Orientar a la mujer en la búsqueda de su realización plena como ser humano constituye uno de los cometidos de las agendas globales y de las convenciones internacionales en contra de la discriminación. En tal sentido, los esfuerzos por lograr su integración en los asuntos políticos de los que depende la consolidación de su supra-complejidad se han enfocado en potenciar no solo el hacer sino el ser, dimensiones que suponen la trascendencia hacia esquemas de bienestar pleno, sin restricciones y cónsonos con los requerimientos propios de un mundo globalizado e inserto en el dinamismo que trae consigo cambios recurrentes.

Este énfasis en la potenciación del desempeño social de la mujer deja ver según el enfoque de las capacidades una posibilidad para redimensionar su actuación a través de su acceso a mecanismos educativos y procesos de formación tanto permanentes así como a lo largo de la vida, en un intento por sustanciar oportunidades que ayuden en su integración de posibilidades de empleabilidad; que aunado a ampliar y diversificar la actuación social de la mujer, coadyuven con su quehacer competente y el ejercicio de sus capacidades humanas (Rey, 2021; Morales, 2023a).

Direccionar la realización de la mujer sugiere entonces, acercarla al goce de sus libertades y empoderarla para que desde su capacidad de agencia alcance a superar las limitaciones socio-históricas, a las que se le ha atribuido no solo la reducción de su valía personal sino su participación en condiciones justas en cualquier escenario de la vida social (Deneulin, 2019). Estos propósitos, como parte del enfoque para abordar la profunda desigualdad, implican también el establecimiento de principios éticos que fortalezcan el desempeño socialmente efectivo de la mujer en todos los ámbitos (Crespo, 2011).

Esto implica promover el ejercicio de las libertades individuales y la capacidad de agencia, como herramientas para fortalecer el desarrollo de una vida plena (Nussbaum, 2012a), como el antídoto desde el que es posible reducir los embates de la desigualdad y, en consecuencia impulsar la reivindicación de las oportunidades necesarias para construir nuevos logros que potencien su funcionamiento pleno, protagónico y autónomo dentro de las diversas dimensiones de la vida social (Morales, 2023b; Sen, 2023). En otras palabras, se trata de superar los esquemas de discriminación mediante la creación de condiciones justas que impulsen el desarrollo multidimensional de la mujer, garantizando así la construcción de su proyecto de vida personal en el que se reivindique su dignidad (Nussbaum, 1999).

Lo planteado como parte de los propósitos del enfoque de las capacidades, propone la búsqueda sistemática del trato igualitario y equitativo que le permita a la mujer gozar de las mismas oportunidades dentro de cualquier contexto; garantizando así la escogencia de modos de vida que eleven su desempeño digno que conjugado con el apoyo institucional amplíe posibilidades concretas de su actuación individual y colectiva que, como aristas asociadas con el desarrollo humano abran nuevos horizontes de participación protagónica en la vida pública.

Desde la perspectiva de Nussbaum (2005), estos propósitos tienen como intencionalidad ampliar la capacidad de agencia que faculte a la mujer para obrar de manera plena, gozando así del acceso justo a la distribución de recursos que además de impulsar oportunidades reales de realización personal y social, permitan la organización y el enriquecimiento de las condiciones sostenibles de vida.

Estos cometidos ampliamente compartidos por las convenciones internacionales en materia de derechos humanos de la mujer, no son más que una reiterativa invitación a la construcción de un mundo más justo e inclusivo, en el que el ejercicio de las libertades individuales amplíe el camino hacia un nuevo esquema de bienestar sostenido en la dignificación permanente (Ferrajoli, 2006), así como en la potenciación de las capacidades sociales, que le aporten a la mujer los medios necesarios para la edificación de su propio destino, la estructuración de una vida sin limitaciones ni asimetrías y la diversificación de su desempeño (Martínez, 2009).

Lograr estos cometidos exige tanto de la sociedad como el aparato institucional, la disposición para construir espacios inclusivos, en los que el reconocimiento recíproco al pluralismo le permitan a la mujer ampliar las posibilidades para actuar en el marco de la justicia social; como el valor universal que procura establecer los parámetros desde los cuales definir cursos de acción conscientes que aporten al bienestar de este actor social (Migliore, 2019). Esta investigación como resultado de una revisión documental con enfoque cualitativo, se propuso en primera instancia, analizar los aportes prácticos, teóricos y epistémicos de la justicia social inclusiva que en su relación con el enfoque de las capacidades fortalezcan el desempeño efectivo de la mujer en el contexto social, político, económico y cultural; precisando líneas de acción estratégica que redunden en la construcción de políticas públicas enfocadas en la integración plena y en el ejercicio de las libertades individuales.

METODOLOGÍA

Esta investigación documental con enfoque cualitativo asumió las fuentes de información esenciales que abordan los propósitos de la justicia social inclusiva, las libertades individuales y los derechos humanos, así como el enfoque de las capacidades como elementos que conjugados sinérgicamente favorezcan la integración socialmente efectiva y el desarrollo humano sostenible de la mujer (textos pioneros); de los cuales se tomaron los referentes teóricos, conceptuales y epistémicos, en función de los cuales construir una serie de planteamientos que se aproximen a una visión integral y holística sobre el empoderamiento y desarrollo humano de la mujer como sujeto de derecho; procesos que toman especial importancia en el presente siglo, dados los requerimientos sociales globales que giran en torno a los derechos de la mujer. Del mismo modo, se revisaron fuentes secundarias (revistas científicas y especializadas) para precisar posiciones renovadas que aportaran al proceso de sustanciar la discusión.

