Wigdor, 2023).
Al mismo tiempo, como señalaron otros autores explorados, el tratamiento cognitivo-conductual de la violencia tiende a enfocarse en los cambios individuales de los pensamiento y comportamientos, mientras que la violencia de género es un fenómenos estructural y relacional que demanda cambios en los vínculos de poder. Por lo tanto, es esperable que estas políticas sean poco efectivas en la transformación del problema y que los usuarios de estos dispositivos vuelvan a sus prácticas de violencia una vez que egresan de los grupos. Situación de la que también advierten los Estudios feministas de la masculinidad cuando hablan de las diversas posiciones de varones y mujeres, así como de la genealogía patriarcal y machista del propio Estado. En efecto, ¿Se encuentra el Estado preparado para intervenir sobre las violencias que él mismo engendra sin revisar sus propias modalidades de vínculo con las poblaciones que captura y pune? ¿No es llamativo que la mayoría de los usuarios del CIV sean varones de sectores populares racializados? ¿Qué se le exige y omite a los agentes que emplea para la aplicación de las políticas vinculadas al tema tratado?
A su vez, en los casos en los que se apela a la perspectiva de género como marco analítico para la intervención, se lo reduce como asunto únicamente de mujeres y varones, de manera binaria y heteronormativa, invisibilizando los aportes feministas en el estudio de las masculinidades y descontextualizando el conflicto. Esta reproducción dominante de la perspectiva de género inhabilita la posibilidad de incorporar de manera transversal al abordaje estatal, anulando la “escucha” adecuada y obstruyendo la mirada interseccional sobre cada caso que llega al dispositivo y que explicaría parte de los conflictos que allí se conocen. No todo es violencia de género, a veces es pobreza, consumo problemático de sustancias o discapacidad.
Finalmente, se vuelve urgente avanzar en estudios profundos y a largo plazo de seguimiento y análisis sobre la efectividad de los abordajes estatales en varones que egresan de los dispositivos abordados, para analizar cualitativamente el impacto en la práctica y subjetividad masculina. Además, este seguimiento debe acompañarse de entrevistas y conocimiento del impacto en la vida de las personas que vivenciaron de manera directa el daño, esto no solo responde a su familia directa, sino a su comunidad y red de sostén, de modo de obtener un panorama integral de la intervención. Para lo cual, es necesario dotar de recursos, formación y articulaciones a estos dispositivos, ya que el proceso de reinserción social de los participantes y sus encuentros con la sociedad, es tan importante como el ingreso al dispositivo mismo.
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