Parlamentos versus tribunales: acerca de la voluntad de la mayoría y de los derechos fundamentales en el proyecto de ley sobre la unión civil

Abstract

La existencia de cuestiones controvertidas no es novedosa en el derecho, menos aún en el derecho constitucional. En efecto, aspectos como el aborto, la eutanasia o el matrimonio entre personas del mismo sexo siempre han generado los más álgidos debates en cualquier sociedad que pueda ser calificada de democrática. Y la prueba de ello no solo se traduce en los argumentos -las más de las veces, opuestos presentados en el debate, sino que también se advierte en la manera en cómo han sido resueltas estas disputas. Por ejemplo, en algunas oportunidades estas cuestiones han sido resueltas por los Parlamentos -por ejemplo, a través de la aprobación de un proyecto de ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo-o, en otras oportunidades, han sido los tribunales los que han intermediado en la disputa -como cuando una Corte Constitucional declara que la unión de hecho solo entre parejas heterosexuales es inconstitucional por ser lesiva del principio de igualdad a fin de brindar una solución, se entiende definitiva, al aspecto controvertido.

La postura según la cual la legitimidad de las decisiones debe reposar en los parlamentos ha sido denominada como "constitucionalismo político", y ha sido defendida fervorosamente por numerosos autores. Se trata, en buena cuenta, de aquellos que cuestionan la participación del poder judicial en la resolución de debates que se pronuncian sobre aspectos esencialmente controvertidos.

El constitucionalismo político postula que las cuestiones controvertidas deben ser resueltas por los parlamentos. Entre estos asuntos, evidentemente, también se encuentran involucrados los derechos fundamentales. Sin embargo, frente a la postura que refleja el constitucionalismo, un amplio sector de la doctrina ha indicado que los derechos fundamentales pertenecen a una suerte de "esfera de lo indecidible", por lo que su ámbito en el que debe regir su tutelaje podrían ser los tribunales de justicia.