Se utilizó la técnica de análisis de contenido, con la finalidad de precisar las aportaciones teóricas, los elementos conceptuales y prácticos, en función de los cuales realizar un acercamiento a la construcción de argumentos consistentes que definan, no solo la pertinencia de las posiciones teóricas del autor, sino los desafíos que enfrenta el aparato institucional y los Estados en la tarea de consolidar operativamente los constructos objeto de estudio.

Como criterios de análisis se consideraron sus referentes directos, afirmaciones y posiciones que enfatizan en la importancia, relevancia y pertinencia del objeto de estudio en la actualidad; los aspectos comunes que aportan soluciones a los requerimiento de inclusión, de justicia social, de equidad y bien común, así como de participación activa en los asuntos públicos y en los procesos decisorios de los que depende la trascendencia a estilos de vida dignos. Con respecto al criterio axiológico se procuró determinar la responsabilidad ética de la mujer en lo referente a la corresponsabilidad social y política, reiterando así lo planteado por los autores a lo largo de sus obras.

RESULTADOS

Análisis de la información

Construir oportunidades para la inclusión socialmente efectiva de la mujer como sujeto de derecho y agente social exige desde el enfoque de las capacidades la unificación sinérgica de esfuerzos asociados con la potenciación de las facultades tanto del ser como del hacer (Nussbaum, 1999). Esto implica desde el proceder institucional la creación de condiciones de realización personal y social; en otras palabras, se trata de redimensionar la esperanza de coexistir en un clima de respeto, en el que la bandera del respeto y el reconocimiento igualitario de este agente social, se erija como el imperativo categórico desde el cual configurar un esquema sociocultural sensiblemente incluyente y justo (Sen, 2021).

En razón de lo expuesto, hilvanar posibilidades de realización personal de la mujer debe entenderse como el resultado de su inserción en los esquemas políticos y sociales, en los que su hacer, actuar y proceder constituyan modos de reivindicar el reposicionamiento de la mujer en el lugar que corresponde, es decir, en el sitial en el que los derechos fundamentales pautan como una respuesta a los requerimientos asociados con el resguardo de la integridad moral, la dignidad humana y el alcance del máximo desarrollo de las capacidades individuales de las que depende tanto el bienestar como la calidad de vida (Morales, 2024; UNESCO, 2015).

Emprender actuaciones institucionales en esta dirección supone la búsqueda de posibilidades reales y contextualizadas que aunado a responder a las circunstancias de un mundo permeado por la exclusión, la discriminación y el individualismo, reitera el compromiso con la vida en la que el respeto mutuo y la superposición de la igualdad configuren las condiciones para el buen vivir, en el que el énfasis de las acciones estratégicas aporten respuestas concretas a los problemas medulares que enfrenta la mujer, ampliando así su participación autónoma y efectiva en las diversas dimensiones de la sociedad.

En este sentido, la construcción de políticas públicas inclusivas requiere la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones políticas. Este enfoque debe ser el punto de partida para fortalecer dos aspectos clave en su desempeño. Por un lado, es fundamental situarlas en contextos que favorezcan el desarrollo de sus capacidades individuales, permitiéndoles acceder a estatus dignos. Por otro lado, es necesario ampliar los mecanismos sociales que les brinden las herramientas para generar cambios profundos, que mejoren su calidad de vida, su bienestar integral y contribuyan al desarrollo humano sostenible

De este modo, el ejercicio de las libertades individuales toma especial importancia por contener no solo la forma de operativizar estilos de vida saludables, sino cómo garantizar que las competencias y habilidades existentes afloren, redimensionando la maximización tanto de la realización personal como de la elevación del nivel de satisfacción (Morales, 2020; Sen, 2010).

Esto en palabras de Lafarga (2016), no es más que el resultado de la precisión de cometidos asociados con el proyecto de vida individual, el cual como proceso en construcción, ajuste y reformulación permanente debe involucrar el descubrimiento de respuestas asociadas con la existencia humana plena; esto implica disponerse con flexibilidad crítica para valorar su contexto, las oportunidades que este le ofrece y precisión genuina de los recursos necesarios para consolidar intereses particulares así como estilos de vida sostenibles.

En este sentido, este apartado analiza dos aspectos clave: por un lado, la justicia social inclusiva de la mujer en el marco de las libertades individuales y los derechos humanos; y por otro, el enfoque de las capacidades y la dignificación de la mujer. Por lo que, se proponen algunos elementos fundamentales para la construcción de políticas públicas que potencien el desarrollo humano de la mujer.

La justicia social inclusiva de la mujer en el marco de las libertades individuales y los derechos humanos

Garantizar la mayor suma de felicidad y el goce de las libertades individuales como parte de los derechos humanos que le asistente tanto a la mujer como a cualquier sujeto de derecho (Nussbaum, 2010; Sen, 2010). Esto implícitamente refiere a la configuración de cambios cualitativos que le permitan a la mujer direccionar su proceder hacia satisfacción de sus requerimientos, valiéndose para ello del goce y disfrute de los recursos necesarios que aportados por el aparato institucional y por las leyes, le faculten para consolidar las preferencias e intereses asociados con su proyecto de vida personal.

Esto como parte de los derechos fundamentales, involucra la creación de condiciones que le permitan a la mujer organizar su vida, establecer prioridades y darle curso a la visión personal, como dimensiones en función de elevar su calidad de vida de manera no solo progresiva, sino también sistemática, con la intencionalidad de garantizar que sus requerimientos alcancen tanto la gestión oportuna como su reivindicación (Ibáñez, 2016; Sen, 2000), garantizando así la superación de la pobreza, la exclusión y la discriminación histórica, evitando de este modo su reproducción en el futuro.

Lo planteado supone para efectos de la liberación de la mujer su inserción en esquemas proactivos o de participación social inclusiva, en los que se superponga el acceso a nuevas posibilidades para construir su propio desarrollo humano en el marco de la sostenibilidad, como ideal, según Nussbaum (2012a), es necesario operativizar la participación política de la mujer y sus libertades individuales, con el fin de consolidar cursos de acción que impulsen su desempeño efectivo y fomenten la diversificación de sus capacidades.

Para concretar las actuaciones institucionales y sociales dirigidas al logro de estos objetivos, es fundamental referirse a la educación permanente a lo largo de la vida. Este proceso no solo potencia la dimensión cognitiva de la mujer, sino que también abre mayores posibilidades de movilidad. En este contexto, la mujer, al acceder a oportunidades tanto inmediatas como futuras, puede construir los cimientos de una vida digna, contribuir a una sociedad justa y participar en la creación de un mundo con las condiciones necesarias para el desarrollo de las capacidades humanas, que son requisitos esenciales para una existencia plena (Russo, 2011).

Como parte de los objetivos de la justicia social inclusiva, esto implica romper con los lastres socio-históricos que han perpetuado no solo la sumisión de la mujer, sino también han limitado su campo de acción, impidiendo que el ejercicio de los derechos fundamentales cumpla con sus verdaderos objetivos. En consecuencia, impulsar los propósitos relacionados con el logro de una vida plenamente humana implica ofrecer a la mujer acceso a redes de apoyo material y asesoramiento especializado, que contribuyan a potenciar una vida digna.

Lo referido como parte de los derechos fundamentales exige involucrar a la mujer en el uso apropiado de los medios y mecanismos necesarios para empoderarla a través de la asignación de roles que aunado a dinamizar su funcionamiento, coadyuven en la tarea compleja de elevar la productividad, hacer uso de la libertad para elegir, manifestar voluntad y definir los parámetros de desempeño individual cónsonos con los requerimientos personales. Es así, que garantizar la actuación de la mujer sin restricciones, exige enriquecer el andamiaje de posibilidades de realización, que definan el trazado de diferencias cualitativas en función de motivar la sensación de disfrute, satisfacción y plenitud.

En palabras de Lafarga (2016), la dignificación de la existencia del ser humano no solo corresponde a un propósito generalizado de los programas de inclusión, sino además, el eslabón a través del cual es posible construir ciudadanos conscientes de su propio proyecto de vida personal, de la construcción de respuestas coherentes con sus intereses y preferencias, hasta configurar los medios para superar la desigualdad; esto sugiere la concreción del crecimiento saludable, del acceso a recursos y mecanismos que enriquezcan la interacción competente con el mundo.

Esto significa desde el punto de vista institucional el despliegue de acciones que redunden en mejoras significativas tanto en el hacer como en el ser, permitiendo así la emergencia de posibilidades tanto de existencia como de bienestar gratificantes para la vida de las mujeres. En otras palabras, se trata de promover el desarrollo humano justo y equitativamente sostenible, en el que la superación de las disfuncionalidades comience por la edificación de redes de cooperación, que sustentadas en el énfasis de la voluntad colectiva gire en torno a la búsqueda de la felicidad y el buen vivir, como imperativo categórico del que depende la trascendencia hacia esquemas de existencia libres de privaciones.

Desde la perspectiva de Nussbaum (2010), el desarrollo de la mujer en el marco de la justicia social tiene su asidero en la ampliación de las libertades personales, no solo para asumir el propio desempeño como sujeto consciente, sino de emprender actuaciones que redunden en la construcción de espacios en los que además de primar la autonomía también se operativice la participación en los asuntos políticos; permitiéndolo a la mujer mayores posibilidades de empoderamiento para ejercer sin condicionamientos su agencia y sus capacidades, así como liberar su potencial en pro de la consolidación de su bienestar.

Este entramado de requerimientos, posicionan al aparato institucional como el articulador de cambios efectivos, en cuyo hacer se estima con especial énfasis la creación de oportunidades que propicien condiciones de vida enmarcadas en la libertad y trato equitativo, como elementos sine qua non a través de los cuales asegurar el acceso a “posibilidades de elección en las esferas más relevantes de la sociedad” (Nussbaum, 1999, p. 257). Esto implica reposicionar la valía de la mujer hasta lograr que en la dimensión social su estatus logre asumirse como el imperativo categórico que insta al trato justo, equitativo y sustentado sobre el bien común.

En estos términos, emprender acciones desde la dignificación de la existencia que procura la justicia social inclusiva y de los derechos humanos, exige el viraje hacia la concreción de propósitos trascendentales que le ayuden a la mujer en la tarea de entrelazar sus libertades individuales, sus derechos políticos y sociales con las preferencias e intereses personales; con la finalidad de buscar alternativas de bienestar humano que no solo minimicen los efectos del sometimiento a la denominada discriminación histórica; sino que además, amplíen los horizontes que reivindiquen el rol protagónico que le corresponde a la mujer en la sociedad (Nussbaum, 1999).

El enfoque de las capacidades y la dignificación de la mujer

La dignificación de la mujer como sujeto de derecho comporta una serie de desafíos multidimensionales que procuran, entre otros aspectos, superar los esquemas socio-históricos y culturales que han condicionado su discriminación, exclusión y sometimiento a tratos injustos. De allí, que el enfoque de las capacidades emerja como una posibilidad para ampliar y diversificar las oportunidades para transformar la vida, mediante el acceso a posibilidades no solo educativas, sino de empleabilidad que le ayuden a convertirse en agente protagónico de la construcción de su propio futuro (Colmenarejo, 2016; Nussbaum, 1997).

Capacitar a la mujer es entonces, conducirla hacia la edificación de los cimientos de su plan de vida, aportándole los mecanismos para que explore su cualidades y preferencias vocacionales que redimensionen su actuación oportuna frente a los desafíos. Además, coadyuvar en la tarea de emprender nuevos horizontes que profundicen su independencia al dotarla de los medios necesarios para gestionar, desde el reconocimiento de su valía personal, las áreas y escenarios en los que pueda acceder para otorgarle mayor sostenibilidad a sus iniciativas.

Este énfasis en la formación de la mujer para la vida activa involucra hacerla coparticipe de la transformación de su propia realidad, asumiendo desde el sentido de corresponsabilidad la elección de modos de vida razonables, cuya trascendencia permita crear espacios para su desempeño integral. Esto implica potenciar su capacidad para enfrentar los desafíos de manera competitiva, abordándolos con una actitud de apertura y flexibilidad, y reconociendo en estas respuestas potenciales las soluciones a los problemas cotidianos

Según Nussbaum (2012a) y Sen (2000), las capacidades humanas como eslabones de cambios trascendentales en la existencia humana, supone la operativización de una serie de dimensiones asociadas con la consolidación de los siguientes cometidos: fortalecer el entorno político y social a través de prácticas conscientes que involucren al otro en igualdad de condiciones, impulsar esfuerzos comunes que conduzcan al emprendimiento liberador, al ejercicio de la creatividad como cualidad de la que depende el desarrollo de innovaciones, así como la disposición de la imaginación, el pensamiento divergente y el razonamiento crítico como operaciones cognitivas de las que depende el alcance de oportunidades enmarcada en la denominada justicia social inclusiva.

En este sentido, el enfoque de las capacidades garantiza la integración de la mujer en un desempeño efectivo que involucra las dimensiones colectiva, institucional y social, con el fin de redimensionar su vivir dignamente. Esto implica reforzar cualidades y virtudes que, de manera cualitativa, facilitan el intercambio de la mujer con su contexto inmediato y mediato, permitiéndole involucrarse de manera proactiva y generando una elevación de los beneficios. En consecuencia, Nussbaum (2010) señala que solo a través de la inclusión política de la mujer se logran establecer las conexiones necesarias para acceder a recursos y mecanismos que permitan alcanzar una vida plenamente humana

Por ende, movilizar las capacidades humanas de la mujer hacia la consolidación de su propio bienestar exige orientarla en la tarea de descubrir los mecanismos ideales para afrontar los problemas, para determinar soluciones y precisar alternativas novedosas; en las que el énfasis sea impulsar el desenvolvimiento pleno que por estar fundado en el afloramiento de ventajas especiales, diversifiquen las oportunidades para alcanzar los ideales de la dignificación humana, entre los que se precisa: edificación de posibilidades reales asociadas con el ser, hacer, actuar y decidir; asumir con autonomía el proyecto de vida personal así como la apropiación de los medios necesarios para impulsar su desarrollo humano sostenible y, definir objetivos políticos y sociales que tengan como meta elevar el funcionamiento humano.

En otras palabras, el enfoque de las capacidades debe entenderse como un proceso dinamizador de las cualidades humanas, que procura conducir a la mujer hacia el descubrimiento de los medios necesarios para superar el umbral de su potencial, despertando en este actor social el deseo motivador de cambios; que invita al despliegue de la voluntad personal y sostenida que, aunado a fortalecer las capacidades existentes ayudan a la maximización de la calidad de vida.

La construcción de políticas públicas potenciadoras del desarrollo humano de la mujer

Generar las condiciones necesarias para lograr la inclusión social efectiva de la mujer en los asuntos públicos constituye uno de los desafíos complejos a los que se enfrentan los procesos políticos a nivel global; entre otras razones, por la necesidad de atender la supra-complejidad de requerimientos que este sujeto social amerita para alcanzar su realización plena y justa (Martínez, 2009). En tal sentido, insertar a la mujer en experiencias fructíferas que redunden en su bienestar inicia con elevar las posibilidades de existencia, hasta lograr que su independencia y autonomía alcancen su concreción en todos los contextos.

Desde la perspectiva de Nussbaum (1999), la construcción de políticas públicas con enfoque de género debe considerar el acuerdo sinérgico entre el aparato institucional y la sociedad, en un intento por reducir las condiciones adversas a su desarrollo humano integral entre las que se precisa “la violencia contra las mujeres, el hambre de las mujeres, la educación injusta de las mujeres” (p. 199).

Esto significa impulsar acciones políticas que redunden en el ejercicio y goce de sus derechos humanos y libertades individuales, hasta minimizar los efectos de la exclusión histórica y la desigualdad sistemática como factores de riesgo, cuyas repercusiones le han reducido, imposibilitando su actuación oportuna y protagónica en los procesos inherentes a su calidad de vida (Nussbaum y Sen, 1998). De allí, que la construcción de políticas públicas en materia de género suponga entre otros aspectos la búsqueda del desarrollo humano integral de la mujer, en el que el énfasis se encuentre en la potenciación de sus competencias y actitudes para actuar, decidir y asumir con responsabilidad la superación de los lastres socio-históricos y culturales que han condicionado su crecimiento.

En estos términos, las políticas públicas se conciben como mecanismos que no solo operativizan los esquemas de inclusión para insertar a la mujer en una vida digna, sino también como respuestas específicas y contextualizadas, cuya capacidad transformadora permita alcanzar con eficacia la vida buena; en la que se reivindique la dignidad humana, la integridad moral y el desempeño coherente con las particularidades propias de un mundo en cambio recurrente (Lafarga, 2016).

Se trata, entonces, de promover desde la actuación institucional la ampliación de oportunidades que favorezcan un crecimiento multidimensional continuo. Este proceso comienza con la construcción de un nuevo ciudadano, cuya conciencia crítica lo impulse a asumir, desde su valía personal, la tarea de enfrentar los desafíos propios de una participación proactiva. No basta solo con exigir ser escuchada, sino también con generar aportes que, convertidos en acciones, contribuyan a la elevación de los índices de longevidad. Estos, enmarcados en los principios de la justicia social inclusiva, propiciarán condiciones para un trato equitativo (Nussbaum, 2012a).

Lo referido involucra el acceso a mecanismos que operativicen oportunidades reales, situadas y contextualizadas, cuyas implicaciones redunden en el mejoramiento sistemático y sostenible de la sensación de bienestar integral; es decir, que redimensionen las condiciones de estabilidad plena en la que el crecimiento constante posibiliten la creación de expectativas no solo alcanzables sino definitorias de un futuro prometedor en el que alcanzar la libertad sin cuestionamientos coadyuve a materializar metas trascendentales.

Orientar acciones que materialicen la calidad de vida en la mujer, exige de los programas de gobierno la promoción de esquemas de seguridad social que comporten, entre otros aspectos, la satisfacción de requerimientos vinculados con la salud preventiva e integral, que aunado a elevar las posibilidades de longevidad también faciliten el adecuado funcionamiento. Esto significa, orquestar esfuerzos desde diversas direcciones hasta configurar capacidades relacionadas, en las que el operar de la mujer sobre su propia realidad le permita afiliarse a iniciativas de manera competente.

En tal sentido, la construcción de políticas públicas en materia de atención integral a la mujer debe comenzar con la definición de metas, propósitos e iniciativas que favorezcan la determinación del denominado proyecto de vida personal que le ayuden a robustecer sus intenciones de empoderamiento; el cual debe contener como aristas fundamentales el acceso a procesos educativos que potencien la dimensión cognitiva, su competencia crítica para decidir sobre su propio futuro, definir cursos de acción y actuación tanto estratégicos como sostenibles que reivindiquen su calidad de vida (Morales, 2023a; Sen, 1997).

En razón de lo expuesto, la participación de la mujer en los asuntos políticos propios de su contexto también se entiende como un modo estratégico de reivindicar el derecho a la inclusión en el marco de la justicia social, en el que dejar que su voz sea escuchada y disponerse a escuchar los requerimientos asociados con las responsabilidades que permean su rol como sujeto de derecho, se consideran requisitos sine qua non para consolidar afiliaciones en los múltiples contextos en los que puede desempeñar una vida activa y protagónica.

En palabras de Nussbaum (2010), la inserción de la mujer en los procesos públicos no solo constituye una invitación a la superación de las barreras sociales, culturales e históricas, sino también, la disposición tanto social como institucional para admitir que su condición de sujeto de derecho le hace portadora de las garantías, así como de los dispositivos normativos que procuran entre otros aspectos la protección de su integridad física, el resguardo de su dignidad humana así como el goce y disfrute de un ambiente pacífico.

Esto sugiere construir ambientes democratizadores de la existencia, en los que el proceder común se encuentre entretejido por el respeto reciproco, el reconocimiento de la valía personal y la tolerancia crítica; como elementos que conjugados de manera sinérgica posibiliten la actuación en el marco de la libertad positiva, en la que no solo exista la conciencia plena sobre el vivir bien sino sobre la corresponsabilidad en la tarea de unificar esfuerzos solidarios que reiteren la lucha por la igualdad, la justicia y el bien común (Rodríguez, 2009).

Entonces, es a través de actuaciones institucionales tanto estratégicas como sinérgicas que es posible conducir a la mujer hacia el descubrimiento de su potencial para aumentar no solo su estatus, sino tambieén para fortalecer su capacidad operativa, para actuar con eficacia en el ejercicio de roles fértiles (Sen, 2020); esto refiere a la escalada permanente y sistemática a nuevos esquemas de actuación, en los que el propósito no sea más que la definición coherente de su autonomía y libertad, como requerimientos que conjugados dan espacio a la emergencia de la realización plena.

Construir políticas públicas tranversalizadas por estos cometidos implica promover el respeto y el reconocimiento de la mujer hacia sí misma, pero además, motivar la estimación social que garanticen su reconocimiento como sujeto de derecho, cuyas competencias redunden en el goce de condiciones de igualdad en cualquier contexto, en cualquier actividad y desafío social; logrando de este modo dos propósitos tangenciales para la existencia humana digna y plena, por un lado el ejercicio de acciones conscientes que coadyuven con la superación de las vulnerabilidades y, por el otro, alcanzar niveles de seguridad, estabilidad y equilibrio que redunden en la concreción de su independencia.

En estos términos, es posible afirmar que la reivindicación de la existencia de la mujer dentro de los parámetros de la justicia social inclusiva implica instarla a asumir el rol de motorizar sus facultades y capacidades personales, como el medio para crear horizontes de dignificación humana permanente (Nussbaum, 1999); este proceder supone ubicar a la mujer en el ejercicio pleno de sus derechos logrando así que desde su propia posición protagónica enfrente con responsabilidad a las exigencias propias de un contexto permeado por la discriminación y la exclusión; frente al que es posible actuar desde el compromiso que coadyuva en la tarea de superar las barreras hasta alcanzar posiciones que garanticen el resguardo sostenido de la integridad moral, emocional, física y social (Sen, 1981).

Es así, que la conquista de posibilidades para el alcance de una vida enmarcada en los cánones de la calidad de vida y el bienestar integral, exige de la sociedad así como del aparato institucional, la disposición para edificar el proyecto de vida común, en el que los valores universales y la operativización de los derechos humanos se erijan como ejes a través de los cuales hilvanar condiciones de relacionamiento que hagan de la vida política y social una oportunidad para enfrentar la desigualdad histórica, las condiciones adversas y los lastres que han estrechado el horizontes hacia una existencia tanto plena como viable.

Visto lo anterior, en palabras de Pizarro y Méndez (2006), supone la construcción de condiciones reivindicativas de la seguridad y la confianza, como requerimientos para lograr que la mujer desarrolle la sensación de valía personal que le asista en el proceso de hilvanar oportunidades reales que maximicen su calidad de vida y el desempeño equilibrado de su ser y hacer.

Esto en palabras de Lafarga (2016), la unificación de esfuerzos institucionales debe centrarse en las siguientes aristas de la supra-complejidad humana: ampliar los esquemas de participación a través de mecanismos normativos que sustenten la inserción participativa y protagónica de la mujer en el contexto social y político; maximizar los canales de acceso, goce y disfrute de recursos para impulsar su crecimiento multidimensional y, finalmente, motivar la creación de redes de apoyo social e institucional que conduzcan a la operativización efectiva de soluciones a los requerimientos de la mujer.

DISCUSIÓN

El enfoque de las capacidades como un proceso reforzador del potencial humano constituye una alternativa esperanzadora que procura conducir la existencia hacia la maximización del desempeño personal, que le permita al individuo no solo fortalecer su disposición para enfrentar los desafíos propios de su contexto, sino también, mejorar las condiciones inherentes a su hacer competitivo; el cual entraña como intencionalidad la consolidación de logros trascendentales que reivindiquen tanto el bienestar integral como la calidad de vida (Sen, 1999).

En estos términos, el énfasis en la construcción de mejoras sustanciales en las dimensiones, hacer, pensar y decidir, posicionan al enfoque de las capacidades como el procesos transformador integral, holístico y sostenible, que pretende ampliar en la mujer el proceder flexible frente a los requerimientos de un mundo en cambio recurrente; cuyo dinamismo no es más que una invitación al afloramiento de las más elevadas virtudes y cualidades personales de las que depende su realización.

Visto de este modo, la potenciación de la dimensión cognitiva en la mujer persigue como intencionalidad consolidar su capacidad para asumir los desafíos emergentes con disposición proactiva; lo cual debe entenderse como el resultado de la operativización del reflexionar crítico permanente sobre sus propias condiciones, es decir, sobre su estatus presente y sobre el que debería gozar como sujeto de derecho, a quien le asisten una serie de garantías que sugieren el vivir bien como una alternativa sine qua non de la que se desprende su desarrollo humano pleno (Griffin, 2001; Sen, 2006).

Dignificar la existencia de la mujer precisa en el enfoque de las capacidades, la fuerza revitalizadora de cambios medulares en los estilos de vida, los cuales comienzan por la consideración del respeto propio, por el reconocimiento de su valía personal y la recuperación de sentido crítico; como elementos que conjugados sinérgicamente no solo representan posibilidades para empoderar a la mujer, sino como requisitos indispensables para impulsar su posicionamiento social, su inserción en los esquemas productivos y los procesos políticos, como dimensiones para consolidar la trascendencia hacia el vivir operativo y funcional.

Desde esta perspectiva, aprender a vivir a través del descubrimiento del potencial propio se entiende como una manera de insertarse en la multiplicidad de funciones y roles existentes en la dimensión social y colectiva (Morales, 2021); en la que actuar competitivamente no solo sugiere disponer facultades adaptativas, sino también, desplegar actitudes asociadas con la objeción permanente, con la revisión de las condiciones actuales y la determinación de sus aporte reales al rompimiento de los esquemas de dominación que procuran reproducir sistemáticamente la sumisión destructiva tanto de la voluntad propia como de la libertad personal.

En consecuencia, el enfoque de las capacidades como proceso liberador con profundas implicaciones en las dimensiones cognitiva, moral, ética, política y social suponen la búsqueda del trato equitativo, paritario y justo en el que la mujer concibiéndose como sujeto de derecho, asuma el rol activo e hilvanar de las condiciones necesarias para llevar adelante las metas de las que depende entre otros aspectos la construcción de un proyecto de vida personal cónsono con las exigencias de un contexto cada vez más demandante (Nussbaum, 2012a).

Es así, que la lucha enfática por el goce de la autodeterminación de la mujer y disfrute de las bondades inherentes a las libertades personales, comportan eslabones de procesos transformadores que procuran atender la pluridiversidad de la mujer y la complejidad de sus requerimientos particulares, como punto de partida para redimensionar su estatus social. Esto en sentido estricto no es más que una respuesta a las demandas institucionales que entrañan entre otros aspectos la ampliación de las oportunidades para gozar de experiencias de alfabetización permanente, acceder a procesos de atención vocacional que redunden en la definición de actitudes y aptitudes, así como a la configuración de los medios necesarios para elegir racionalmente modos de vida sostenibles.

Alfabetizar a la mujer como parte de los cometidos propios del enfoque de las capacidades, sugiere acercarla al manejo significativo y efectivo de datos informativos de diversa índole, que procesos desde el sentido crítico amplía el tránsito hacia prácticas personales y colectivas que redunden en la gestión de problemas propios de su contexto. Esto se precisa como una exigencia de las agendas globales que procuran empoderar a la mujer, insertándola en el compromiso de utilizar coherente y pertinentemente el conocimiento, precisando respuestas estratégicas que impulsen una visión más optimista del mundo, de su realidad (Villarroel, 2019).

Este acceso a la información y a los grandes cúmulos de contenidos que ofrecen los diversos medios, constituye una salida estratégica en función de diversificar las oportunidades que, como parte de las libertades individuales procuran impulsar a la mujer hacia la determinación que le posibilite la conexión con un mundo que requiere cada vez con mayor énfasis la superación de la brecha de desigualdad que históricamente ha excluido a este actor social (Morales, 2022; Nussbaum, 2010; Sen, 2011). En tal sentido, ampliar el esquema de actuación de la mujer sugiere la unificación sinérgica de esfuerzos institucionales y sociales que permitan redimensionar el funcionamiento humano a través de la transformación de las condiciones políticas así como materiales.

Implícitamente, esto deja por sentado el compromiso institucional con el resguardo de la integridad moral y la dignidad humana a través de la inserción de la mujer en la vida pública, es decir, en los asuntos en los que desempeñar funciones valiosas le proporcionen las cualidades para afiliarse a objetivos ambiciosos de los que depende significativamente la construcción de ciudadanas cuyas capacidades le asistan en la tarea de gestionar las necesidades personales, así como llevar a cumplimiento el alcance de los intereses asociados con el proyecto de vida propio.

Visto lo anterior, garantizar el bienestar de la mujer a través de su empoderamiento implica entre otros aspectos la supresión del pensamiento esclavizante (Nussbaum, 2012a), que ha condicionado el desempeño y la actuación plena, en la que sus efectos inmediatos se precisan la dificultad para afiliarse a la libertad personal que aunado a favorecer el acceso a oportunidades y recursos, también propician el darle continuidad a la organización de una sociedad sustentada en la equidad sostenible. Este nivel de sensibilidad colectiva representa un modo de dignificar a la mujer al permitirle que su participación en los asuntos no solo personales, sino en los que vinculados con la asociación le ayude a edificar una vida digna.

Esto implica para los procesos de intervención en materia de inclusión social efectiva de la mujer, propiciar que la dignificación como ideal universal se materialice en un ascenso permanente aportándole a este agente social las oportunidades de crecimiento necesarias para llevar una vida placentera. En otras palabras, se trata de asegurarle a la mujer que los derechos igualitarios le asistan hasta consolidar posibilidades de realización que aseguren el ascenso de su estatus, el cumplimiento de su proyecto de vida personal y el goce de los recursos necesarios para construir un futuro prometedor.

De acuerdo a lo anterior, la vida digna que le redunde en la superación de la discriminación y la exclusión destructiva de la integridad moral de la mujer, exige impulsar acciones que consideren las capacidades para atender, desde una mirada holística e integral, los requerimientos sobre los cuales cimentar una existencia libre de privaciones inmediatas, mediatas y futuras; coadyuvando de este modo al desarrollo humano sostenible, en el que no solo se logre potenciar las competencias y destrezas existentes, sino además, propiciar el afloramiento de nuevas habilidades que le impulsen hacia una vida humana plena (Nussbaum, 2012b).

Este cúmulo de fines, deja por sentada la necesidad de redimensionar el funcionamiento de la mujer en las múltiples dimensiones de la vida social, proceso que tiene su asidero en la fusión de esfuerzos entre el aparato institucional y la sociedad, como una manera de patrocinar como parte de los programas e inclusión el posicionamiento sin restricciones; es decir, en el que se conjuguen una serie de libertades asociadas con: la manifestación de voluntad propia, de decisión autónoma y sin condicionamientos, la libertad para asociarse, unirse desde el esfuerzo colectivo en la construcción de iniciativas viables que mejoren su condición no solo presente sino futura (Sen, 2000).

Es así, que la dignificación de la mujer como cometido de las políticas públicas en materia de género implica la implementación de principios jurídicos globales, que conduzcan hacia la apropiación de derechos y garantías asociadas con la igualdad en lo referente al acceso a los programas educativos y de salud integral, el goce de una vida libre de violencia, de maltratos y vejaciones, y además, la posibilidad de alcanzar una existencia consciente, en la que el objetivo medular sea maximizar el funcionamiento requerido para vivir en sociedad (Ferrajoli, 2016).

En otras palabras, se trata de insertar a la mujer en la corresponsabilidad de hilvanar esfuerzos comunes que adheridos a los cometidos de los programas de inclusión en materia de empoderamiento y alcance de la autonomía plena, le aseguren las condiciones para aprovechar las oportunidades con éxito; asegurando de este modo que sus capacidades individuales le asistan en el afrontamiento de los problemas, así como de los desafíos globales emergentes de los que depende el alcance de la autorrealización (Nussbaum, 2006; Sen, 1985).

Esto implica transitar hacia la apropiación de la justicia social inclusiva, a través del aprovechamiento de los mecanismos educativos liberadores, los cuales aunado a redimensionar su capacidad para actuar en la vida pública, económica y productiva, también conducen hacia la reorientación y ajuste de cometidos asociados con el bienestar integral y la calidad de vida. Esto supone potenciar la afiliación de la mujer a iniciativas de crecimiento multidimensional para lograr que la asignación de recursos y el acceso a mecanismos de acompañamiento le posicionen en un nuevo estatus social digno y justo

CONCLUSIONES

Dignificar la existencia de la mujer como uno de los desafíos más complejos a los que se enfrentan las agendas globales en materia de atención inclusiva y reivindicación de la vida humana, comportan posibilidades reales en razón de alcanzar la mayor suma de felicidad para este actor social. Esto involucra no solo orientar a la mujer hacia la precisión de los mecanismos para alcanzar una vida plena, autónoma e independiente, sino también conducirla a descubrir con fundamento en sus intereses y preferencias cómo hilvanar su proyecto de vida personal.

En tal sentido, lograr la inserción de la mujer en los esquemas de bienestar y calidad de vida, exigen del aparato institucional y de la sociedad en general la adopción de actitudes integradoras y sinérgicas, capaces de orquestar soluciones tanto oportunas como contextualizadas que ayuden en la tarea de ejercer competitivamente funciones y roles de manera virtuosa dentro de la vida colectiva. Esto como parte de los objetivos de la justicia social inclusiva no son más que la respuesta esperanzadora a los requerimientos particulares de la mujer, entre los que se precisa principalmente: su actuación dentro de los contextos político y social en igualdad de condiciones.

Para ello, es indispensable potenciar en la mujer la disposición adaptativa para enfrentar tanto los cambios como las transformaciones en su entorno inmediato, y en los cuales puede participar con una actitud proactiva para cuestionar los lastres socio-históricos y culturales que han limitado su actuación efectiva como sujeto de derecho; a quien le asisten una serie de garantías y dispositivos que aunado a procurar la elevación del su estatus y el reconocimiento a su dignificación permanente, también delinean su autodeterminación, el ejercicio de sus libertades básicas y los mecanismos necesarios para alcanzar una vida plena.

Es así, que empoderar a la mujer como una alternativa para su dignificación sugiere insertarla en procesos de formación y educación permanente, que no solo redunden en el desarrollo de la conciencia crítica, sino del espíritu emprender, innovador e inventivo que aunado a impulsar su liberta plena, también haga viable el acceso a nuevas oportunidades asociadas con la ocupación de espacios dentro del escenario social. Visto de este modo, la búsqueda de la libertad plena de la mujer como agente social transformador inicia con la alfabetización sobre el uso de datos, de información y contenidos que le aporten no solo a la ampliación de su propia visión del mundo, sino al ejercicio de su ciudadanía consciente.

Entonces, emprender los desafíos inherentes a la inclusión de la mujer en los múltiples espacios de la vida colectiva, se precisa como un modo de reivindicar su desempeño, su capacidad de agencia y la manifestación de su potencial, como elementos que puestos en relación operativa comportan los medios para revitalizar su libertad para decidir sobre su destino, sobre los asuntos personales y las metas que mayor aporte pueden hacer a su proyecto de vida individual. Esto implica reconocer su diversidad y respetar su pluralidad, como aspectos consustanciales con el empoderamiento de ciudadanas capaces de autopercibirse dignas y competentes para afiliarse a la convicción de igualdad que le asiste.

En otras palabras, construir espacios para el ejercicio de la voluntad y la actuación protagónica de la mujer inicia con el despertar de la conciencia ciudadana, en la que se superponga la protección de la dignidad por encima de cualquier condicionamiento social y cultural; lo cual supone elevar las virtudes morales de la sociedad que sensibilice a cada miembro en torno al vivir bien, en armonía y con un compromiso hacia un trato paritario y digno que reivindique el bienestar común de todos: el resguardo de las libertades individuales y los derechos fundamentales como parte del patrimonio común de la humanidad.

Asumir estos cometidos como ejes tangenciales para la construcción de políticas públicas en materia de inclusión social efectiva de la mujer, entrañan salidas esperanzadoras en razón de las cuales desdibujar las asimetrías, las brechas de desigualdad y condiciones excluyentes que por transmitirse de generación en generación han reducido el afloramiento del potencial de la mujer para participar de la estructura social, económica y política. Esto implica ampliar las oportunidades para acceder a los recursos que impulsen la consolidación de objetivos diversos y ambiciosos que la posicionen en el plano de la igualdad, de la equidad y la justicia.

Este accionar institucional debe entenderse como una posibilidad sine qua non para edificar los cimientos de una existencia sostenible que ayude a la mujer en la tarea de vivir en condiciones esperanzadoras, saludables y en cuya búsqueda personal se estime el crecimiento permanente; es decir, la superación de las incongruencias sociales a través de la apropiación de mecanismos políticos y jurídicos que empoderen a la mujer para enfrentar la desafiante realidad desde el compromiso consciente de procurar su desarrollo humano.

En síntesis, dignificar la existencia de le mujer en el marco de la justicia social inclusiva exige del aparato institucional y de los procesos de reivindicación de su desempeño como sujeto de derecho, en quien no solo potenciar sus cualidades individuales sino la elevación de las condiciones de longevidad operativamente funcionales y dignas; las cuales tienen su sustento en la participación en los esquemas de crecimiento económico, en el acceso a las actividades productivas, en la construcción de políticas públicas transversalizadas tanto por la conciencia crítica que aunado a redimensionar el disfrute del bienestar integral, redunden en el goce de oportunidades asociadas con la consolidación del ser, del hacer y el coexistir.

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[1] Politólogo y Doctor en Antropología, Universidad de Los Andes, Mérida-Venezuela, lectoescrituraula@gmail.com, ORCID https://orcid.org/0000-0002-8379-2482